Durante estos días el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez está de visita en Madrid. LLega a España invitado por el gobierno del presidente Zapatero, entrevistándose también con la casa real , dejando un país en una grave crisis humanitaria, económica, política y de violaciones a los derechos fundamentales de los colombianos. Con esta visita […]
Durante estos días el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez está de visita en Madrid. LLega a España invitado por el gobierno del presidente Zapatero, entrevistándose también con la casa real , dejando un país en una grave crisis humanitaria, económica, política y de violaciones a los derechos fundamentales de los colombianos. Con esta visita Uribe pretende primero: reafirmar e involucrar a todos los países de la Unión Europea y en particular España en el conflicto Colombiano para la financiación de su plan de guerra y la segunda fase del Plan Colombia el llamado Plan Patriota, y por otro lado: la legalización e impunidad de los autores de crímenes de lessa humanidad (sus grupos paramilitares), con quien lleva desde hace dos años un falso diálogo, condimentado con una parafernalia publicitaria, en donde los únicos beneficiados son los narcotraficantes, testaferros, sicarios, delincuentes que recogen en sus filas. La situación social es de extrema precariedad y bajo el nombre de democracia, el Estado sigue siendo el principal violador de los derechos humanos. La desigualdad social y la inequidad en la distribución de la riqueza son el principal problema que enfrenta el país. Para el año 2004, el 66 % de los colombianos están en la absoluta pobreza y de estos el 31% vive en la indigencia, en un país de inmensos recursos naturales, agrícolas, minerales y eco-biológicos.
La situación de los derechos humanos es más que preocupante con cifras que hablan por sí mismas: 4.000 personas fueron asesinadas por violencia política durante el año 2.004, 182 fueron desaparecidas y se cometieron 317 masacres, según CODHES en el primer trimestre del presente año/05 la población desplazada fue de 62.000 personas, 24 personas mueren diariamente y 2.100 salieron de Colombia, aumentando el fenómeno que ya genera 3 millones y medio de desplazados forzosos internos y 4,5 millones de colombianos salidos al exterior. La implementación de la política de «seguridad democrática» en nombre de la lucha antiterrorista, ha generado una degradación de la situación de derechos humanos, y en particular la práctica sistemática de detenciones arbitrarias, masivas o individuales, por parte de la fuerza pública, son mas de 6.500 personas detenidas arbitrariamente, algo así como 300 personas detenidas diariamente en su gobierno y cuya característica notoria es que son personas que están en zonas donde están trazados grandes Megaproyectos de las Multinacionales como en Arauca, Chocó-Urabá, Magdalena Medio y Sur del País. Colombia presenta el índice mas alto de sindicalistas asesinados en el mundo, durante el actual gobierno han sido asesinados por lo menos 200 sindicalistas y las violaciones a los derechos humanos de los/as trabajadores han tenido en el presente año (2005) un incremento del 18% con respecto al año 2004.
Hay una paramilitarización permanente del país, la negociación y desmovilización de los grupos paramilitares ha generado gran preocupación en la Comunidad internacional. La Impunidad se confirma durante este proceso: se han cometido mas de 2.000 violaciones (según la FIDH )al «cese de hostilidades» pactado en diciembre del 2002; más aún cuando las fuerzas de seguridad del estado están también involucradas en actos criminales, como la masacre de San José de Apartadó (21 febrero 2005) y muchas otras. Hoy el señor Uribe y su equipo de gobierno junto con 10 paramilitares están denunciados ante la Corte Penal Internacional por crímenes de Lessa Humanidad. No existe una salida política de paz con Uribe ya que los acuerdos con los grupos paramilitares están basados en la impunidad de los responsables de delitos y de crímenes que son cobijados en la mal llamada Ley de «Justicia y Paz» que fue aprobada el pasado 22 de junio/05 por el Congreso de la república con una clara intención de Impunidad por los crímenes cometidos, actitud que generó días atrás el retiro del delegado de Naciones Unidas Sr Yames Le Moyne, al discrepar con esta política.
Hay una marcada política gubernamental de privatizaciones entregando los recursos a las multinacionales, entre ellas españolas como se concreta con Repsol YPF, Telefónica, Endesa, Unión Fenosa, BBVA, Banco Santander CH y otras. Busca a nivel Internacional una nueva imagen porque se encuentra en proceso de reelección electoral del 2006, involucrando a la Comunidad Internacional en las llamadas mesas de donantes o las de cooperación, comprometiendo algunos gobiernos europeos como el de España en reactivar la cooperación militar y judicial según lo planteado en la cumbre de Puerto Ordáz (Venezuela) del pasado 29 de marzo/05 y lo expresado por el ministro de justicia español Juan Fernando López Aguilar el pasado 6 de mayo/05 en Washington cuando afirmó «nos ponemos enteramente a disposición de nuestro aliado estratégico en esta lucha para el refuerzo de la cooperación y aportamos el activo de España en otras esferas», expresiones claras que apuntan a quitar los obstáculos de la inversión de las «pacíficas» multinacionales primordialmente financieras y de servicios en la sangrante tierra colombiana.
Uribe Vélez viene a recoger dinero y cooperación para su guerra porque es el negocio mas rentable después del narcotráfico en Colombia, utilizando todas las artimañas y negando una salida política negociada al largo conflicto social y armado colombiano. Como es de esperar es una visita NO GRATA para los demócratas, los sindicalistas, los colectivos de solidaridad, las organizaciones políticas, de derechos humanos, ONGs, Instituciones y personas que han sido solidarias con el drama de los colombianos. Es una exigencia a la Unión Europea y el gobierno del presidente Zapatero de España en particular el respeto a los derechos fundamentales, el cese de la Impunidad, la solución política negociada al conflicto interno, concretando de inmediato acuerdos y compromisos humanitarios y no compromisos militares que sólo han llevado a aumentar la guerra y las violaciones a los derechos humanos. No queremos una guerra que nos mate, ni tampoco una paz que nos oprima.
Mario H. Calixto
Colectivo Bachué Euskadi
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