Desde 2006, el 6 de marzo se convirtió en una jornada nacional e internacional de conmemoración de las víctimas de crímenes de Estado cometidos en Colombia. En el marco de la edición 2012 de esta jornada y a la ocasión de la organización de múltiples manifestaciones en Europa, Memoria de Luchas se encontró con Diego […]
Desde 2006, el 6 de marzo se convirtió en una jornada nacional e internacional de conmemoración de las víctimas de crímenes de Estado cometidos en Colombia. En el marco de la edición 2012 de esta jornada y a la ocasión de la organización de múltiples manifestaciones en Europa, Memoria de Luchas se encontró con Diego Martínez, secretario ejecutivo del Comité permanente por la defensa de los derechos humanos (CPDH) [1] y Alfonso Castillo, presidente de la Asociación nacional de ayuda solidaria (ANDAS) [2]. De paso por París, los representantes de estas dos organizaciones estrechamente vinculadas al Movimiento de víctimas de crímenes de Estado en Colombia (MOVICE), aceptaron responder a nuestras preguntas sobre la situación política y las perspectivas de paz en Colombia.
Después de la realización de esta entrevista, el MOVICE así como numerosas personalidades colombianas, como el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, fueron víctimas de amenazas directas de muerte por parte de grupos paramilitares: Águilas negras y Los Rastrojos (estos últimos designaron al MOVICE como «objetivo militar») [3].
MdL: Los desencuentros entre el antiguo presidente Álvaro Uribe y el nuevo presidente colombiano, su ex-ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos comenzaron el mismo día de la toma de posesión y la distancia fue agrandándose con el paso de los meses. ¿Significa eso una ruptura total de Santos con los métodos de Uribe (chuzadas, «falsos positivos» [4], «seguridad democrática», etc.), y una fractura dentro de la derecha de la cual hacen parte estos dos hombres? ¿Significa que ha cambiado la situación de los derechos humanos en Colombia desde que llegó a la Presidencia Juan Manuel Santos ?
DM/AC: Colombia ha hecho transito del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez (2004-2010), caracterizado por un incremento exponencial de las ejecuciones extrajudiciales realizadas por parte de las fuerzas militares, la generación de falsos procesos de desmovilización de grupos paramilitares y una fuerte política de persecución a los defensores de derechos humanos . Más moderado, por lo menos en el discurso, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014), ha efectuado un viraje en el manejo de problemas sociales, entre ellos, en el asunto de las víctimas, con la expedición de la «ley de víctimas y restitución de tierras». Sin embargo a pesar del cambio de discurso, la situación real de los defensores de derechos humanos no ha cambiado, las agresiones y ataques continúan, como lo demuestran los informes recientes del programa «Somos Defensores» [5], que indican que: «(…) las agresiones individuales contra las personas defensoras de derechos humanos durante el primer semestre de 2011 se incrementaron en un 126%, con respecto al mismo periodo del 2010 [6]. A esto se suma el asesinado de más de 80 miembros del movimiento sindical. Significa esto que el gobierno Santos representa dos caras: por un lado, reconoce y respeta la labor de los defensores; por otro lado, incrementa (con complicidad gubernamental) la agresión y los ataques contra defensores y sindicalistas. Si nos preguntan si esto lo hace diferente a la administración Uribe, diríamos que solamente en cuestiones de forma.
