La violencia con la naturaleza parece una prolongación de aquella que padecen los hombres. En Colombia estamos fabricando un desierto, no siempre por iniciativa propia, como en el caso de los plaguicidas que destruyen al hombre y a los suelos o el de los bosques, cuyo arrasamiento ‘legalizado’ fue instituido desde finales del siglo pasado […]
Germán Castro Caycedo1
INTRODUCCIÓN
El modelo económico de Colombia, principalmente extractivista, ha profundizado los conflictos socioecológicos del país debido a la destrucción de la naturaleza, y, por consiguiente, la afectación de comunidades cuyo sustento está garantizado por los servicios ambientales de los ecosistemas. Además, la explotación de la naturaleza por parte de las grandes transnacionales y los grupos ilegales, está acompañada de prácticas medievales de desposesión de tierras a campesinos o desplazamiento de indígenas de sus asentamientos ancestrales, los cuales, en la mayoría de los casos, inician luchas -pacíficas, violentas, jurídicas, etc.- para recuperar el control sobre sus territorios, o alertar de la depredación de la naturaleza a raíz del desarrollo del país.
Las comunidades son víctimas de la desposesión de tierras mediante el desplazamiento violento, el asesinato, la apropiación y privatización de bienes naturales, la contaminación de fuentes de abastecimiento de agua potable, la militarización de sus territorios, la estigmatización, etc. El extractivismo es el autor de la ruptura -violenta- del metabolismo del ser humano y la naturaleza en Colombia.
Este artículo presenta, de forma muy resumida, el panorama de los conflictos socioecológicos en Colombia, a partir de la información de la plataforma del Atlas de Justicia Ambiental -EJAtlas- coordinado por Joan Martínez Alier,2 el cual posee información de 127 conflictos distribuidos por el territorio nacional, como también, las movilizaciones en busca de justicia ambiental. Cabe resaltar, que este tipo de investigación ha sido desarrollada años atrás de forma exhaustiva.3 Sin embargo, aquí busco contribuir a la actualización de los datos, ya que lamentablemente, el número de casos ha aumentado en los últimos años.
CONFLICTOS ECOLÓGICOS Y JUSTICIA AMBIENTAL
Los conflictos ecológicos surgen cuando, en el proceso del crecimiento económico de los países, la naturaleza es mercantilizada y posteriormente deteriorada. En muchos casos, las generaciones futuras del discurso del desarrollo sostenible no pueden oponerse a semejante destrucción, porque ni siquiera han nacido. Sin embargo, las comunidades afectadas del presente, inician luchas por la justicia ambiental, en el marco de lo que se conoce como ecologismo de los pobres.4
Los movimientos de justicia ambiental son las aglutinaciones de las víctimas de la depredación de la naturaleza por parte del capital. Son organizaciones que buscan resistir, por medio de distintas luchas y estrategias, a la explotación de los bienes naturales de sus territorios. Martínez Alier, ha analizado los movimientos de Justicia Ambiental y los conflictos ecológicos mediante la relación entre la Economía Ecológica y la Ecología Política.
