El gobierno ha conseguido una inédita unanimidad en el rechazo a su proyecto de reforma de la educación superior, luego de dar a conocer una minuta con sus fundamentos y de enviar enseguida al Congreso -precedido por un discurso de la presidenta en cadena nacional- el proyecto que ha erizado las relaciones con la educación […]
El gobierno ha conseguido una inédita unanimidad en el rechazo a su proyecto de reforma de la educación superior, luego de dar a conocer una minuta con sus fundamentos y de enviar enseguida al Congreso -precedido por un discurso de la presidenta en cadena nacional- el proyecto que ha erizado las relaciones con la educación universitaria.
Los rectores de universidades estatales se oponen porque el proyecto «busca consolidar la mercantilización del sistema de educación superior (…) de aprobarse reafirmaría un modelo existente sólo en Chile, basado en el financiamiento con fondos estatales del mercado universitario privado».
Los rectores de universidades privadas no tradicionales, bastiones del modelo mercantil en educación, también están en desacuerdo con el proyecto de reforma. Argumentan que provocará el desfinanciamiento y disminuirá la calidad de la enseñanza. El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, portavoz de las universidades privadas no tradicionales con rol público, califica el proyecto de «estatista» y califica de insuficiente la subvención para estudiantes de bajos ingresos en carreras de alto costo.
Gabriel Iturra, vocero de los estudiantes de universidades privadas en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), critica las profundas diferencias de aranceles en los planteles para una misma carrera. Y subraya que la reforma mantiene el lucro y el predominio de la educación privada.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc), Daniel Gedda Nuño, señala su desacuerdo con la propuesta reforma del gobierno y advierte que el movimiento estudiantil seguirá manifestando su protesta de diversas formas. Dice Gedda que la Confech rechaza la forma y fondo de la propuesta del gobierno, partiendo por las diferencias sobre educación pública y gratuidad. «Ante esa realidad nos seguiremos movilizando cada vez con más fuerza para colocar nuestras demandas en la mesa y presionar a la casta política para que legisle en favor de las necesidades del movimiento social por la educación», dice el dirigente.
Por lo visto, se expresan muchas voces contra el proyecto de reforma. ¿A qué se debe?
«Este año nuevos actores del movimiento estudiantil han fortalecido su diversidad, desbordando sus propios márgenes. Se han añadido al movimiento universidades privadas que fueron símbolos de la educación mercantilizada, como las universidades Andrés Bello o Santo Tomás. Todas estas fuerzas hemos confluido en un solo frente de movilización.
No hay grandes diferencias entre nosotros, aunque nos movilicemos con banderas algo distintas; nos sentimos parte de una misma resistencia al modelo de mercado en la educación superior. Lo que hacen las universidades privadas cuando se movilizan es exigir marcos regulatorios que pongan a sus centros de estudio en buen pie, así como el sector más tradicional de las universidades está por el fortalecimiento de la educación pública, y los estudiantes secundarios por abrir un camino en esa misma dirección.
Más que diferencias, estas diversas demandas muestran la riqueza y coherencia del movimiento contra el modelo de mercado en la educación; expresan nuestra propuesta central de educación pública, gratuita y de calidad. Queremos un marco regulatorio potente para las universidades privadas, el fortalecimiento de la educación pública y un financiamiento que abandone las lógicas de mercado que lo rigen en todos sus niveles».
DEMANDAS ESTUDIANTILES
¿Cuántas demandas estudiantiles están incluidas en la propuesta del gobierno?
«El proyecto tiene grandes titulares, pero poco contenido. Nada se propone para concretar un cambio del paradigma educativo en Chile, como por ejemplo, mayor democracia en los planteles y una matrícula pensada sobre la base de las necesidades del país y no del mercado. Se habla de terminar con el lucro y de más herramientas de fiscalización, pero no dicen si el lucro será tipificado como delito y deja la puerta abierta para que los empresarios sigan lucrando en los centros de formación técnica e institutos profesionales. La propuesta de gratuidad del gobierno no plantea fórmulas claras de financiamiento, no abandona la lógica de competencia entre planteles, no establece una fecha de término para la educación pagada e insiste en el financiamiento individual de los estudiantes».
