A fines del año recién pasado, ocurrió un hecho político importante, un hecho insólito, un suceso político de la más alta y extrema gravedad.
Paradojalmente —salvo por las intervenciones de unos pocos parlamentarios—, tal hecho ni siquiera debería ser considerado por la historia pues tal ha sido el trato que le ha dado la escena política nacional. No ha ocurrido lo mismo con la escena social, pues las redes sí que han estado activas al respecto. Nos referimos a la amenaza que, en contra del presidente electo Gabriel Boric Font, profirió a través de las redes sociales el refugiado venezolano Luis Andrés Luces Armado, sujeto estrechamente vinculado al ex candidato presidencial José Antonio Kast, al diputado evangélico de Renovación Nacional RN Eduardo Durán y a la convencional constituyente Teresa Marinovic[1]. En un video que publicara a través de la plataforma digital Tik Tok el 19 de diciembre de 2021 dijo Luces, con dureza, al presidente electo:
“Te voy a decir algo y esto no es una amenaza, es una advertencia. Si se les ocurre traer a Nicolás Maduro para el cambio de mando, les puedo prometer que movilizaré a más de 600.000 venezolanos que están con permanencia legal para la captura inmediata de este genocida»[2].
En ese mismo video, agregó Luces, con desprecio:
“Mecherito, te puedo jurar… te puedo jurar que voy a ser una pesadilla en las movilizaciones”[3].
“Créeme: no te va a gustar en lo absoluto la gran cagada que va a quedar”[4].
QUIÉN ES LUIS ANDRÉS LUCES ARMADO
Luis Andrés Luces Armado —quien, en sus papeles, ha señalado ser ingeniero informático—, no llegó a Chile invitado por el presidente Piñera tras su desgraciada intervención de 2019, en Cúcuta, como se podría suponer. Por el contrario, su permiso de residencia fue otorgado tres años antes, el 24 de marzo de 2016, por la encargada de visas del Departamento de Extranjería del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Michelle Bachelet, Viviana González López, actuando, en esa fecha, por orden del Jefe de ese servicio. Ignoramos si, para conceder el referido permiso, tuvo aquel Departamento en vista el Visor Judicial de Venezuela porque allí figura un proceso en contra suya, circunstancia importante y que no debe dejar de considerarse como ajena al juicio que se sigue, en su contra, en Chile, por violencia intrafamiliar ejercida sobre su ex mujer e hija. De acuerdo a las informaciones proporcionadas por la prensa, Luces debía presentarse al juicio el viernes 7 de enero de 2022 a las 10:00 horas en la torre A del Centro de Justicia de Santiago, ubicado en Pedro Montt 1606. No sabemos qué ha sucedido después de esa convocatoria[5].
Las redes informan, además, que Luces, personaje que no solamente jamás ha ocultado sus simpatías por las ideas de Hitler sino se declara abiertamente nazi[6], procedió, antes de emigrar, en Colombia (2012), a quemar la Torah, biblia judía, en un cementerio[7].
Luces Armado no es un sujeto tranquilo. Ya antes de las elecciones de diciembre de 2021 había sostenido, sin fundamento alguno para sus afirmaciones, que, si ganaba Boric, la coalición triunfante organizaría un ‘plan de exterminio’ el cual se iniciaría con
«[…] crear nuevamente el escenario que permita convocar e instaurar una nueva cuarentena, que sería el término de todas las empresas porque las haría de forma indefinida y esto evidentemente dejaría un porcentaje de cesantía por encima del 50% de la nación»[8].
LA AMENAZA QUE ES ‘ADVERTENCIA’
Luces niega haber vertido amenazas a través de su cuenta en Tik Tok. Se trata de una advertencia, afirma. Y en esa tesis se apoya. Porque sabe que una advertencia se puede tolerar e, incluso, agradecerse hasta de buen grado, circunstancia que ocurre solamente cuando la ejecución de la misma no depende de quien la formula. Cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando la ejecución de la advertencia directamente depende de quien la formula es, de hecho, una amenaza. Porque solamente de su voluntad depende la ejecución.
Una amenaza no es una crítica. Mucho menos, un instrumento a ejercer dentro de la política. Una amenaza cuya ejecución depende de quien la formula es violencia manifiesta. Es la advertencia del uso inminente de la fuerza. Cuando se dirige en contra de una autoridad, es un desafío a la misma. Una invitación a competir y dirimir públicamente acerca de quien posee poder. Es decir, capacidad para imponer la voluntad sobre otro u otros.
Es la razón por la cual la amenaza se ha elevado al carácter de delito en el art. 296 del Código Penal, CP, sea que se formule en contra de ciudadanos comunes o de autoridades.
AMENAZA A LA MÁXIMA AUTORIDAD
La amenaza formulada en contra del presidente electo no es una amenaza cualquiera. Porque la presidencia de la República no es cualquiera autoridad sino la máxima autoridad civil en una moderna formación social. Es una amenaza en contra de quien representa al Estado/nación, de quien representa al conjunto social, a sus símbolos patrios, a su cultura, a sus instituciones. En consecuencia, una amenaza al jefe de Estado es una injuria a la nación, al conjunto de individuos que viven dentro de ella. Un atropello manifiesto a la autoridad estatuida, un desprecio a quienes instituyeron esa autoridad.
