La tramitación de la Ley General de Educación (LGE) ha tenido la virtud de poner sobre el tapete un ámbito fundamental e insoslayable para pensar el futuro de nuestro país. Es de lamentar, sin embargo, que este proceso que ha culminado en un nuevo cuerpo legal se haya realizado de espaldas a los primeros interesados: […]
La tramitación de la Ley General de Educación (LGE) ha tenido la virtud de poner sobre el tapete un ámbito fundamental e insoslayable para pensar el futuro de nuestro país. Es de lamentar, sin embargo, que este proceso que ha culminado en un nuevo cuerpo legal se haya realizado de espaldas a los primeros interesados: estudiantes y profesores. Ello explica, en parte, una serie de desatinos que ya se detectan en la futura Ley.
Por de pronto, llama la atención aquel aspecto de la LGE que autoriza a cualquier profesional con conocimientos afines para el ejercicio de la profesión docente en las aulas como han propuesto los sectores de derecha. Autorizar a profesionales no formados en el dominio de la educación para ejercer la profesión docente es un acto de arrogancia y de barbarie mercantil que lejos de fortalecer la Educación chilena la denigra. No se puede negar que en los albores del siglo XXI, el estatuto del saber avanza hacia la interdisciplinariedad. Pero es bueno recordar que lo ínter-disciplinario sólo posee sentido en cuanto los saberes se han consolidado en «disciplinas» muy específicas. La Educación, así con mayúscula, es un área del conocimiento que se ha desarrollado por siglos.
Dejar la educación de un país en manos de neófitos no sólo es un argumento reaccionario sino que un acto tan irresponsable como autorizar a los dependientes de farmacias para el ejercicio de la medicina. Dejar que profesionales sin formación pedagógica ejerzan como profesores de aula es, en rigor, aplicar los criterios de una interesada flexibilización laboral. En efecto, la contratación de profesionales no pedagogos, significa, en lo hechos, desconocer al Colegio de Profesores llamado a velar por la dignidad de la profesión.
Los problemas de nuestra Educación ya han sido diagnosticados hasta la saciedad. Nadie puede negar que tras décadas de olvido, los índices de la Educación en Chile son deficitarios, tanto entre los estudiantes de pedagogía como entre los pedagogos en ejercicio. Este estado lamentable, digámoslo, es el fruto de muchos años de negligencia neoliberal que ha convertido la Educación en una mercancía, impidiendo que el Estado asuma un papel protagónico ante tan magna tarea. La Educación chilena es un desastre gracias a las políticas irresponsables y negligentes promovidas por gobiernos inspirados en principios neoliberales desde hace décadas.
La aprobación de la LGE, en los términos en que ha sido propuesta, delata todas las deficiencias de una democracia de muy baja intensidad como en la que estamos sumidos. Una vez más, se pretende legislar «contra» los intereses de los profesores, limitando su espacio laboral, rebajando todavía más los salarios y el ejercicio de la pedagogía. Por este camino no se enriquece la Educación en Chile, no se fortalece la capacitación ni se dignifica un quehacer tan importante para nuestra sociedad. Por el contrario, se abre la puerta a los empresarios de la educación para rebajar sus costes contratando profesionales no especialistas, y por tanto, no colegiados. La LGE, tal como ha sido propuesta es un argumento de derechas para la Educación chilena.