¿Cómo se expresan las propuestas estudiantiles en la Universidad Católica?
«A nuestra universidad le cuesta movilizarse en torno a las grandes demandas nacionales y nos sumamos tarde a los procesos de cambio. Eso se explica en parte por la composición socioeconómica de los estudiantes de la UC, que es precisamente algo que buscamos cambiar. Pese a este factor social, los estudiantes de la UC se están movilizando hoy más que antes. Los días 9 y 10 de junio tuvimos un paro en la mayoría de las carreras y estamos conversando con la rectoría un petitorio coherente con las propuestas del movimiento estudiantil.
Queremos avanzar en la democratización, entendida como la participación de la comunidad universitaria en sus órganos colegiados, en la elección democrática de autoridades y mejorar las condiciones laborales del personal, incluyendo a los subcontratados.
También sostenemos un diálogo constante con estudiantes del Duoc, aunque ellos deben desarrollar sus procesos de organización y politización. Compartimos su demanda básica de devolver el significado original del Duoc, en concordancia con el planteamiento del ex rector Fernando Castillo Velasco, de conectarlo con las necesidades de desarrollo técnico-profesional del país. Esperamos confluir en una confederación de estudiantes que nos agrupe a todos».
¿Qué piensa del diálogo con el gobierno?
«Hay que definir los términos bajo los cuales se va a dialogar, entendiendo que nuestra fuerza negociadora emana de la capacidad de movilización. No estamos representados en el espacio institucional, donde solo se expresa una casta política movida por grandes intereses económicos y marcada por la corrupción. Vamos a conversar con el gobierno y con los actores parlamentarios en la medida en que ellos decidan tomar una senda de transformación del modelo educativo. Lo central para nosotros es dialogar sobre la base de las demandas que la ciudadanía viene apoyando».
LOS DERECHOS DEL PUEBLO
El gobierno justifica su renuncia a promesas de campaña electoral con la crisis económica…
«El derecho a una vida digna incluye buena educación, salud, trabajo o pensiones, y no puede estar supeditado a los vaivenes de la economía mundial. Para lograr este propósito es necesario cambiar las prioridades, aumentar los impuestos a los ricos y generar nuevas fuentes de recursos. Las reformas no deben estar sujetas al chorreo de ricos a pobres ni al funcionamiento coyuntural de la economía. El país no puede esperar otros veinte o treinta años para que los jubilados reciban una pensión digna. La mayoría sobrevive con cien mil pesos o menos al mes. Tampoco podemos aceptar que los estudiantes acumulen deudas de treinta millones de pesos para obtener títulos que no los habiliten para encontrar un trabajo digno.
Nuestro modelo político y económico privatizador ha olvidado los derechos de la gente y no está dando el ancho para cubrir las necesidades básicas de la población. Llegó el momento de plantearse una alternativa de desarrollo, asunto que lamentablemente no es parte de las preocupaciones de los actores políticos institucionales. Reorientemos el destino de los fondos disponibles y terminemos con mecanismos como el Crédito con Aval del Estado (CAE), que copan el 35% del presupuesto de educación; hay que reorientar esos fondos hacia mecanismos que permitan financiar estudios sin endeudamiento y fuera del mercado bancario.
Que Chile reciba un royalty de solo 3% por la extracción de sus recursos mineros es una falta de respeto a la dignidad nacional. Las multinacionales se llevan nuestra riqueza no renovable sin ni una sola retribución social y esa situación la replican las pesqueras y las forestales. Una minoría, menos del 1% de la población, acumula en Chile el 30% de la riqueza. Esto es extremadamente injusto e indignante».
VIOLENCIA EN LAS MOVILIZACIONES
J. J. Brunner y Ernesto Ottone afirman que la dirección del movimiento estudiantil se alejó de sus bases.
«A estos intelectuales orgánicos de la Concertación les digo que si nosotros tenemos una desafección con nuestras bases, ellos deben mirar ante todo la infinita distancia que la Nueva Mayoría tiene con los intereses y sentimientos de la sociedad en general. Al gobierno y al Congreso les encantaría tener los porcentajes de aprobación con que cuenta el movimiento estudiantil.
