Ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, señalamos: Una vez más el Poder Judicial se equivoca en perjuicio de un valor fundamental: la justicia. Una vez más olvida su rol esencial: hacer justicia. Una vez más se pone fuera de la historia: al denegar justicia. Antes no cuestionaron los atropellos de la dictadura […]
Ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, señalamos:
Una vez más el Poder Judicial se equivoca en perjuicio de un valor fundamental: la justicia. Una vez más olvida su rol esencial: hacer justicia. Una vez más se pone fuera de la historia: al denegar justicia. Antes no cuestionaron los atropellos de la dictadura justificando esa conducta por las condiciones de ilegalidad reinante. Hoy, cuando los procesos avanzan en la determinación de responsabilidades, pretenden cometer el mismo error histórico estableciendo plazos para el cierre de dichos procesos.
La tan manida independencia de Poder Judicial queda una vez mas en entredicho, cuando se hace evidente que las presiones tanto de parte de las FFAA como del Ejecutivo, tuercen lo que se había venido dando en forma paulatina, tal como ha quedado demostrado con el trabajo de los jueces especiales y de dedicación exclusiva, que comprendiendo que los errores de ayer se subsanan en parte con la acción de hoy, han puesto lo mejor de si para avanzar en las causas que por casi tres décadas no fueron investigadas.
Creemos que la «orden» emanada del máximo Tribunal, es cuestionable en cuanto a su legitimidad al obligar a cerrar los procesos en un máximo de seis meses y terminar con los jueces especiales en las causas por violación a los derechos humanos. Ambas medidas solo se pueden enmarcar dentro de otra violación a los derechos de las victimas, el de denegación de Justicia.
Altamente sospechoso nos parece el nivel de intuición desarrollado entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, cuando ambos y aparentemente, por caminos distintos, expresan la necesidad de acelerar los procesos. Por un lado dando un plazo de seis meses y por otro sosteniendo la necesidad de «empalmarlos» con la Reforma Procesal Penal y dando para ello un plazo de no mas de dos años.
La experiencia que nos dan estos más de 30 años, nos indica que nuevamente se intenta poner un Punto Final a la Justicia que tanto nosotros como la ciudadanía espera como ejemplar sanción para los responsables de la detención y desaparición de nuestros familiares. No basta con expresar, con declarar, que esos delitos son inamnistiables e imprescriptibles, si los hechos y las voluntades políticas demuestran lo contrario.
Rechazamos la propuesta de la Corte Suprema por ilegitima, por atentar contra los ofendidos privilegiando a los ofensores. La rechazamos porque esta medida impone un retroceso inexcusable a la labor investigativa. La rechazamos porque es parte de una concertación de opiniones que invalida, cercena y empobrece aún más el sentido de existencia de los jueces.
En medio de tan despreciable medida administrativa, valoramos la posición clara y de principios de los Ministros José Benquis y José Luis Pérez. Con Ministros de esa altura aún podemos mantener la esperanza de una plena realización de justicia en beneficio de una futura convivencia civilizada y democrática. Ellos tienen razón, son los jueces quienes tienen la facultad de resolver sus causas.
El falaz argumento de «dilación de los procesos» argüido por la Corte Suprema no es distinto a la de los militares cuando reclaman el «desfile por los Tribunales». Tanto de la dilación como del desfile son responsables única y exclusivamente los jueces que no cumplen con su deber y los violadores de derechos humanos que mienten y niegan en forma grosera y sistemática.
La sensibilidad que hoy ha desarrollado la Corte Suprema con los victimarios es la que anhelábamos cuando pudieron actuar para salvar la vida de nuestros familiares y es la que anhelamos hoy para seguir sin presiones, temores o conveniencias políticas con los procesos de cada uno de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos hasta el establecimiento de la verdad y la sanción penal que corresponda de acuerdo a la gravedad de los delitos cometidos.
Rechazamos el respaldo entregado, con gran celeridad, por el Presidente Ricardo Lagos a tan deleznable propuesta. Usando sus propios dichos le expresamos que Chile sigue extraviando su rumbo al entorpecer el camino que puede devolvernos la dignidad. El empalme de la causas por violaciones a los derechos humanos había sido descartada por el Ejecutivo hace solo unos días, nos preguntamos entonces ¿a qué presión se cedió para tan brutal cambio?
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos anuncia que interpondrá un recurso de protección en contra del acuerdo de la Corte Suprema por ilegal y arbitrario, si éste es rechazado recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas e impulsaremos una Acusación Constitucional por prevaricación y notable abandono de deberes en contra de los Ministros que respaldaron este acuerdo.
La posición del Ejecutivo nos lleva a iniciar una campaña nacional e internacional con el objeto de impedir que el Ministro José Miguel Insulza asuma la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. No podemos permitir que quien propicia la impunidad, que quien trabajó arduamente para que Augusto Pinochet regresara a Chile estando detenido en Londres, que quien maquiavélicamente articula una ley de punto final, pretenda dirigir una organización que esencialmente debe velar por la justicia.
Reafirmamos que la desaparición de nuestros familiares exige una conducta social y ética de permanente afianzamiento de la justicia. A ello no renunciaremos jamás.
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
Santiago, 26 de enero de 2005