MdL: ¿Que piensan ustedes de la Ley 975, o Ley Justicia y Paz, del 2005 ? [7]
DM/AC: Esta ley ofrece, en teoría, un marco legal para organizar la desmovilización y la reintegración de los grupos armados, en especial los grupos paramilitares involucrados en la comisión de crímenes internacionales (crímenes de guerra y de lesa humanidad). Esta ley promovió un modelo de dosis mínimas de justicia a perpetradores de este tipo de crímenes. Pero, seamos claros, después de 6 años de aplicación, el balance no podría ser más desesperanzador para las víctimas y sobrevivientes de los crímenes: solo ha habido cuatro sentencias condenatorias recientes (primer semestre de 2011); Como lo indica el informe del MOVICE, «con la vigencia de la Ley 975, fueron postulados por el Gobierno Nacional, como aptos para ser procesados y sancionados conforme a los parámetros de sus disposiciones, únicamente 3635 paramilitares, de los 35 353 desmovilizados de esas estructuras» [8]. En la práctica, son variados los obstáculos en el proceso diseñado y contenido en la ley 975 de 2005. Nosotros podemos mencionar algunos: primero, los altos costos que genera la participación de las víctimas en el proceso; segundo, la ausencia de mecanismos que garanticen su seguridad; tercero, la desinformación, pues las víctimas y sus defensores no han sido instruidos en todas las reglamentaciones menores que contiene la ley; cuarto, el papel pasivo que juega la víctima durante el proceso y, quinto, la poca efectividad del incidente de reparación.
MdL: La ley 1448, o «Ley de Víctimas», fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos en junio 2011. Esta ley reconoce la existencia de un conflicto armado interno en Colombia así como el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y a una justa reparación. ¿Cuál es la evaluación preliminar que ustedes pueden hacer de su aplicación?
DM/AC: La Ley de víctimas contiene importantes postulados en materia de derechos de las víctimas. Sin embargo, nos enfrentamos a un modelo de reparación fallida, muy al estilo de la fracasada ley de reparaciones del Perú, bajo la presidencia de Alberto Fujimori. En primer lugar, porque existen diferencias entre lo que se plantea en la ley y la realidad de la restitución de bienes. Por ejemplo, en 2012 el gobierno fijó como objetivo la restitución a las víctimas de apenas 2100 propiedades inmuebles. Esta cifra puede sumarse a las 699 restituciones (18 119 hectáreas) que, por vía administrativa, se realizaron en 2011 (http://bit.ly/zWvgwL). En este sentido, confirmado las 2100 restituciones que esperan en 2012, el Director de la Unidad de Tierras Despojadas del gobierno colombiano explicó que «la cifra se cuadruplicará en 2013», es decir, que se calcula que serán restituidas 8400 propiedades inmuebles (http://bit.ly/w7jiLM). Al final del período de gobierno Santos, habrá más o menos 11 199 restituciones de bienes inmuebles, lo que represente solamente el 7% de los 160 345 bienes prometidos por el presidente de Juan Manuel Santos.
Hasta el presente (en 2012), 350 000 familias han denunciado haber sido víctimas de despojo de tierras. Con la política actual, estamos realmente muy lejos de la restitución de las más de 4 millones de hectáreas despojadas por los paramilitares [9]. Otras dos cuestiones se adicionan a este problema: la debilidad institucional y la falta de garantías para las comunidades indígenas y campesinas. Muchos de entre ellos no pueden, en la práctica, volver a sus territorios por estos que siguen bajo el control militar de quienes cometieron el despojo.
MdL: ¿Cuales son los principales obstáculos de la Ley de víctimas ? La existencia del fenómeno de «Bandas criminales» (Bacrim), permite la restitución real de tierras ?
DM/AC: Como lo hemos mencionado, en la actualidad el conflicto armado continúa y con ello la presencia de grupos paramilitares que actúan con el beneplácito del Estado. Esta situación impide la existencia de garantías para un efectivo retorno y una verdadera restitución de tierras.
MdL: La expresión «Bacrim» se refiere realmente a una nueva forma de delincuencia común o se trata de un eufemismo para denominar a una estructura más del paramilitarismo ?
DM/AC: En Colombia, el paramilitarismo, históricamente, ha recibido muchos nombres. En esencia, podemos destacar tres de sus características esenciales: (1) Ha sido un verdadero instrumento de la contra-reforma agraria como principal despojador de tierras a comunidades campesinas e indígenas; (2) ha mantenido un carácter pro-estatal; y (3) ha dirigido sus acciones de intimidación contra organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y demás. Las bandas criminales o «Bacrim» han sido llamadas de esta manera por el gobierno colombiano. Ellas son, en realidad, la expresión de la tradicional política paramilitar. En la práctica, esta expresión es utilizada para esconder una criminalidad de origen estatal.