Cuando el 8 de agosto de 2020 el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, anunció a la prensa la detención y expulsión de Chile de un ciudadano peruano que, meses antes, había amenazado de muerte al presidente Sebastián Piñera y su familia, nadie protestó por la medida. Porque, con prescindencia del color político que posea la máxima autoridad civil, nadie puede aceptar una amenaza en contra de quien detenta el cargo de mandatario; menos aún de un mandatario recién electo.
De acuerdo a lo que detalló la autoridad, en marzo de ese año, el sujeto de 20 años —identificado como Roy Camacho Valverde— envió un correo electrónico a la Presidencia donde realizó la amenaza contra el mandatario.
Para quien suponga que existen diferencias entre aquellos extranjeros que se encuentran en situación irregular y aquellos que han sido agraciados por el permiso de residencia, es del caso recordar que si bien en el caso de Roy Camacho no existía permiso alguno concedido por el gobierno para residir y/o trabajar en Chile, los argumentos empleados por el subsecretario no se fundaron en esa circunstancia sino en otros hechos, señalándose que
“[…] se procede a su expulsión especialmente porque él profirió amenazas de muerte en contra del Presidente de la República y de su familia”[9].
En consecuencia, de acuerdo con la interpretación administrativa del gobierno de Sebastián Piñera, la medida de la expulsión se adopta cuando hay amenazas en contra de la máxima autoridad civil, circunstancia que obliga al gobierno a tomar tal medida, algo que el señor subsecretario deja en evidencia al señalar:
“[…] creemos que en este caso tenemos que dar una señal clara de que las amenazas en contra de las autoridades, en contra de los parlamentarios y en contra de cualquier persona, sea chileno o extranjero, son inaceptables”[10].
LA REACCIÓN DE LA ‘ELITE POLÍTICA’ NACIONAL
Podría pensarse que la ‘elite política’ nacional reaccionaría como una sola persona ante la amenaza; sin embargo, no ocurrió de la misma manera. Solamente dos o tres parlamentarios de los partidos políticos populares reclamaron por la amenaza en contra del presidente electo. Ninguno del sector de Chile Vamos. Quienes, de los sectores opositores, reaccionaron positivamente fueron el senador Alejandro Navarro y la diputada Carmen Herz.
Para esta última, no fue novedad alguna la amenaza en contra el presidente electo: anteriormente, el mismo inmigrante venezolano había vertido severas amenazas en contra suya. Por eso, el 24 de diciembre recién pasado envió un oficio al ministro del Interior en el que señalaba:
“[…] el actuar de este ciudadano venezolano además de adolecer de una completa ignorancia, desprecia uno de los eventos más importantes para una sociedad que se precie de democrática, como es la ceremonia del cambio de mando de un Presidente que termina su mandato al Presidente de la República electo, pues representa un hito importante en su historia al ser el reflejo de la Soberanía Popular, existiendo protocolos que cuidan las buenas relaciones y fraternidad entre naciones hermanas”[11].
El mensaje del senador Alejandro Navarro, por su parte, no fue diferente. Para el legislador, el ciudadano venezolano Luis Luces
“[…] no solo demuestra ignorancia sino que menosprecia uno de los actos más relevantes para los pueblos democráticos, como lo es el cambio de mando de un presidente de la República, el que refleja la soberanía popular que en este caso, se expresó con más de 4,6 millones de votos para Gabriel Boric”.
“Es ante esta amenaza directa al presidente electo, que hemos ingresado esta denuncia en contra de Luis Luces Armado, a fin de que sea deportado de manera inmediata, algo que el Gobierno ya debió haber hecho, tal como en agosto del 2020 cuando se expulsó a quien intimidó al presidente Sebastián Piñera”[12].
LA REACCIÓN DEL GOBIERNO DE SEBASTIÁN PIÑERA
No nos parece que tanto el ministro del Interior como el propio presidente Piñera hayan hecho algo al respecto. Ni nos da la impresión que en el futuro lo vayan a hacer. Más bien, da la impresión que la intención de ambas autoridades pareciera orientarse a tender un manto de silencio sobre la actuación de Luis Luces, habida consideración que, luego del balotaje entre los candidatos Sebastián Sichel y José Antonio Kast, se transformara este último en el candidato oficial del gobierno, cuya amistad con el inmigrante venezolano es de sobra conocida. Porque, en esos casos, se hace necesario dar vida y continuidad a esa famosa sentencia tan antigua según la cual
“Entre bueyes no hay cornadas”.
