Justicia para Mamouth Bakhoum; una treintena de colectivos y ONG se manifestaron –el pasado 1 de febrero, en Sevilla- con la citada consigna; la Federación de Asociaciones Senegalesas de la capital andaluza convocó la protesta; el ciudadano migrante, de 43 años y trabajador en el top manta, murió ahogado -el 29 de diciembre de 2024- tras ser perseguido por agentes de la Policía Local.
Cinco días después de la movilización en Sevilla, se cumplía el undécimo aniversario del fallecimiento –en la playa del Tarajal (Ceuta)- de 14 personas migrantes por ahogamiento.
Archivado y reabierto el caso en sede judicial, en diversas ocasiones, las ONG continúan luchando desde 2014 contra la impunidad; se dio la circunstancia que agentes de la Guardia Civil hicieron uso de material antidisturbios, cuando las personas migrantes se hallaban en el mar.
Tal vez la agenda reivindicativa podría continuar en la provincia de Valencia, con motivo de la DANA del pasado 29 de octubre (224 personas fallecidas, tres desaparecidas y 75 municipios afectados, según el Gobierno de España).
El 6 de febrero, una veintena de organizaciones sociales denunciaron en una carta la desatención de la que son víctimas –pasados tres meses- las personas en situación (oficialmente) considerada irregular (las ONG calculan en torno a 40.000 personas sin papeles que trabajan en la economía informal, en las zonas afectadas).
En consecuencia, y dado que carecen de documentación en regla, “no pueden acceder a las ayudas aprobadas para las personas perjudicadas” por la DANA, señalaron Amnistía Internacional; Red Acoge; HOAC-Valencia; la asociación Rumiñahi; Médicos del Mundo; Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), entre otras entidades.
La misiva contra la exclusión tenía como destinatarias dos Secretarías de Estado –Migraciones y Trabajo-; Presidencia de la Generalitat Valenciana y la Defensoría del Pueblo.
El documento de las ONG hacía referencia, asimismo, a los últimos informes del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE); el Servicio para la Asistencia y Orientación a Víctimas del CEDRE informó -en la Memoria de 2023- que ese año atendió a 2.582 personas por denuncia de discriminación (9.449 en la última década).
La mayoría de espacios/ámbitos en que se produjeron los incidentes discriminatorios -en 2023-fue la denegación del acceso a bienes y servicios (20%); seguido de los servicios de salud (12%); el empleo privado (11%) y la vivienda (9%).
En este contexto, Movimiento por la Paz, València Acull, la asociación Rumiñahui, ACCEM, CEAR-País Valencià, la Fundación CEPAIM, la Campaña por el cierre de los CIE y Elche Acoge presentaron -el pasado 17 de diciembre, en Ca Revolta de Valencia- el II balanç Discriminació quotidiana per racisme i xenofòbia en València.
El primer apartado del informe se centra en el Racismo en el marco de la DANA; en concreto, los bulos y discursos de odio a través de las redes sociales que -los primeros días de la catástrofe- relacionaron los (denominados) pillajes con las personas migrantes (por ejemplo de origen magrebí o población gitana proveniente de Rumanía).
El reporte detalla, además, la existencia de trols que hacían referencia a las personas migrantes/racializadas desde un punto de vista sesgado y discriminatorio (no como víctimas de la tragedia, sino “únicamente como receptoras de ayudas”).
Entre los casos de estigmatización, figura el de mujeres con hiyab a quienes se les negó el reparto de alimentos en el barrio del Raval (municipio de Algemesí, 28.000 habitantes); el motivo de la denegación se basó en una supuesta confusión con otras mujeres -que vestían con este pañuelo- y que habrían sido ya atendidas.
La gota fría tuvo un impacto significativo en dos sectores representativos de la economía informal: la agricultura y la construcción; por esta razón, no pocas personas consideradas irregulares se quedaron sin ingresos.
Estas evitaban, añade el reporte de los colectivos, “acudir a las administraciones para solicitar ayudas, por miedo a que se les inicie un procedimiento de expulsión; temen ser detenidas por las fuerzas de seguridad, que podrían actuar basándose en perfiles raciales (…)”; es el caso de las paradas policiales de ciudadanos magrebís o personas afrodescendientes.
Las ONG han documentado numerosas situaciones de explotación laboral; se trataba, en este caso, de empresarios que obligaron a trabajador@s sin los permisos (oficialmente) en regla a que se trasladaran a los centros de trabajo; “no tienen derecho a una baja laboral”, argumentaban los empleadores.
A estas circunstancias se añadía que muchas mujeres empleadas en los sectores del hogar/cuidados resultaron despedidas, sin un aviso previo ni medidas de protección; en parte, porque las personas mayores a las que atendían fallecieron o fueron trasladadas a otros centros.
Una circunstancia especialmente grave es el de las trabajadoras sin papeles y que laboraban como internas: quedaron en situación de indigencia y sinhogarismo tras el despido.
¿A qué barreras burocráticas se enfrentan los ciudadanos migrantes en situación (oficialmente) no reglada? Para la obtención de las ayudas, tienen que demostrar que residen en los municipios dañados, mediante el contrato de alquiler o el certificado de empadronamiento.
Sin embargo, “un gran porcentaje” de personas migrantes no dispone de estos papeles, concluye el II balanç de las organizaciones sociales.
A las citadas trabas se sumaba la exigencia del DNI, el pasaporte o la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), que pudo extraviarse por la riada; “en muchos casos” se ha dado esta circunstancia, informaron los colectivos; y resulta “extremadamente complicado” pedir un duplicado de la documentación, entre otras razones por el costo o tiempo de espera.
Infravivienda, desalojo y estado de chabolismo; familias de minorías étnicas o de la comunidad gitana se han visto especialmente perjudicadas; en no pocos casos malviven en plantas bajas, garajes o cubículos, y llegan a pagar entre 250 y 400 euros pese a que los espacios no están acondicionadas para el alojamiento.
El informe detalla el ejemplo de 40 familias (y más de 15 menores) que vivían en un edificio del municipio de Torrent (90.000 habitantes); en noviembre de 2024 tuvieron que afrontar iniciativas de expulsión además de vejaciones.
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