La V Asamblea de trabajadores y trabajadoras por la paz reunida en Bogotá durante los días 24 al 26 de Noviembre 2011, con la presencia de representaciones sindicales y sociales de todo el país, deliberó activamente alrededor de Solución política del conflicto y los acuerdos humanitarios, los impactos de la prosperidad democrática, la paraeconomia y […]
La V Asamblea de trabajadores y trabajadoras por la paz reunida en Bogotá durante los días 24 al 26 de Noviembre 2011, con la presencia de representaciones sindicales y sociales de todo el país, deliberó activamente alrededor de Solución política del conflicto y los acuerdos humanitarios, los impactos de la prosperidad democrática, la paraeconomia y el Genocidio del movimiento sindical.
En Colombia se impuso la idea según la cual la democracia y la paz serían posibles a través de la llamada Política de «Seguridad Democrática», lo cual condujo a la militarización de la sociedad y a una práctica institucional abiertamente criminal. En virtud de ella fue impuesto el ejercicio autoritario del poder en desmedro de las formas democráticas.
A pesar de la apariencia conciliadora inicialmente mostrada por Santos, se ha ido desnudando su política radical de tierra arrasada. En vez de «la llave de la paz» lo que ha operado hasta ahora es el cerrojo de la Guerra. La decisión del presidente Santos es persistir en un desenlace militar del conflicto interno en lugar de una solución pacífica, vía del diálogo y la negociación; insiste en las mismas condiciones y exigencias a la guerrilla, sin aportar la voluntad oficial en esa dirección, cuando buena parte de la degradación del conflicto también es atribuible al Estado cuya naturaleza violenta es evidente. Estamos convencidos que la salida política negociada al conflicto social y armado interno exige reconocimiento político de las partes y gestos recíprocos.
Estamos frente a un escalamiento de la guerra y el reencauche del Plan Colombia. La obsesión oficial es la victoria militar, entendida como decapitación de la insurgencia que exhibe el triunfalismo como argumento de legitimidad. Al mismo tiempo que se crea una «Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, cuyo fin es afirmar la impunidad, y se otorgan nuevas concesiones al militarismo como el restablecimiento del fuero militar en la ley de reforma a la justicia. Se desata una persecución política a quienes trabajan por la paz, los derechos humanos y contra las organizaciones populares y de oposición.
La asamblea rechaza la aleve agresión del gobierno al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y exige garantías para el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Nos mostramos alarmados por el hecho de que durante el gobierno del Presidente Santos han sido asesinados 100 líderes sociales, entre ellos reclamantes de tierras y 23 sindicalistas.
Ahora el establecimiento gestiona un marco jurídico para la paz, con la pretensión de un sometimiento de la insurgencia a la justicia, proyecto en el cual seguramente cabrían posibles indultos a militares responsables de crímenes de lesa humanidad y favorabilidades de penas a parapolíticos y altos funcionarios involucrados en delitos de Estado.
Se aprobó recientemente en el Congreso la ley de víctimas y restitución de tierras, medida que en general no satisface las expectativas de las víctimas, porque no se reconoce la responsabilidad del Estado de los crímenes de lesa humanidad y, sobre todo, porque es una ley cuyo desarrollo se pretende en medio del conflicto y con la permanencia del fenómeno paramilitar. El campesinado colombiano viene reclamando de tiempo atrás una reforma agraria democrática. Una perspectiva de paz cierta pasa por modificar la tenencia y la concentración de su propiedad en pocas manos.
Durante los últimos meses hay positivos gestos de voluntad política y humanitaria de las FARC y el ELN en que se reitera la disposición de diálogo y de lograr la paz.
Con las movilizaciones recientes como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, el Encuentro de Comunidades campesinas, indígenas y afros de Barrancabermeja y el reciente Congreso por tierra y territorio de Cali cobra nueva fuerza la iniciativa por la paz desde la propia base popular. Saludamos la articulación de diversas expresiones organizativas y de movilización en Comosocol. Las luchas de los obreros petroleros, palmeros, mineros, del magisterio señalan un nuevo momento en la idea de enfrentar la nueva esclavitud del siglo XXI, Las multitudinarias marchas de la juventud estudiantil demuestran que algo está cambiando en el espíritu de presencia de los jóvenes con su inteligente modo de neutralizar la provocación policial y ejercitar nuevos métodos de acción. Nuestro llamado urgente a todas estas dinámicas sociales es que confluyamos en un solo torrente por la solución política del conflicto y las transformaciones reclamadas por la sociedad.
La V Asamblea de trabajadores y trabajadoras por la Paz le propone al país:
Levantar con fuerza la política de paz democrática y un diálogo entre las partes enfrentadas que debe empezar por la voluntad de estas para abordar un proceso de paz, concretar compromisos humanitarios para la liberación de los rehenes y de los 8 mil presos políticos hacinados en las cárceles del país e iniciar conversaciones con un cese bilateral del fuego. Es indispensable que haya un verdadero diálogo sin condiciones para la negociación en el objetivo de una paz digna para los insurgentes. Exigimos al Gobierno renunciar a la idea de la paz de los vencidos y encaminarse por un diálogo útil y constructivo. Proponemos retomar los mecanismos de facilitación nacional o internacional, que incidan positivamente, para los acercamientos, el mantenimientos de los contactos y el dialogo. En procesos anteriores el acompañamiento internacional ha sido positivo.
Sugerimos retomar las agendas de los anteriores procesos con las Farc y el ELN ajustándolas a las actuales realidades y posibilidades, enriqueciéndolas con las propuestas de los diferentes sectores sociales. Sería importante propiciar una gran Coalición de las Iniciativas de Paz para una Campaña Nacional por la solución política negociada y las reformas que plasmen en la realidad una verdadera justicia social y la democratización real del país.
Una política de paz debe avanzar a una reforma agraria democrática, una política minera y de hidrocarburos soberana y que beneficie el interés colectivo del país. Una ley de verdad, justicia y reparación auténtica, la eliminación de normas represivas como el estatuto de seguridad ciudadana y reconocer los derechos y libertades de los trabajadores y la oposición; Rescatar los recursos del presupuesto que se desviaron hacia la guerra para que fortalezcan la educación pública y la salud de los colombianos. Develar el entramado de las empresas nacionales y multinacionales con los crímenes del paramilitarismo. el desmantelamiento inmediato de los aparatos criminales de la ultraderecha y las medidas que permitan cambiar las costumbres políticas impuestas por el régimen a lo largo de tantos años y dar paso a una democracia avanzada. Esta V Asamblea le deja planteado al país que nos encontremos de nuevo en un solo escenario unitario de la nacionalidad y en la movilización social que va tejiendo ideas y propuestas articuladas en la construcción de caminos de diálogo y paz con justicia para vivir dignamente.
Fuente: http://prensarural.org/spip/spip.php?article6862