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Los defensores participaron en 2015 en el boicot a un músico estadounidense por sus posiciones “prosionistas”

Un tribunal valenciano absuelve a ocho activistas solidarios con el pueblo palestino

Fuentes: Rebelión

Ocho activistas de la solidaridad con Palestina han sido absueltos por la Audiencia Provincial de Valencia en el procedimiento abierto tras la querella presentada por un “comité sionista que defiende el apartheid israelí” (calificación de la iniciativa solidaria Defensem els Drets Humans). De este modo, el auto con fecha 11 de enero estima los recursos de apelación interpuestos por los abogados de los activistas y a los que se adhirió la fiscalía.

La causa penal se inició en 2016 y los hechos valorados por los jueces se remontan a agosto de 2015, cuando el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) del País Valenciano promovió una campaña a través de los medios de comunicación y las redes sociales para impedir que el artista Matisyahu, al que calificaron como “prosionista” y “cómplice de las políticas genocidas del Estado de Israel”, participara en el festival internacional de música reggae Rototom Sunsplash, que anualmente se celebra en el municipio de Benicàssim (Castelló); la acción política pacífica no evitó que el músico estadounidense actuara finalmente en el festival.

Se da la circunstancia que en el verano de 2014 el BDS fue invitado al foro social del Rototom, a un debate titulado “Palestina: el fracaso de la comunidad internacional”, mientras el ejército israelí bombardeaba la franja de Gaza en la denominada operación Margen Protector (más de 2.200 palestinos muertos).

Los defensores de los derechos humanos procesados forman parte de diferentes movimientos sociales, incluidos el BDS del País Valenciano y Cataluña. Frente a las imputaciones de un delito de odio por motivos de ideología, religión o creencias -Artículo 510 del Código Penal- planteado por la acusación, el auto de sobreseimiento razona que los hechos “que se consideran supuestamente delictivos se reducen a la atribución al citado músico de un presunto posicionamiento respecto de la política del Gobierno de Israel, no por su condición de judío, religión o cualquier otra circunstancia”.

Asimismo los jueces de la Audiencia valenciana argumentan respecto a la campaña y los mensajes del BDS: “Carecen de la entidad que permita configurar tales actos como de promoción, incitación o fomento del odio hacia la persona del cantante, o sostener que se ha lesionado la dignidad del mismo”. En otro párrafo del auto, se hace referencia a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos (TEDH) con fecha 11 de junio de 2020 (causa Baldassi y otros contra Francia), que anuló la condena de la justicia francesa a 11 activistas que llamaron al boicot de productos importados de Israel, dentro de la iniciativa BDS; la razón es que la condena violaba la libertad de expresión de los internacionalistas.

Precisamente la nota informativa de la Campanya Defensem els Drets Humans, solidaria con los ocho absueltos por la Audiencia valenciana, valora que el archivo del caso da legitimidad al boicot como herramienta política y “hace fracasar la estrategia global sionista de deslegitimar el BDS”; la resolución judicial “ampara el boicot dentro del ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, subraya el comunicado.

En una rueda de prensa celebrada el pasado 19 de enero en la Plaça de Benimaclet (Valencia), se hizo balance de los más de cuatro años de “montaje” y la resolución judicial de archivo; “es una buena noticia, concluye así una burda difamación por parte de la propaganda sionista”, afirmó una de las exculpadas. “Denunciar la ocupación de Palestina por el Estado de Israel no es antisemitismo, como tampoco lo es el antisionismo”, añadió. “Con los muchos recursos de que dispone, este lobby ha tratado de disuadir, dar una lección y amordazar al BDS”. Aseguró también que han soportado calumnias, amenazas, editoriales en la prensa estatal y artículos con sus nombres y apellidos: “Han intentado agotarnos, sin embargo continuamos adelante –con otros muchos compañeros- junto al pueblo palestino; las presiones nos han unido y reforzado”.

