El Estado ecuatoriano parece estar dispuesto a ignorar los territorios indígenas. La ley de Áreas Protegidas demuestra que, a la hora de promulgar alguna norma constitucional, los intereses de los pueblos originarios no existen, y que prima la pretensión del gobierno de turno. Sin embargo, las comunidades ancestrales han resistido por siglos el abandono del Estado y han podido conservar sus características tradicionales, su autonomía e identidad, incluso sus antiguos nombres, con los que se las conoce hasta ahora.
La ley pretende superponer en esos territorios un sistema de control público y privado que desconoce las formas propias y peculiares de organizaciones sociales de vieja data, anteriores a la conquista y colonización española. En términos geográficos, están insertas en todo el territorio nacional, pero cada una mantiene sus límites propios. Muchas se originan en los antiguos ayllus, otras son relativamente modernas, pero todas controlan un espacio físico con límites bien conocidos y preservados por los comuneros. No es menos importante la adaptación ecológica al medio donde se ubican, lo que deviene de una antigua y perseverante interrelación con la naturaleza. De este modo, con medios propios, han logrado subsistir y desarrollar la agricultura, la ganadería, las artesanías y optar por tecnologías actuales.
La ley en mención es producto del desconocimiento de las zonas rurales que caracteriza a la mayoría de legisladores y, al final de cuentas, de la poca atención que dan a los destinos del país. Si se da paso a la ley de Áreas Protegidas, a la larga se impondrá a las comunidades ordenamientos privatizadores que acabarán con maneras de ser y existir, visiones del mundo, culturas y lenguas, borrando fronteras y anulando organizaciones sociales y territoriales que han respondido a patrones históricos de formación y desenvolvimiento.
Nada más injusto que conculcar los derechos a pueblos milenarios que deberían considerarse la mayor riqueza del Ecuador, puesto que son los que dan identidad al país, sentido a la democracia. Dos sistemas sobrepuestos: el oficial, prevalido de una ley inconsulta, precipitada y carente de criterio histórico, y en la orilla opuesta, el de la comunidad indígena ancestral, productiva y solidaria, con características únicas y fecundas, que aboga por la satisfacción de las necesidades de todos los ecuatorianos.
La Constitución establece que el Estado ecuatoriano es plural, es decir con capacidad de reconocer las formas de pertenencia anteriores a él, y aun a la nación ecuatoriana. Lo lógico es que las comunidades indígenas sean las que resguarden las áreas dignas de protección -como siempre lo han hecho- y que se elimine el proyecto de imponerles formas de capitalismo ajeno, donde primaría la propiedad privada y los intereses particulares, contrarios por su propia naturaleza a aquellas, a las lenguas originales, al bienestar ecológico y a la equidad social. Ojalá que la Corte Constitucional se pronuncie a favor de los justos reclamos indígenas.
Ileana Almeida: Filóloga, profesora universitaria y escritora. Entre sus libros figura Mitos cosmogónicos de los pueblos indígenas del Ecuador.
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