Pensando en los comicios presidenciales de diciembre y en el examen que Chile rendirá ante la ONU en mayo, más de 40 organizaciones de la sociedad civil presentaron al gobierno de Michelle Bachelet su actualizada «Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario». «Este año, el último de gobierno de Bachelet y el último antes de […]
Pensando en los comicios presidenciales de diciembre y en el examen que Chile rendirá ante la ONU en mayo, más de 40 organizaciones de la sociedad civil presentaron al gobierno de Michelle Bachelet su actualizada «Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario».
«Este año, el último de gobierno de Bachelet y el último antes de la celebración del Bicentenario del país, se abre una oportunidad para movernos desde la aspiración de avances en materia de derechos humanos hacia la exigibilidad de ellos», dijo a IPS Sergio Laurenti, director ejecutivo del capítulo chileno de la organización no gubernamental Amnistía Internacional.
El año 2010 es simbólico tanto para Chile como para otros países latinoamericanos que conmemoran 200 años de su independencia de España.
La Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario nació en 2006 como una propuesta de Amnistía a los candidatos de las últimas elecciones presidenciales. A la iniciativa pronto se sumaron 40 organizaciones de la sociedad civil del país, pasando de 47 propuestas originales a 60.
Si bien reconocen algunos avances, según Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano, el país aún tiene muchas deudas pendientes tanto en materia de verdad, justicia y reparación de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de 1973 a 1990, así como de profundización de la democracia.
Entre el 5 y el 15 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) tomará a Chile el llamado Examen Periódico Universal sobre el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en la materia, que se realiza cada cinco años.
Amnistía y otras agrupaciones de la sociedad civil ya han enviado sus informes. «El gobierno ha dado señales de preocupación» al respecto, aseguró en conferencia de prensa Acevedo, puesto que la cancillería ha cursado dos invitaciones a las organizaciones para tratar el tema.
Además, éstas pretenden insertar la Agenda en el debate político que tendrá lugar este año con motivo de las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre. De hecho, entregarán las propuestas a cada uno de los candidatos que ingresen a la carrera por el gobierno, adelantaron.
«La discusión parlamentaria durante estos últimos cuatro años ha sido excesivamente lenta y creemos que este año es cuando los ciudadanos debemos exigir que se acelere la tramitación de las leyes que están en la agenda democratizadora y de derechos humanos», remarcó Álvaro Ramis, presidente de la Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales, Acción.
La Agenda promueve los derechos humanos de las mujeres, los inmigrantes, los refugiados, los niños, niñas y adolescentes, los pueblos originarios y las personas privadas de libertad, además de materias como la discriminación, la democracia y la participación.
Entre los temas prioritarios para las organizaciones no gubernamentales figura la creación de una institucionalidad de derechos humanos y de un Defensor del Pueblo, la aprobación del Estatuto de Roma que dio vida a la Corte Penal Internacional (CPI) y la reforma de la justicia militar, por el impacto que ésta tiene actualmente en la violencia policial.
Tanto el proyecto de reforma constitucional que establece el Defensor de las Personas como el que adhiere a la CPI están dentro de las prioridades legislativas del gobierno para este año, así como otras importantes reformas políticas, dijo el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, a corresponsales extranjeros en un encuentro realizado el 16 de este mes.
La situación de los indígenas, en especial la del pueblo mapuche, es otra de las grandes preocupaciones de la sociedad civil, puesto que sus demandas insatisfechas por tierras y otros derechos han derivado en protestas violentas que han sido castigadas con severas leyes como la antiterrorista.
El jueves pasado, en la sureña región de La Araucanía donde vive parte importante del pueblo mapuche, se produjo uno de los atentados más graves de los últimos tiempos contra un predio forestal. Un grupo de seis encapuchados con armas de fuego incendiaron seis máquinas y una camioneta, estimándose pérdidas del orden de los 1.000 millones de pesos (1,6 millones de dólares).
El gobierno no descartó invocar la ley de seguridad interior del Estado o la cuestionada legislación antiterrorista ante este ataque.
Los encapuchados señalaron que el atentado era en memoria del joven mapuche Matías Catrileo, asesinado en enero de 2008 por un policía mientras participaba en la toma pacífica de un predio particular reivindicado por el grupo como propio.
«No me cabe duda que el gobierno y la presidenta tienen buenas intenciones respecto del avance en materia de derechos humanos», dijo el director ejecutivo de Amnistía Internacional, reconociendo que la actual administración «ha tenido muchos escollos».
Entre los logros de Bachelet, el activista destacó principalmente la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos Indígenas y Tribales, del Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
Asimismo, en las primeras semanas de este año electoral ya se han dado algunos pasos importantes.
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles en segundo trámite legislativo el proyecto de reforma constitucional que establece la inscripción electoral automática y el voto voluntario, lo cual la posibilidad de votar a 3,8 millones de personas que actualmente no están inscriptas en el Registro Electoral.
Ahora el gobierno debe enviar al parlamento otro proyecto para que se establezca el mecanismo con que se llevará a la práctica la reforma.
Sin embargo, Laurenti cree que «para la clase política el tema de los derechos humanos se ha transformado en una moneda de cambio, que se utiliza para negociar».
Además, considera que Chile tiene un «doble estándar» en este ámbito. «Tenemos una cara muy bien pulida hacia la comunidad internacional, ya que frecuentemente Chile es señalado como ejemplo» y un estándar de incumplimiento hacia adentro, afirmó. «Nosotros queremos que eso se iguale a través de esta Agenda», remarcó.
En este marco, Laurenti criticó la prioridad que el gobierno centroizquierdista de Bachelet le ha dado a la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que sería inaugurado en noviembre de este año a un costo de 17,6 millones de dólares.
«Es una iniciativa importante, pero no es urgente. Estamos dedicando energías, atención, fondos y personal de gobierno en ese proyecto, cuando hay tantos otros que tienen impacto directo en la gente (que siguen dormidos)», concluyó.