MdL: Descartando las propuestas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el presidente Juan Manuel Santos insistió en que el único interés de su administración es acabar con el conflicto armado de manera permanente. Advirtió que por eso van a continuar la » lucha contra el terrorismo, el crimen y la violencia «. ¿Esto significa el cierre de los espacios de negociación?
DM/AC: Colombia es el segundo país en la región que más invierte dinero en guerra. Santos ha asignado a la Defensa uno de los presupuestos más altos conocidos en la historia nacional y ha desarrollado una estrategia de «guerra sin cuartel» a través del ejército Colombiano. En efecto, hasta este momento la única política del gobierno colombiano ha sido la guerra. Si, por un lado, Santos insiste en que: «llave de la paz no está en el fondo del mar», por otro lado, afirma que las cuestiones de paz están en cabeza exclusiva del ejecutivo y ha venido aumentando las operaciones militares en contra de las comandancias de las guerrillas, especialmente de las FARC.
MdL: ¿Hay otras opciones posibles para la paz en Colombia?
DM/AC: El asunto de la guerra y de la paz, no es un asunto exclusivo del Estado y las guerrillas. Es indispensable fortalecer el papel de la sociedad civil en esta búsqueda. Diferentes sectores de la sociedad han venido insistiendo en este sentido, por ejemplo «Colombianos y Colombianas por la Paz», que lidera la ex senadora Piedad Córdoba o el partido de oposición colombiano Polo Democrático Alternativo (PDA). Esta es, igualmente, la posición de todas las organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos que, durante décadas, hemos trabajado a favor de una salida política negociada del conflicto armado colombiano.
En esta tarea, el reto más importante para las colombianas y los colombianos, víctimas directas e indirectas del conflicto armado, es discutir y decidir qué modelo de justicia y de derechos debe ser aplicable enfrentar la impunidad y para hacer un tránsito real (más allá de los discursos de los gobiernos de turno) hacia una superación del conflicto social y armado en Colombia.
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[1] Esta organización fue fundada en 1979 y que desde entonces ha liderado una dura lucha en defensa de los derechos y libertades democráticas y la protección a la población civil en medio del conflicto armado. En este marco, el CPDH lleva a cabo una acción decidida de lucha contra el paramilitarismo.
[2] Organización fundada y dirigida por víctimas del desplazamiento forzado en Colombia que luchan por una política pública de atención integral al desplazamiento forzado. ANDAS promueve la prevención y protección contra el desplazamiento, en la búsqueda de la paz negociada al conflicto armado. La Asociación exige la restitución real e integral de las tierras despojadas que hoy se encuentran en poder de grupos paramilitares y empresas multinacionales minero-energéticas
[3] Véase los documentos originales de amenaza en documentos adjuntos
[4] Esta expresión describe una serie de asesinatos cometidos por las fuerzas armadas colombianas, contra civiles inocentes, con el objetivo de hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate.
[5] Programa no gubernamental de protección que reagrupa las ONG colombianas de defensores de derechos humanos. Véase: www.somosdefensores.org
[6] Informe : «Más allá de las cifras».
[7] Criticada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, esta ley organiza la reintegración de los paramilitares a la vida civil y tiene como objetivo contribuir a la realización de la paz nacional. La ley prevé penas de prisión limitadas (máximo 8 años y medio) a cambio de una plena colaboración con la justicia colombiana, del reconocimiento de los crímenes cometidos y del principio de reparación para las víctimas. Véase: » Colombie, un parcours semé d’embûches » (http://www.medelu.org/Colombie-un-p…).
[8] Sin justicia y sin paz : verdad fragmentada, reparación ausente (2009)
[9] 40 000 km2, o cuatro veces la superficie de la región Ile-de-France.