Un día llamé desde La Nación al subsecretario de Interior del gobierno de Lagos, Jorge Correa Sutil. Le consulté un antecedente sobre el criminal jefe de la secta Colonia Dignidad, Paul Schäfer. El ex nazi seguía fugado, escondido de la justicia. Preparaba un artículo. Por esos días se rastreaban movimientos bancarios del alemán. Su respuesta […]
Un día llamé desde La Nación al subsecretario de Interior del gobierno de Lagos, Jorge Correa Sutil. Le consulté un antecedente sobre el criminal jefe de la secta Colonia Dignidad, Paul Schäfer. El ex nazi seguía fugado, escondido de la justicia. Preparaba un artículo. Por esos días se rastreaban movimientos bancarios del alemán. Su respuesta me dejó helado, a pesar de que creo era verano. «Hasta cuándo vas a joder con Schäfer y la Colonia Dignidad».
Me repuse. Se me subió la bronca a la cabeza. Pero me contuve y evité decirle lo que se merecía. Recuerdo que le respondí: no jodo a nadie, soy un profesional y hago mi trabajo. Sobre todo por las víctimas de la dictadura y sus familiares. Me cortó el teléfono. Comenté el episodio con mis colegas que me apoyaron. Pero el artículo lo escribí igual. Un periodista jamás debe temer a los censuradores. Pensé que podía pedir mi expulsión del diario. No ocurrió. Pero aprendí a conocer a don Jorge Correa.
Me pregunté ¿qué tendrá este señor con la Colonia? ¿Tendrá amigos? ¿Será uno de sus protectores? ¿Y si así fuera, a cambio de qué? Eran preguntas obvias que un periodista debía hacerse ante tal reacción de una autoridad. Que más encima estaba a cargo de los asuntos del Tío Permanente y su feudo en el gobierno de Ricardo Lagos. Pero seguí investigando los crímenes de los alemanes del río Perquilauquén. Y publicando artículos y reportajes.
Don Jorge prohibía a los abogados de ese programa pedir procesamientos en contra de militares que habían participado en el exterminio y torturas de opositores. Les prohibía que alegaran en los estrados de tribunales para oponerse a las libertades provisionales de los principales asesinos de la DINA y la CNI, que ya se encontraban procesados y como tales cumplían arresto por orden del juez a la espera de una sentencia. Lo mismo ocurría respecto de los criminales de Colonia Dignidad.
Tiempo después, mi sorpresa fue mayor. Un día supe que el subsecretario Correa Sutil le tenía las manos amarradas al Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, respecto de su actuar contra militares que cometieron crímenes de lesa humanidad. Y especialmente, cuando se trataba de las andanzas de Schäfer y sus boys-girls.
¿Cómo así?, pregunté a mis fuentes altamente creíbles. Don Jorge prohibía a los abogados de ese programa pedir procesamientos en contra de militares que habían participado en el exterminio y torturas de opositores. Les prohibía que alegaran en los estrados de tribunales para oponerse a las libertades provisionales de los principales asesinos de la DINA y la CNI, que ya se encontraban procesados y como tales cumplían arresto por orden del juez a la espera de una sentencia. Lo mismo ocurría respecto de los criminales de Colonia Dignidad.
En el fondo, don Jorge no quería «joder» a ningún violador de derechos humanos. Muchas veces, los abogados del programa que Correa controlaba con puño de hierro, debieron actuar en tribunales en la «clandestinidad» para exigir justicia.
Pero, siempre me quedó dando vuelta ¿por qué este señor cuida tanto a los delincuentes de Colonia Dignidad?
Entonces, un día aparecieron 36 mil fichas ocultas en un búnker de los tíos benefactores. La Jefatura de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, la Jipol, se tomó varios meses y redactó un minucioso informe acerca del contenido de esas fichas. Supe que la parte más «peligrosa» de ese documento, es una lista de aquellos que conformaron (¿siguen conformándola?) la misteriosa red de protección que permitió por décadas a los alemanes del tío Paul seguir delinquiendo. «Si se llega a conocer esa lista es una bomba política», me dijo un integrante de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI. Políticos, jueces, parlamentarios, autoridades, empresarios, figuran en la nómina como «amigos íntimos» de los fabricantes de exquisiteces que venden en los supermercados Jumbo. «La lista es transversal políticamente», agregó mi informante de la ANI. Varios de ellos hacen negocios con los alemanes.
Un informe secuestrado
Y me sigo preguntando ¿por qué el juez Jorge Zepeda tiene ya por siete años bajo secreto ese informe de la Jipol sobre el contenido de esas fichas? Zepeda es el juez que tiene a su cargo los juicios contra Dignidad. Jamás quiso, hasta hoy, entregar copia a nadie del documento. Tampoco a los abogados. ¿Qué persigue Zepeda con su actuar? Su conducta no resiste análisis jurídico. Los documentos mantenidos bajo secreto o resguardo en el sistema procesal penal antiguo, lo son sólo mientras no pongan en peligro determinadas diligencias importantes que, si son relevantes, se supone que un juez las realizará de inmediato. ¿Cuáles serían esas diligencias que el juez Zepeda lleva siete años realizando, o sin realizar? ¿Por qué Zepeda nunca accedió a investigar las cuentas bancarias de Colonia Dignidad en el extranjero? ¿Quiénes son aquellos que protegieron las faltas, simples delitos y crímenes de Colonia Dignidad? ¿Dónde están hoy? O la red ¿es tan grande y transversal que siguen actuando como la Cosa Nostra?
Diputados de la Comisión de Derechos Humanos de esa Cámara como Hugo Gutiérrez, Tucapel Jiménez y Sergio Aguiló, manifestaron en su momento que exigirán a la Corte Suprema que obligue al juez Zepeda a entregar una copia del informe de las fichas a la Comisión que integran. Es de extrema importancia que ello ocurra.
Han pasado muchos años. Ahora don Jorge quiere salvar al ministro Harald Beyer, pieza importante del puzzle de la educación como bien de consumo, tal como dijo el multimillonario Sebastián Piñera.
*Nota de la Redacción: Este medio recibió una carta de réplica del ex subsecretario del Interior Jorge Correa Sutil.
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