Codepu denuncia que el sábado 14 de agosto a las 6:58 de la mañana, el domicilio de Viviana Uribe Tamblay, Presidenta de nuestra organización, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, ubicada en Batuco, fue allanada violentamente por un grupo de funcionarios del GOPE, Labocar, y personal de la Fiscalía, […]
Codepu denuncia que el sábado 14 de agosto a las 6:58 de la mañana, el domicilio de Viviana Uribe Tamblay, Presidenta de nuestra organización, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, ubicada en Batuco, fue allanada violentamente por un grupo de funcionarios del GOPE, Labocar, y personal de la Fiscalía, en el marco de la llamada «operación Salamandra» o «Caso bombazos». El operativo policial duró 7 horas. En el domicilio se encontraban en ese momento su hija, Bárbara Vergara Uribe, hija de un ejecutado político, con un embarazo de 8 meses, y trabajadora de la institución junto a su compañero Manuel Correa P.
El ingreso de los funcionarios policiales fue violento, entraron derribando con un ariete la puerta de entrada principal de la casa, copando los dormitorios y encañonado e intimidando con metralletas a los ocupantes.
Particular gravedad tiene el hecho que en el allanamiento incautaron además de innumerables pertenencias personales, ropas, computadores, celulares, bicicletas, fotografías y ropa de la nieta de 11 años de la Presidenta, documentación de la Corporación CODEPU, relacionada con el Proyecto Memoria Oral del pueblo mapuche, contabilidad de nuestra institución, fichas y testimonios de víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos.
La Corporación CODEPU manifiesta su solidaridad con Viviana Uribe y su familia y expresa enérgicamente su protesta por el desproporcionado operativo desplegado, que es más funcional a los intereses mediáticos del Ministerio del Interior y el Fiscal a cargo, que de una pesquisa judicial tramitada conforme a las normas del debido proceso.
Causa sorpresa el empleo de una metodología que recuerda el terror de Estado de la época de la dictadura, el absoluto irrespeto a principios y garantías básicas y a la dignidad de la persona humana.
Lamenta, particularmente por esto, que el Fiscal Alejandro Peña, que fue procurador de Codepu a inicios de los años 90, y defensor irrestricto de los derechos humanos, haya ordenado allanamientos y amedrentamientos brutales sabiendo las graves consecuencias que dichas acciones dejan en las personas y familias afectadas, que recuerda los momentos más amargos de la represión desplegada por la dictadura militar.
Exige, la inmediata devolución del material incautado e informará y denunciará ante los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos la situación represiva desplegada por las fuerzas policiales y el Ministerio Público.
Señala que se opondrá tajantemente a la estigmatización y la persecución a defensores de derechos humanos y defenderá los derechos de toda persona amagada por la reaparición de prácticas inaceptables en un Estado de Derecho.
Directiva de Codepu
Santiago 18 de agosto de 2010
Contacto José Araya Cornejo:
Fono: (56) 63 – 344738. Móvil: (56) 9 85003045