La reforma del sistema de relaciones laborales, cuya aprobación se aplazó para marzo en el Senado -en segundo trámite constitucional-, se convierte cada vez más en un engendro jurídico insustancial, que con certeza recibirá el rechazo de los trabajadores organizados, lo mismo que del empresariado. Ello será consecuencia de los despropósitos que se acumularon en […]
La reforma del sistema de relaciones laborales, cuya aprobación se aplazó para marzo en el Senado -en segundo trámite constitucional-, se convierte cada vez más en un engendro jurídico insustancial, que con certeza recibirá el rechazo de los trabajadores organizados, lo mismo que del empresariado. Ello será consecuencia de los despropósitos que se acumularon en torno a ella desde su gestación. Y que obedecen a una lógica absurda: intentar una reforma de los derechos colectivos establecidos en el Código del Trabajo, que siendo más consistentes con lo vigente en los países de la OCDE, pudiese contar con la aprobación de los dueños del capital.
Convertida en «cuarta pata de la mesa» de reformas que se articularon en el programa del gobierno, su inclusión a última hora al menos en el discurso -que siempre planteó tres «reformas estructurales» (tributaria, educacional y constitucional)- parece haber sido un guiño para afirmar al polo «progresista» de la Nueva Mayoría.
Es poco probable que en ese primer momento se haya consultado con los grandes grupos económicos su disponibilidad respecto de esta reforma laboral, como se hizo con respecto a las reformas tributaria, educacional e incluso constitucional. Todo indica que simplemente se asumió que se podría conseguir su acuerdo con una reforma enmarcada en los parámetros de lo que se entiende por «modernización del sistema de relaciones laborales», en el seno de la OCDE y de la OIT.
Luego de partir con gruesos anuncios promisorios sobre los contenidos que el proyecto tendría (titularidad sindical, fin de los reemplazantes en la huelga, fortalecimiento de la negociación colectiva), el gobierno dio a conocer sus términos concretos en vísperas del fin de año 2014, cuando -producto de las presiones empresariales- estuvo por incumplir el plazo que él mismo se fijara de iniciar su tramitación en el segundo semestre de 2014.
Ya entonces se pudo apreciar que era más el ruido que las nueces. Los términos del proyecto no significaban un cambio radical del sistema de relaciones laborales implantado desde la dictadura y que ha permanecido incólume desde 1979 -cuando se instaló vía «Plan Laboral» diseñado por José Piñera- hasta la fecha.
Se proponía una titularidad sindical que no cierra el paso al paralelismo y a la consecuente fragmentación y dispersión de los trabajadores. Los trabajadores organizados podrán continuar divididos en más de un sindicato por empresa e incluso por establecimiento, y persistirá en ausencia de ellos el espacio para grupos negociadores de carácter circunstancial.
Se reglamentaba la negociación colectiva en términos que la mantienen encajonada en la empresa, reforzando las instancias de mediación con un intervencionismo estatal excesivo en el afán de evitar a toda costa el conflicto.
Se desechaba la negociación supra-empresa, que resulta imprescindible para poder incorporar a este derecho a más del 40% de los trabajadores asalariados que se desempeñan en micro y pequeñas empresas; al mismo tiempo que habilitaría a nivel de los holdings y grupos económicos, la articulación organizada de los trabajadores que hacen parte de una misma unidad económica, o que dependen de un mismo empleador, acercando así la posibilidad de hacer efectivos derechos y beneficios laborales mínimos en la micro y pequeña empresa, como también entrar a disputar más efectivamente el excedente en las grandes empresas.
Se mantenía un listado de empresas sin derecho efectivo a huelga, por ser supuestamente de carácter estratégico, en circunstancias que la amplia mayoría de ellas no tienen dentro de su personal de planta a quienes garantizan efectivamente la continuidad de los servicios públicos que brindan, ya que estas labores están externalizadas a empresas contratistas.
Se eliminaban los reemplazantes «externos» en huelga, pero no se considera como tales a quienes hayan sido contratados con antelación inmediata a los procesos de negociación. Se estipulaba además la obligación de los trabajadores de preservar la prestación de «servicios mínimos» durante la huelga.
So pretexto de ampliar las materias de negociación colectiva, se abrían las puertas a pactos de adaptabilidad, que son acuerdos de flexibilización de la jornada laboral por debajo de los límites que establece el Código del Trabajo. Jornadas excepcionales de trabajo, bancos de horas extras y alteraciones del descanso o del feriado legal, podrían acordarse a cambio de compensaciones monetarias. Hay que tomar en cuenta lo que esto significa en un país donde la experiencia de trabajar es experimentada como una verdadera pesadilla, al mismo tiempo que se tiene uno de los promedios anuales de jornada de trabajo más extensos del mundo.