[…]. El movimiento de Justicia Ambiental (local y global) conduce la economía hacia la sustentabilidad ecológica. Éste es el primer vínculo entre Ecología Política, como el estudio de los conflictos ecológicos distributivos, y la Economía Ecológica como estudio de la (no) sustentabilidad de la economía, con sus urgencias e incertidumbres. Los conflictos ecológicos son, a veces, expresados como discrepancias de valoración en el marco de un sólo standard de valor (como cuando hay una disputa reclamando compensación monetaria por una deuda ecológica o pasivo ambiental), pero con frecuencia la discrepancia recae sobre los standards de valor adecuados. Son disputas o diálogos multicriteriales. Cuando el estudio de un conflicto ecológico distributivo revela un enfrentamiento de valores inconmensurables, entonces la Ecología Política está ayudando al desarrollo de la Economía Ecológica, a que realice sus cálculos no sólo en términos monetarios sino también físicos y sociales, poniendo el pluralismo de valores en el centro de sus análisis. Este es un segundo vínculo entre Ecología Política y Economía Ecológica.5
Los conflictos ecológicos pueden entenderse como las luchas sociales generadas por los efectos de las externalidades que no son internalizadas en los grandes proyectos económicos que impliquen la apropiación de la naturaleza. Para Pérez Rincón, «[…] la acción colectiva es la que condiciona la aparición o existencia de un conflicto ambiental; si no hay visibilización colectiva de una injusticia ambiental, no se puede hablar propiamente de un conflicto en este esquema.»6
CONFLICTOS ECOLÓGICOS EN COLOMBIA
En la Figura 1, se identifica la distribución para un total de 127 conflictos ecológicos de cada uno de los sectores económicos (extracción de minerales o materiales de construcción, manejo / gestión de residuos, biomasa y conflictos por la tierra, combustibles fósiles y justicia climática, manejo / gestión del agua, infraestructura, turismo, conservación de la biodiversidad, e industria y servicios). La extracción de minerales o materiales de construcción abarca el 40% de los conflictos ecológicos de Colombia identificados hasta el momento en EJAtlas.
Colombia se ubica, según el EJAtlas, en el segundo puesto como el país con mayor cantidad de conflictos ecológicos, por debajo de la India (294).
Figura 1. Distribución de los casos registrados en Colombia
Intensidad de los conflictos
El EJAtlas clasifica los conflictos como latentes, de intensidad baja, media o alta. Los conflictos latentes son aquellos donde aún no existe una movilización visible; los conflictos de intensidad baja son aquellos donde sólo hay un grado de organización local; los conflictos de intensidad media incluyen movilizaciones visibles mediante protestas callejeras; y, los conflictos de intensidad alta incluyen algún tipo de violencia.
Los conflictos de intensidad baja corresponden al 25%; de intensidad media 44%; de intensidad alta 27%; y, latentes 4%. Más del 70% de los conflictos ecológicos de Colombia tienen intensidad media y alta (figura 2).
Los conflictos de intensidad alta están relacionados, principalmente, cuando existe desplazamiento forzado, arrestos, represión por parte de la fuerza pública, sabotaje, e incluso, asesinato. Un caso de intensidad alta que actualmente está causando indignación en el país, es la hidroeléctrica de Ituango, la ejecución de este proyecto ha estado acompañado, desde finales de la década de los 90′, de masacres, desplazamientos, desapariciones, etc.7
Figura 2. Intensidad de los conflictos ecológicos en Colombia.
Fuente: Elaborado a partir de EJAtlas.
Departamentos
Más del 80% de los conflictos identificados en EJAtlas se distribuyen en el 50% de los departamentos de Colombia. El porcentaje más alto lo tiene Valle del Cauca con el 14% de los conflictos socioecológicos (figura 3).
Figura 3. Principales departamentos afectados.
Fuente: Elaborado a partir de EJAtlas.
EL MOVIMIENTO DE JUSTICIA AMBIENTAL EN COLOMBIA
En los últimos tres años, Colombia ha sido considerado el segundo país con más líderes ambientales asesinados en el mundo. Además, al ubicarse como el primer país de Latinoamérica con la distribución de tierras más desigual,8 las luchas territoriales y las luchas en defensa de la naturaleza, están fuertemente relacionadas. Pues comúnmente, después de la desposesión de tierras, aparecen grandes empresas con proyectos extractivos que requieren de la deforestación de bosques o la destrucción del suelo para la extracción de minerales, la implementación de monocultivos, la construcción de infraestructura, etc.
Entre las luchas más representativas de la historia de los conflictos socioecológicos en Colombia, es la que llevó a cabo la comunidad indígena Emberá Katió desde mediados de la década de los 90′. Los Emberá fueron obligados salir de su territorio por parte del Estado en conjunto con grupos paramilitares. El objetivo era la construcción en su territorio de la hidroeléctrica Urra I.