En Chile la política está alejada de lo social. Acercar a estos dos mundos disociados debiera ser una tarea fundamental para los que tenemos un compromiso político. Las demandas de la ciudadanía no coinciden con las prioridades ni con la agenda de las instituciones. En algunos momentos el movimiento estudiantil también ha pecado de esa falta, realizando propuestas que lo alejan de sus bases y de la ciudadanía. Esa realidad la estamos corrigiendo de manera paulatina y este año hemos dado pasos importantes para que los dirigentes estudiantiles actúen como piensan sus bases y considerando lo que quiere la ciudadanía. Ciertas acciones y discursos alejan al pueblo de nuestra causa, pero con nuestras prácticas queremos demostrar que no estamos en eso. Cuando ocurrió la destrucción de una imagen en la Gratitud Nacional, por iniciativa de la Feuc realizamos una liturgia por la educación, para decir a todos los que se sienten identificados con la figura de Cristo que el movimiento estudiantil no está contra sus creencias.
A la violencia hay que condenarla, pero no con el discurso cínico e hipócrita de la derecha. El movimiento estudiantil debe hacerse responsable de ciertos actos de violencia que atentan contra las personas o la propiedad privada. Si queman un auto en una manifestación -como ocurrió en 2011- hay que reparar el daño causado a los afectados».
¿Hay consenso en la Confech sobre cómo enfrentar la acción de encapuchados?
«Esas son personas que no encuentran en la sociedad actual incentivo alguno para ser parte de ella. Entendiendo el malestar que expresa la conducta del encapuchado, ante un sistema que le cierra las puertas y alimenta su desesperación, a los estudiantes no nos corresponde erigirnos en grupos de choque y disuasión. Deben ser las fuerzas policiales las que se hagan cargo de prevenir estas situaciones, para que la gente pueda movilizarse de manera pacífica.
Ciertas actitudes violentas no justifican la acción de los entes represores del Estado contra los movimientos sociales. Muchos compañeros han sufrido atentados a sus derechos humanos de agentes policiales que los han torturado. A nuestros compañeros y compañeras a diario se les golpea, desnuda y agrede de distintas formas en su dignidad cómo personas. En diversas instituciones se viola la libertad de conciencia y el derecho a disentir. En el Internado Nacional Barros Arana (Inba) despidieron a dos profesores por solidarizar con los estudiantes. En la Utem, para evitar una nueva toma, las autoridades del plantel contrataron guardias privados armados. Estas son señales de que al sistema no le basta con la represión ejercida por el Estado, sino también recurre a la violencia privada para mantener sus posiciones de poder.
Exigimos una revisión profunda de los procedimientos policiales y pensamos que es indispensable que las fuerzas armadas y de orden reciban una formación en derechos humanos y en historia de Chile, impartida por entes externos a esas instituciones. A veces me pregunto si las autoridades están esperando que muera un estudiante en estas represiones para actuar».
LA CASTA POLITICA
SE CAE A PEDAZOS
¿Cuál es el papel de la Izquierda en este periodo?
«Rescatamos las banderas de una Izquierda que en cierto momento de la transición a la democracia desapareció. En la Nueva Mayoría hay organizaciones políticas que se consideraron revolucionarias, pero que terminaron acomodadas al modelo de libre mercado. Nosotros todavía pertenecemos a una matriz ideológica y política transformadora y creemos que los cambios se hacen de la mano con el pueblo, usando vías institucionales y extra institucionales, para instaurar derechos sociales básicos garantizados para toda la población.
Vemos cómo la vieja casta política se cae a pedazos, cruzada por la corrupción. El ‘partido del orden’ intenta salvar algo a través de figuras como la del ex presidente Ricardo Lagos. Por otra parte, las fuerzas transformadoras no hemos madurado lo suficiente para constituirnos en alternativa. En la Izquierda no debemos ser mezquinos: tenemos que buscar procesos amplios de unidad, aunque tengamos divergencias secundarias. Aplaudo la salida de Revolución Democrática del gobierno y también lo que está haciendo Gabriel Boric en el movimiento autonomista por esa necesaria unidad. Es fundamental crear nuevas alternativas que promuevan la acción masiva contra el sistema».
Publicado en «Punto Final», edición Nº 855, 8 de julio 2016.