El 19 de enero de 2017 hacia las 4 am y hasta el medio día se desarrolló en los patios a, b y c, de la cárcel de Barranquilla un operativo conjunto de GAULA, cuerpo de reacción inmediata del Inpec – CRI y Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD de la Policía Nacional, con el que […]
El 19 de enero de 2017 hacia las 4 am y hasta el medio día se desarrolló en los patios a, b y c, de la cárcel de Barranquilla un operativo conjunto de GAULA, cuerpo de reacción inmediata del Inpec – CRI y Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD de la Policía Nacional, con el que se buscaba afrontar la acción delictiva que desde los establecimientos de reclusión se realiza por medio de teléfonos celulares.
Este propósito de investigación no tiene reparo alguno, pero sí las prácticas humillantes y actos que pueden constituir tortura, además del desconocimiento de garantías judiciales básicas, cometidas contra la población reclusa durante su ejecución.
Desde el inicio del operativo, en horas de la madrugada, los detenidos son obligados a salir de sus celdas y bajar hacia el patio, donde deben permanecer sentados en el suelo y con las manos sobre la nuca, mientras el CRI en asocio con el ESMAD, cometen todo tipo de improperios que van desde expresiones verbales humillantes, hasta el sometimiento y maltrato físico de quien reclama por este tipo de tratamiento represivo en exceso. Se encienden además lo que los funcionarios denominan «cigarrillos» que contienen una sustancia que produce los mismos efectos de los gases lacrimógenos.
Mientras esto ocurre en las áreas comunes del establecimiento; en las celdas se realizan requisas en las que se destruyen o causan daños a las propiedades de los internos. Las colchonetas donde duermen, por ejemplo, son pisoteadas y sobre ellas se vierten alimentos y bebidas que guardan los detenidos. Algunos de ellos, han informado que objetos de valor como relojes, son sustraídos.
Se denuncia igualmente que cuando son hallados supuestos elementos prohibidos, se llama al interno y se le presiona para que acepte la tenencia de los mismos. Quien se niega es golpeado. Estas actas de incautación son a la postre usadas con fines procesales contra los detenidos, por lo que resulta particularmente grave el hecho de que los operativos se realicen sin presencia de ellos, pues se incrementa el riesgo de lo que los internos llaman los «falsos positivos carcelarios» que no es otra cosa que la implantación de evidencias.
Se ha informado a nuestra Corporación, que al menos 10 detenidos sufrieron agresiones físicas, cuando reclamaron por las irregularidades y tratamiento humillante, degradante y posiblemente constitutivo de tortura al que estaban siendo sometidos. Entre ellos -se indica- el representante de los internos al comité de derechos humanos del patio C fue golpeado, por negarse a dar información sobre otro detenido por el cual era interrogado.
«Esta situación se ha tornado reiterativa. En octubre ocurrió algo similar y a pesar de las denuncias nada ocurre», señala uno de los detenidos que informó al Equipo Jurídico Pueblos los hechos presentados el 19 de enero.
Esta organización de derechos humanos, ve con preocupación la continuidad de estas prácticas dentro de las prisiones. La violencia contra la población reclusa y el desconocimiento de sus garantías judiciales, han sido una constante y se trata de procedimientos que hemos evidenciado también en otros establecimientos de reclusión, los cuales han sido objeto de denuncia, sin que se adopten medidas correctivas, ni se avance hacia la humanización de las relaciones Estado-ciudadano, en contextos de encierro. Por el contrario, observamos una avanzada en la militarización y el uso de facultades legales de manera irregular en los centros de privación de la libertad; lo cual no sólo conlleva a un incremento de las violaciones de los derechos humanos, sino también al silenciamiento, por el temor a sufrir represalias que afecten la seguridad personal y jurídica de la población reclusa que denuncia y reclama.
Repudiamos estos hechos y solicitamos a las autoridades de control, el desarrollo de investigaciones que contribuyan a su esclarecimiento y a la adopción de medidas de no repetición.