El hecho simbólicamente más representativo de la lucha de los indígenas se presentó en noviembre de 1994, cuando 600 hombres, mujeres y niños emberá se lanzaron en balsas a las aguas del río Sinú, con lo que iniciaron su batalla desigual contra el Estado, las elites regionales interesadas en el proyecto y, por supuesto, sus asesinos paramilitares. Luego sobrevino el asesinato y la persecución en que cayeron, uno tras otro, sus líderes y organizadores. Todas estas muertes cobardes han sido perpetradas para preservar el orden terrateniente, sin importar que la obra no haya impedido las inundaciones, como se ha demostrado a finales de 2010, ni que produzca pérdidas financieras al Estado, ni que solamente vaya a durar 20 años y no los 50 anunciados originalmente. A pesar de ello, y con la impunidad criminal que lo caracteriza, a finales de su segundo mandato, Álvaro Uribe Vélez anunciaba la aprobación para construir Urrá II, lo que implicará más sangre y sufrimiento para los indígenas y campesinos del Alto Sinú, todo con el fin de apropiarse de un bien común y convertirlo en un coto privado al servicio de ganaderos y paracos.9
En el año 2015, el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna interpuso una tutela en contra del Gobierno Nacional, convirtiéndose el río Atrato, del departamento del Chocó en el primer ecosistema del país en ganar Derechos de la Naturaleza. Mediante la sentencia T-622 de 2016 el Gobierno Nacional está obligado a descontaminar las fuentes hídricas del Chocó, empezando por el río Atrato y sus afluentes, además, debe reforestar las zonas afectadas por la extracción minera.
Actualmente, el Movimiento Ríos Vivos de Antioquía -MRVA-, se ha identificado como un movimiento de resistencia visible ante Hidroituango. El movimiento ha sido estigmatizado y perseguido debido a las luchas políticas y jurídicas que ha llevado a cabo en defensa de los derechos de cada una de las víctimas de la ejecución del megaproyecto.
El MRVA ha alertado de la crisis socioecológica que enfrentan los municipios del área de influencia de Hidroituango desde el año 2010, ha acudido a diferentes audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando el carácter irregular de los factores técnicos, ecológicos, sociales, jurídicos, políticos y económicos del megaproyecto. Su lucha les ha costado la vida a varios de sus integrantes.10
Notas:
1 Germán Castro Caycedo, Colombia amarga, Círculo de Lectores, Bogotá D.C., 1980, p. 113.
3 Mario Alejandro Pérez Rincón, «Conflictos ambientales en Colombia: actores generadores y mecanismos de resistencia comunitaria», en Ecología Política, núm. 48, 2014, pp. 76-82.
4 Joan Martínez Alier, «Conflictos ecológicos y justicia ambiental», en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 103, 2008, p. 12.
5 Joan Martínez Alier, «Justicia ambiental, sustentabilidad y valoración», en Ecología Política, núm. 21, 2001, p. 127.
6 Mario Alejandro Pérez Rincón, «La Justicia Ambiental como línea estratégica de la Economía Ecológica: ¿cómo evidenciar las injusticias ambientales?», en Gestión y Ambiente, núm. 21, 2018, p. 59.
7 Juan Camilo Delgado, «Hidroituango: una historia de sangre, corrupción y despojo», publicado en la www.rebelión.org el 08 de febrero de 2019.
8 Juan Camilo Delgado, «Poca gente con mucha tierra, mucha gente con poca tierra», publicado en www.rebelión.org el 11 de febrero de 2019.
9 Vega Cantor, Renán. «Colombia, un ejemplo contemporáneo de acumulación por desposesión», en Theomai, núm. 25, 2012.
10 Juan Camilo Delgado, «Hidroituango: una historia de sangre, corrupción y despojo», op. cit.
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