Como una enfermedad latente dispuesta a aflorar en cualquier momento se encuentra la crisis agraria del país. A pesar de la fuerte alarma encendida por el paro agrario y la minga indígena del año pasado, el panorama no parece cambiar. Los problemas estructurales del campo y el desarrollo rural están aún sin solución. El gobierno […]
Como una enfermedad latente dispuesta a aflorar en cualquier momento se encuentra la crisis agraria del país. A pesar de la fuerte alarma encendida por el paro agrario y la minga indígena del año pasado, el panorama no parece cambiar. Los problemas estructurales del campo y el desarrollo rural están aún sin solución. El gobierno firmó un pacto agrario con las élites agroindustriales y gremiales del campo, sin la participación de quienes se manifestaron. Y se abren nuevamente los caminos de la movilización popular, pero con un nuevo ingrediente: la unidad.
A mediados de marzo se celebró un gran encuentro: la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. Logrando recoger la diversidad de las comunidades de nuestros campos, distintas expresiones organizativas dieron un paso importante, una lección que dejó el paro: avanzar con una apuesta en común. La importancia de esta unidad radica en la necesidad histórica de democratizar la propiedad de la tierra y de la política agraria, y para ello la única ruta que hoy existe es la movilización popular.
A pesar del éxodo rural presenciado por oleadas en las últimas décadas, el agro sigue siendo pilar de nuestro país. Acorde con el Informe de Desarrollo Humano (2011) las tres cuartas partes de los municipios son rurales, donde viven 14.536.000 de personas, es decir aproximadamente el 32%, cifra superior a la que tenían presupuestadas las instituciones estatales, muestra el desconocimiento de las dinámicas rurales. De hecho, la implementación de las políticas agrarias no han contado con cifras certeras que den cuenta de la realidad (el segundo y último censo agropecuario fue realizado en 1970), contrariamente han estado orientadas hacia el fortalecimiento del modelo extractivista agudizando la crisis agraria.
El modelo de desarrollo extractivista colombiano está basado en la sobrexplotación de los recursos naturales, especialmente de minería, hidrocarburos y actividades agroexportadoras. Para el caso agrícola, ello ha implicado el establecimiento de cultivos duraderos agroexportadores caracterizados por grandes monocultivos (p.ej. palma aceitera y caña) y grandes inversiones en capital, además de la acumulación de recursos naturales, fundamentalmente la tierra, el agua y las semillas.
Es un modelo de despojo y desterritorialización, de precarización de las condiciones de vida de indígenas, afrodescendientes y campesinos, fundamentalmente por la pérdida de sus tierras y territorios, en un país caracterizado por la desigualdad en la tenencia de la tierra y la informalidad. Apenas el 3,6% de los propietarios tienen el 30% de la tierra y el 77% está en manos del 13% de los propietarios, y la informalidad en la titulación entre los pequeños productores supera el 40%, entre otros indicadores escandalosos
Desde esta perspectiva el pacto agrario no representa los sectores movilizados y las distintas mesas de negociación instauradas por el gobierno tras el paro agrario e indígena ni siquiera dan luces de la solución de los problemas estructurales del agro colombiano. De hecho, no todas las mesas de interlocución han llegado a buen puerto tras discusiones dilatadas, y el cumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos, resultado de algunas mesas, ha sido parcial e incipiente. A pesar de ello, y como una respuesta incongruente para superar la crisis del campo, el gobierno le dio continuidad al 4 por mil, cargando el bolsillo de los colombianos con la responsabilidad del Estado colombiano frente al abandono histórico que han sufrido las comunidades rurales, el cual requiere nuevas políticas construidas democráticamente.
Con esto quedan pendientes los problemas estructurales de agro. Cómo solucionarlos es la gran pregunta por resolver. Inquietud ante la cual toma un papel protagónico la cumbre agraria, étnica y popular, y si el gobierno no está en capacidad de reconocerlo el costo político puede ser muy alto. Aún más teniendo en cuenta que en días pasados, los voceros políticos de las organizaciones participantes de la cumbre radicaron con dificultades1 un pliego de peticiones unificado en búsqueda del diálogo con el gobierno, en el cual consigan sus conclusiones en materia de las exigencias de indígenas, campesinos, afrodescendientes, y pequeños productores.
Mandatos para el buen-vivir, la democracia y la paz es el nombre que le dieron al pliego de exigencias. Es la apuesta por la transformación de la precaria situación del campo y del país. La situación de exclusión política y antidemocrática ha llevado al movimiento agrario a presentar sus propuestas como exigencias. Comenzando por el tema de Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, y pasando por temas de importancia como la economía propia y el actual modelo de despojo, la política minero energética, los cultivos de coca, marihuana y amapola, los derechos políticos y sociales, la relación campo-ciudad, y culminando con exigencias frente al tema de la paz, justicia social y solución política.
De ello sobresalen dos aspectos centrales: la reforma agraria y el desmonte del latifundio; y el reconocimiento político de las comunidades organizadas, para ejercer el derecho a decidir sobre las políticas agrarias y sus territorios. De fondo, le están diciendo al gobierno cuáles son los retos para superar la crisis agraria: la democratización de la propiedad de la tierra y de las políticas de desarrollo rural. Las cartas están jugadas: el pliego unificado de la cumbre agraria, étnica y popular vs. el pacto agrario, de carácter excluyente impulsado por el gobierno, el cual no puede hacerse a oídos sordos. Mientras tanto, la colcha de retazos que parece el movimiento agrario se está tejiendo en unidad, cobijando procesos de cambio, cobijando la esperanza del buen-vivir, la democracia y la paz.
NOTAS:
1 «El pasado 31 de marzo de 2014 se radicó en Bogotá, el Pliego Unitario de Exigencias de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular (…) Aunque la vocería de la Cumbre Agraria quiso radicar el pliego directamente en Palacio de Gobierno, ante el presidente Juan Manuel Santos, ésta no fue bien recibida por la seguridad presidencial, por lo que se vio obligada a radicarlo en el DPS, escoltada por la policía quien, posteriormente y junto con el Ejercito Nacional, bloqueó el paso de los líderes y lideresas por la cra 7ma» En: Radicación del Pliego Unitario de Exigencias. Publicado en 2 abril, 2014. http://radiomacondo.fm/2014/04/02/radicacion-del-pliego-unitario-de-exigencias/
(*) Hernando Hernández Tapasco es Representante a la Cámara por la circunscripción indígena
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