Los internacionalistas y su entorno han vivido años de inquietud y angustia, debido a una estrategia represiva que pretendía “desactivar y desmoralizar a los que luchan, sometiéndonos a una pena de banquillo”; han tenido que volcar energías, tiempos y esfuerzos para defenderse de las “mentiras” y las “criminalizaciones”, remata la defensora. Pero no han hecho la travesía solos. Uno de los puntos álgidos de la Campanya se produjo en enero de 2019, cuando los defensores –que afrontaban peticiones de cuatro años de prisión- fueron citados a declarar en los juzgados de Valencia; en aquel momento contaban con el apoyo de más de 1.750 personas y colectivos, entre otros la Associació Catalana de Jueus i Palestins JUNTS, la Red Internacional de Judíos Antisionistas (IJAN) en España, Jewish Voice for Peace o la asociación palestino-israelí Alternative Information Center (AIC).

Tal vez la “victoria” judicial pueda insertarse en un contexto global de persecución. En Alemania, el parlamento aprobó en mayo de 2019 una moción no vinculante que declaraba al BDS “antisemita” (Naciones Unidas criticó esta resolución del Bundestag); en agosto de 2020 un tribunal de Berlín condenó a una activista del BDS (a una multa de 450 euros) y absolvió a otros dos, que en 2017 protestaron en la Universidad Humboldt contra la  política y académica Aliza Lavie, “representante del apartheid israelí”. En abril de 2019 Estados Unidos denegó la entrada en el país del activista palestino y cofundador del BDS, Omar Barghouti; en noviembre de 2020, durante una visita a Jerusalén, el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, catalogó al BDS como “antisemita” y anunció la identificación de los grupos que apoyan a este movimiento para suspender su financiación.

Mientras, la situación en Palestina continúa siendo crítica, destacó la portavoz de Defensem els Drets Humans. Así, “negar las vacunas de la Covid-19 a la población palestina pone de manifiesto la discriminación institucionalizada de Israel”, denunció Amnistía Internacional el pasado 6 de enero. La ONG israelí Peace Now contabilizó en noviembre de 2020, desde inicios del año, la cifra récord de 12.159 viviendas aprobadas por Israel en los planes de asentamiento en Cisjordania. La asociación Addameer cifra en 4.400 el número de presos políticos palestinos en cárceles israelíes (diciembre 2020); Defense for Children International Palestine (DCIP) informa de que entre 500 y 700 niños palestinos son detenidos y procesados cada año en tribunales militares de Israel. El centro de información B’Tselem detalla que las fuerzas de seguridad israelíes mataron a 27 palestinos durante 2020, de los que siete eran menores (además Israel destruyó 273 casas palestinas y 456 infraestructuras hídricas o eléctricas).  

Un abogado del equipo jurídico de la Campanya resaltó la “ética y rigor jurídico” del auto, frente la “estrategia maliciosa” de los acusadores: “Presentaban una documentación sin ninguna relevancia penal repetida una y mil veces, para dar una apariencia de gravedad a los hechos y aumentar el volumen del expediente inicial”. Recordó que el delito de odio fue pensado para las minorías étnicas, aunque “está intentando aplicarse a la disidencia política sin ningún tipo de filtro, y éste es un ejemplo… Se ha puesto fin a cinco años de instrumentalización política del procedimiento penal”, concluyó el interviniente (los activistas también fueron acusados de los delitos de amenazas y coacciones).

También participó en el acto de Benimaclet un integrante del BDS-País Valenciano, quien destacó que la resolución judicial proporciona fuerzas para la lucha; así, entre otras campañas, denuncian que la multinacional vasca CAF -de construcciones y servicios ferroviarios- opera y se lucra con el apartheid israelí: “Lidera la ampliación y nuevas líneas y su gestión de tranvías entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias próximas junto a un socio israelí Shapir Engineering and Industry y su cliente de autobuses, Egged”, recordaron 18 organizaciones de derechos humanos el pasado 27 de octubre, en una carta remitida al ministro de Transportes español, José Luis Ábalos; pedían que CAF fuera excluida de los contratos públicos hasta que respete los derechos del pueblo palestino.

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