La última propuesta sobre seguridad ciudadana del Ministerio de Interior es la puesta en marcha de una Brigada de Expulsiones de Delincuentes Extranjeros (BEDEX). El 25 de septiembre, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, presentaba la BEDEX, que entraría en funcionamiento en otoño, para la «persecución de delincuentes extranjeros reincidentes y especialmente violentos, […]
La última propuesta sobre seguridad ciudadana del Ministerio de Interior es la puesta en marcha de una Brigada de Expulsiones de Delincuentes Extranjeros (BEDEX).
El 25 de septiembre, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, presentaba la BEDEX, que entraría en funcionamiento en otoño, para la «persecución de delincuentes extranjeros reincidentes y especialmente violentos, ya sean terroristas, integrantes de bandas o implicados en delitos de violencia doméstica». Esta unidad, que dependerá de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF), se encargará también de las expulsiones de estos detenidos, denominadas por Camacho «repatriaciones cualificadas», para que éstas se realicen de forma prioritaria y con mayores garantías y facilidades para la policía. El objetivo de la Brigada será perseguir aquellos hechos que provocan «alarma social», es decir, los que son percibidos por la opinión pública como una merma de la seguridad. Pero esto no significa que estos hechos conlleven un aumento de la delincuencia real. En la misma presentación del nuevo cuerpo policial, Camacho subrayó que la delincuencia en el Estado español ha bajado en los últimos años. Un hecho que justifica aún menos la creación de esta nueva unidad dirigida específicamente a la población extranjera, resaltan varias asociaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes. SOS Racismo denuncia «un discurso que culpabiliza a las personas de otros orígenes, de problemas propios de nuestra sociedad cuyas causas y soluciones son complejas y ajenas al tema de la inmigración».
Y añade que «medidas como estas alimentan el racismo social y el rechazo a la población extranjera». Pese al tiempo transcurrido tras el anuncio, todavía no hay información pública sobre cuáles serán las líneas concretas de actuación de la nueva brigada, lo que genera inquietud entre los juristas especializados en inmigración consultados por DIAGONAL. Para el abogado andaluz Diego Boza: «La creación de esta brigada es sorprendente y carece de fundamentos: si la persona ha sido juzgada tiene que cumplir la pena. Las personas condenadas por un delito, si éste es grave -lo que entenderíamos por delincuencia mayor- aunque estén en situación irregular deben cumplir su pena y después se les tramitará la orden de expulsión. Eso no debería crear una situación de alarma social». Y explica: «No se expulsaría a un delincuente, porque esta persona ya habría cumplido su pena».
Delitos menores
Según Boza, «son los casos de delitos menores (hurtos, conducción sin carnet, etc.), los únicos casos de extranjeros delincuentes a los que se podría expulsar inmediatamente. Suelen ser casos de delincuencia menor, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, cuando el juez acepta la sustitución de pena de prisión o multa económica por la expulsión». El jurista se extraña: «En este caso parece demasiado collar para tan poco perro. No creo que eso justifique la creación de una brigada para solventar estos casos». Y concluye Boza: «Parece que es lo de siempre: intentar unir delincuente con inmigrante».
Otros letrados señalan además que ya existe la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones dependiente de la CGEF. Para el abogado madrileño Miguel Ángel Muga, «esto es un canto de sirena para dar una imagen. Ya existen los grupos operativos que suelen expulsar a los multirreincidentes, está recogido en el Código Penal y la Ley de Extranjería. Es reincidir en la relación de delincuencia e inmigra- ción». Muga resalta que «no se debería diferenciar la delincuencia organizada por su país, ¿sólo se aplicaría a ilegales y no a españoles y comunitarios?». Y remarca que «en los casos de violencia de género, expulsas a alguien que podría ser el sustento de los menores de esas parejas, que han sufrido esa violencia». Según Muga «debe aplicarse la lógica y los derechos humanos y garantizar los derechos de las víctimas. Y tratar igual a migrantes y españoles, tanto para lo bueno como lo malo. No es ninguna solución la expulsión, transmites a la sociedad que los delincuentes son extranjeros, que no se aplica ningún principio de igualdad para nacionales y extranjeros». Para el abogado madrileño, «el Gobierno lo utiliza para relacionar la delincuencia con la inmigración, como arma en la política de inmigración: para expulsar a personas que consideran no integradas porque cometen delitos. Y para dar salida a la presión en las cárceles por el número de presos».
Algunas asociaciones solidarias con los inmigrantes, como Ferrocarril Clandestino resaltan lo chocante que puede ser que el anuncio de Camacho se haya realizado diez días después de que, el 17 de septiembre, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), una de las organizaciones policiales mayoritarias, evidenciase el descontento de parte de los agentes con las instrucciones de detención y expulsión de personas indocumentadas. En un comunicado público, el sindicato afirma que «en la persecución de los delincuentes no hay distinción de raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social, como la de que sean ciudadanos españoles o extranjeros».
Añade el SUP que «un inmigrante sin papeles no es un delincuente y no debería de ser detenido, encerrado y expulsado como un animal», y remacha: «Rechazamos la política de persecución del inmigrante ilegal por inhumana, antidemocrática y contraria al respeto que merece cualquier ser humano».