Solo en los últimos dos años se han registrado 179 masacres: el 2021 terminó con 96 masacres y 225 ciudadanos indefensos asesinados por militares, paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado.
Cada cuatro días, en promedio, ocurre una masacre en Colombia y, en este cuadro de violencia política y social se va desarrollando la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del mayo, donde el favorito Gustavo Petro, líder de la alianza de centroizquierda Pacto Histórico, y Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, y ungido de la derecha y del grupo ultraderechista del expresidente Álvaro Uribe, son los principales candidatos.
Desde inicios del año Colombia atraviesa una extensa temporada electoral: primero fueron las elecciones legislativas en marzo, y ahora la ciudadanía se alista para las presidenciales que serán en mayo (y junio si fuera necesaria una segunda ronda), tiempo en que la situación humanitaria se ha deteriorado.
Endiosar, no. Demonizar, tampoco. La campaña electoral en curso, con logros como los alcanzados por el Pacto Histórico en la elección de congresistas, ha despertado gran euforia y convicción entre los partidarios de esta coalición política que riñe con el fanatismo, lo cual no es bueno.
Colombia está ante el reto de una coyuntura que puede abrir puertas para un cambio, que implica mucho más que votos, mucho más que virtudes en quien aparece como referente del mismo. Se deben empujar esas puertas para darle forma a una democracia mucho más allá de lo formal, señala el portal Desde abajo.
Añade que les corresponde esa inmensa tarea a quienes fungen como líderes, estimulando la autonomía de los más amplios sectores sociales, entregando todo lo necesario para que en todos los planos les den forma a procesos autogestionarios, de manera que no queden expectantes ante los brazos del gobierno y del Estado, que con seguridad comprimen y no liberan.
En las elecciones anteriores, hace cuatro años, los comicios fueron pacíficos, pero recién se había firmado el Acuerdo de Paz y la guerrilla había dejado los fusiles, desarmando a 13 mil guerrilleros, guerrilleras y milicianos entregando las armas a las Naciones Unidas. Pero, Iván Duque y su promesa de campaña de hacer trizas el Acuerdo de Paz llegaron al poder.
Solo en los últimos dos años se han registrado 179 masacres: el 2021 terminó con 96 masacres y 225 ciudadanos indefensos asesinados por militares, paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado. Son asesinatos selectivos que han cobrado la vida de 1,270 líderes sociales y 314 firmantes del Acuerdo de Paz.
Tan solo en lo que va de 2022 se suman 33 masacres que incluyen 122 víctimas. Son 38 los líderes sociales asesinados en lo que va de 2022 y 1.324 desde que en noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Las masacres obligan también a los desplazamientos forzados, realidad que se contradice con los éxitos anunciados por el gobierno del ultraderechista Ivan Duque. Más de 200 personas al día fueron víctimas de desplazamiento forzado en 2021, por un incremento de los ataques contra la población civil.
A la salida de cerca de 73.900 personas de sus territorios se le suma el confinamiento de 65.700, la mayoría indígenas y afrodescendientes. Por los desastres naturales, al menos medio millón de personas se han visto afectadas por 3.400 emergencias, revelan las cifras oficiales.
Acceso a la tierra, garantías para la reincorporación económica y política, sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito con apoyo de gobierno y verdad de todos los sectores responsables en el conflicto en las instancias de justicia transicional, son algunos de los compromisos incumplidos por el Estado tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC.
Es más, desde que el uribista Duque asumió el poder, los combates armados regresaron al campo colombiano en una disputa por controlar los territorios abandonados por Farc y sus economías ilegales.
“No se puede negar que a cinco años de la firma del acuerdo de paz permanece el sufrimiento de las comunidades campesinas, indígenas y afros a lo largo de todo el país. Así como la exclusión y la falta de oportunidades, especialmente para mujeres y hombres jóvenes, muchos de los cuales vienen exigiendo su incorporación política, económica y social a través de la movilización”, señaló Martha Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep )el 21 de abril en Bogotá.
El informe de Cinep señala que el Estado ha incorporado la estigmatización como política para responder a la protesta social (Paro Nacional) del año pasado tras la inconformidad del pueblo por las medidas económicas y el incumplimiento del Acuerdo de Paz, y aque el paramilitarismo avanza a grandes pasos en todo el territorio colombiano.
El mismo añade que la Policía Nacional (con mil 102 hechos registrados) y los grupos paramilitares ( con 286 victimizaciones)son los mayores responsables de violaciones a derechos humanos en 2021, siendo Santander (321), Bogotá (205) y Cauca (191), los departamentos con más casos en total.