UN PROYECTO RECHAZADO POR TRABAJADORES Y EMPRESARIOS
Apenas se conoció, el proyecto suscitó la crítica de los expertos en materia laboral y del mundo académico, al mismo tiempo que el rechazo de la amplia mayoría de las organizaciones sindicales de segundo y tercer nivel (federaciones, confederaciones y centrales). La propia CUT tomó distancia crítica del proyecto y preparó un conjunto de observaciones e indicaciones que en su momento hizo llegar a la Cámara de Diputados. Los avances que el proyecto traía a favor de los trabajadores eran muy puntuales y las restricciones y compensaciones a favor del empresariado, potencialmente muy lesivas.
Quizás no tan paradojalmente, el mismo rechazo rotundo, aunque por motivos claramente contrarios, encontró el proyecto en la mayoría de las cúpulas empresariales. A su juicio, nada podría ser más inoportuno para el país que una reforma laboral centrada en fortalecer los derechos colectivos del trabajo. Ello sólo podría torpedear el crecimiento, el empleo y la productividad, en los marcos de la economía neoliberal instalada en Chile.
En esas circunstancias, la Cámara de Diputados, a mediados de 2015, aprobó la reforma introduciendo los cambios que se hacían más ostensiblemente necesarios para que pudiese ser presentada como un avance parcial, al menos, en el restablecimiento de derechos colectivos de los trabajadores. El 17 de junio luego de tres sesiones dedicadas exclusivamente al debate del mismo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto por 67 votos a favor, 42 en contra y una abstención. Gabriel Boric votó en contra y Giorgio Jackson se abstuvo.
En tales condiciones, pasó a su tramitación en el Senado. Fue entonces que las presiones del gran capital arreciaron y se extendieron contra todo proceso de reformas al modelo económico y político instaurado en dictadura y consolidado en los pasados 25 años. Por moderadas que fuesen. Entre julio y septiembre 2015, el gobierno acusó el viraje de las elites del poder y del dinero, que aprovechaban el entorno recesivo mundial que se iba instalando para chantajear con una mayor paralización de sus inversiones y anunció una moderación y gradualización de sus objetivos: el «realismo sin renuncia».
De allí en adelante, el alineamiento de la directiva del PDC con la postura de sus sectores más conservadores y pro-empresariales fue decisivo para empantanar la aprobación de la reforma y llevarla a términos cada vez menos favorables a los trabajadores. Un equipo integrado por René Cortázar, Marcelo Albornoz y Zarko Luksic se encargó de elaborar expresamente una minuta para estos efectos. El éxito de sus gestiones alcanzó para que el gobierno introdujera un conjunto de nuevas indicaciones al proyecto mientras se debatía en el Senado, pretendiendo satisfacer a estos sectores y lograr así su aprobación antes de fines de enero. Ni así lo lograron. La postura irreductible de los senadores pro-empresariales para limitar el derecho a huelga y hacer más compleja y restringida la negociación colectiva y la sindicalización en la mediana y pequeña empresa, aplazó la eventual aprobación para marzo.
ABORTAR EL ENGENDRO
Al congreso de la CUT reunido en enero 2016 no le quedó más alternativa que llamar a un paro nacional para el 22 de marzo de este año. Para muchos trabajadores y organizaciones sindicales es un llamado a movilizarse que será demasiado tardío. Y que no logrará excusar la responsabilidad de la mayor central sindical en haber esperanzado a sus bases en una reforma que todo indica no será un avance, sino un retroceso.
Desde la perspectiva de los trabajadores, sin duda, el mayor logro del proceso fue la provocación de un debate que se ha extendido entre directivas sindicales y contadas asambleas de base. El grueso de los trabajadores sindicalizados carece de un conocimiento detallado de lo que se está por aprobar, inmersos como están en una aguda despolitización que sólo se está revirtiendo en algunos sectores en los que ha venido emergiendo un nuevo liderazgo con mayor visión política.
Una importante articulación de estos sectores del sindicalismo se expresó en la Coordinación de Trabajadores por una Mejor Reforma Laboral. Lo mismo que el Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical (Cius), estos sectores tendrán su prueba de fuego este año, cuando la crisis se extienda, repunte el desempleo y las presiones por contener los costos y preservar los márgenes de ganancia apunten contra el empleo y los salarios. Sólo la movilización más amplia de los trabajadores permitirá abortar este engendro de reforma laboral, que no cambia sino que perfecciona una herencia de la dictadura
Publicado en «Punto Final», edición Nº 846, 4 de marzo 2016.