No es novedad, en consecuencia, que no haya reacción en el gobierno. Ni en sus ministerios o servicios. No hay, incluso, interés alguno en el asunto en otras instancias que se le vinculan como lo son el Consejo de Defensa del Estado, el Tribunal Constitucional u otras similares. Inútil es pensar en una acción de oficio iniciada por el señor Fiscal Nacional Jorge Abbott cuando la pereza jurídica pareciera ser el rasgo más característico de esa corporación. Por supuesto que tampoco debe extrañar que muestren similar comportamiento instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH, en manos de un sujeto cuyo temperamento e ideas no son diferentes a las que posee el Fiscal. Cierto, cierto, cierto: ninguna de esas instituciones tiene por misión defender el honor de la Patria. Pero la molestia por ese tipo de injerencias externas puede hacerse de otra manera. Porque, en verdad, cuando la institucionalidad vacila y la delincuencia parece arrasar con las instituciones del Estado ante la indiferencia de quienes gobiernan, resulta casi normal que no haya mayores reacciones al respecto. No por algo se dice —volvamos a refocilarnos con otra sentencia de antaño—:
“No se le pueden pedir peras al olmo”.
LA REACCIÓN DE LA OPOSICIÓN Y DEL RESTO DE LA ESCENA POLÍTICA NACIONAL
Pero lo que llama la atención es que los demás ‘poderes’ del Estado e, incluso, los sectores opositores al actual gobierno mantengan una actitud similar.
Porque no ha existido una reacción de la presidenta del Senado criticando lo ocurrido (no hablamos del presidente de la Cámara de Diputados que es hombre de ‘derecha’ y cuyo comportamiento es predecible); tampoco la Contraloría General de la República aunque —lo sabemos— el asunto no es de su competencia. Las Alcaldías guardan silencio como también lo hacen las Gobernaciones y hasta resulta natural que también lo hagan jueces y escribanos. Callados permanecen los partidos políticos y las organizaciones ligadas al nuevo Gobierno; muda está la Convención Constitucional. Ni siquiera la Comisión Chilena de Derechos Humanos ha emitido un comunicado al respecto, así como tampoco lo han hecho las grandes centrales sindicales como la CUT. Es comprensible que no lo hagan organizaciones que, más que votar por el actual presidente electo, lo hayan hecho contra su rival político. Pero, a pesar de todo, igualmente, deberían alzar su voz en defensa de un símbolo nacional que representa el triunfo de esa forma de gobierno denominada ‘democracia’. Aunque la amenaza en contra del presidente electo no sea de la incumbencia de todas ellas.
La situación es preocupante toda vez que, de todos los organismos nombrados, lo más notable ha sido que ni siquiera haya habido una reacción de los abogados que acompañan al propio presidente electo. Es como si a nadie le importara que cualquiera persona, un advenedizo, un sujeto sin importancia, pisotee impunemente el honor nacional encarnado en la persona de la máxima autoridad civil de la República. La pregunta obvia que se impone es que si acaso, luego del balotaje, hemos recibido en calidad de legado las ‘enseñanzas’ de José Antonio Kast, de Sebastián Izquierdo, de Johannes Kaiser, de Gonzalo De la Carrera o del propio refugiado venezolano Luis Luces como formas de relación humana y de resolver las diferencias políticas. ¿Será que, acosados constantemente por la corrupción y la inmoralidad, hayamos empezado a acostumbrarnos a ese comportamiento y, sin quererlo, estemos prestos a aceptarlo como nuestra nueva forma de vida? Sería terrible.
Santiago, enero de
2022
[1] Un Twitter de Luis María De los Reyes Errázuriz muestra al refugiado venezolano junto a Teresa Marinovic en un video que se encuentra incorporado a la web. Las fotografías que tiene junto a Kast y Durán han salido en muchos medios de comunicación digitales. También hay fotografías del mismo refugiado venezolano con Kast y Marinovic en ‘La voz de los que sobran’.
[2] Video de Tik Tok de 19 de diciembre de 2021.
[3] Reyes, Felipe: “Diputada Herz (PC) oficia al Gobierno por ciudadano venezolano que ‘amenazó’ a Boric”, Radio Biobío, 24 de diciembre de 2021.
[4] Redacción: “Crece presión para que se deporte a venezolano que amenaza a Boric: recuerdan caso de peruano expulsado por hacer lo mismo con Piñera”, ‘La voz de los que sobran’, 27 de diciembre de 2021.
[5] Redacción: “Fanático de José Antonio Kast y el plan de ‘exterminio de Chile’ si gana Gabriel Boric”, ‘Hora de Noticias’, 18 de diciembre de 2021.
[6] Redacción: Id. (5).
[7] Redacción: “Diputada Herz ofició a Interior a tomar medidas contra representante venezolano de derecha que amenazó a Gabriel Boric”, CNN, 24 de diciembre de 2021.
[8] Redacción: Id. (5). Con negrita en el original.
[9] Redacción: Id. (4). Con negrita en el original.
[10] Redacción: Id. (4). Con negrita en el original.
[11] Carta de la diputada Carmen Herz al ministro del Interior, de 24 de diciembre de 2021.
[12] Claro, Hernán: “Alejandro Navarro pide deportar a venezolano que amenazó a Boric”, ‘El Dínamo’, 27 de diciembre de 2021.
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