Para el jesuita Javier Giraldo, lo que más preocupa del balance de 2021 se mantiene en el año en curso: el avance del paramilitarismo en connivencia con agentes del Estado y la persecución a la protesta social.
“Se está dando al traste con la credibilidad de la justicia en Colombia” aseguró refiriéndose a la persecución también jurídica contra jóvenes integrantes de la llamada Primera Línea que han sido apresados por liderar las movilizaciones sociales y denunciar el regreso de las ejejuciones extrajudiciales, los llamados “falsos positivos”.
La columnista del periódico El Espectador, Cecilia Orozco Tascón, se preguntaba si la agencia antidrogas estadounidense DEA está metiendo sus narices en las elecciones colombianas, y narraba un episodio impresionante sobre unos agentes mexicanos de la agencia antinarcóticos estadounidense que se hicieron pasar por empresarios que querían aportar a la campaña de Petro, buscando que pisara el palito. Y esto sucedió hace apenas seis meses.
La guerra y/o la paz
Hasta el momento el proceso de paz no ha sido protagonista en el debate entre los candidatos que aspiran llegar a la presidencia. La diferencia entre la guerra y la paz sigue siendo el eje pendiente de discusión en estas campañas, que según los analistas, conducirán a una segunda vuelta, en la que Federico Gutiérrez se mantendría en la política errática del Sí pero NO que sostiene el Gobierno de Duque como herencia del expresidente Álvaro Uribe.
El expresidente Ernesto Samper señala que con esta perspectiva, seguiría en pie la afirmación que “en Colombia no existe un conflicto armado, sino una amenaza terrorista por parte de grupos y organizaciones criminales que deben ser combatidos por el Estado”. Esta definición no reconoce como límite el debido respeto a los derechos humanos y se aleja del cumplimiento a las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Gutiérrez demuestra en su propuesta que la negociación con el ELN solo será posible si los alzados en armas aceptan dejar de cometer los actos de guerra, antes de sentarse a dialogar. Samper señala que esto anticipa que combatirá las organizaciones a través de acciones de persecución militar, avaladas por la Fiscalía y una mayor presencia de helicópteros en las zonas de violencia transportando, según sus propias palabras “soldados, maestros y nutricionistas”.
Con esta propuesta el país aplazaría, por cuatro años más, el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana y la continuación de la incipiente negociación con el ELN: su visión de paz traería graves costos sociales y Colombia seguiría igual.
La propuesta de paz de Gustavo Petro honraría la palabra empeñada por el Estado colombiano en 2016 al suscribir los Acuerdos de Paz pactados en La Habana y continuar con los diálogos con el ELN. Esto reactivará la implementación de los acuerdos de paz y ofrecerá garantías de vida para los líderes sociales, excombatientes y familias campesinas que desean sustituir de manera voluntaria sus cultivos ilícitos.
El plan le apuesta a sacar a la paz del “modo avión” en que el Gobierno de Duque la ha mantenido, dejando de lado aspectos sensibles como el de las tierras y la reparación de las víctimas. Petro incluye, como Gutiérrez, el sometimiento de los grupos paramilitares como parte de su oferta de paz, pero le agrega una solución integral del problema de las drogas, la legalización de la producción, distribución y exportación del cannabis medicinal.
Matar al enemigo
Mientras avanzan las campañas presidenciales que presentan propuestas opuestas, Colombia muestra una de las peores caras de su frustrada historia de paz, donde la violencia ha garantizado la pobreza de las mayorías, la desigualdad social creciente, la ausencia de oportunidades para el campo y para los jóvenes urbanos y populares, el desempleo, el hambre y cada vez menos necesidades básicas satisfechas agravadas tras la pandemia de la Covid 19.
La violencia políticas es de vieja data en el país y le ha servido al establishment para conserva r sus privilegios y hacer sus negocios. El viernes 22 de abril la Jurisdicción Especial para la Paz al exterminio de miembros del izquierdista partido Unión Patriótica (UP) en el periodo 1984-2016, donde al menos 5733 integrantes del m mismo fueron asesinatos o desaparecidos (4.616 víctimas de homicidio, 1.117 desaparecidos forzadamente).
La violencia contra la militancia de la UP fue prevalentemente letal, pues aproximadamente dos de cada tres hechos de violencia contra ese partido se concretaron en asesinatos y desapariciones forzadas. En la mayoría de los casos los responsables pertenecían a grupos paramilitares, militares, policiales y del fuerzas de seguridad del Estado.
* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)