Desde hace un año, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió poner tres peajes en el área metropolitana del Urabá antioqueño, para realizar carreteras 4G, un comité de iniciativa ciudadana empezó una investigación para demostrar la improcedencia de estas casetas que afectarían la economía de los urabaenses. Los tres peajes están dentro de los […]
Desde hace un año, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió poner tres peajes en el área metropolitana del Urabá antioqueño, para realizar carreteras 4G, un comité de iniciativa ciudadana empezó una investigación para demostrar la improcedencia de estas casetas que afectarían la economía de los urabaenses.
Los tres peajes están dentro de los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo y Necoclí. «Las casetas de techo azul para peajes deben estar a 80 Km una de la otra. Aquí tenemos una de 25 Km, otra de 38,5 Km. Los municipios están a 20 minutos uno de otro», dice Jaime Urrea, miembro del comité de iniciativa ciudadana. Entre Medellín y Arboletes quedarían siete peajes.
A diario, más de 60 mil personas se mueven entre estos cinco municipios, la mayoría hacia Apartadó que es la zona central y donde van los trabajadores, estudiantes a las universidades y donde están las clínicas especializadas.
La ANI ha realizado en el sector de Urabá una inversión superior a los 467 mil millones de pesos a través del proyecto Transversal de las Américas con el objetivo principal de desarrollar obras de rehabilitación, segunda calzada y variantes entre el sector de El Tigre y Necoclí.
El lunes 1 de enero empezaron los cobros de los peajes para la terminación y el mantenimiento de la Transversal. El precio del peaje tendrá una tarifa especial para los habitantes de la zona, que en caso de la categoría 1 pasa de $8.100 a $3.900, sin embargo algunos pobladores dicen que han debido pagar la tarifa completa porque no se han registrado y deben cumplir múltiples requisitos. Y los precios continúan en la categoría 2: $8.800, categoría 2 especial: $5.800, hasta la categoría 7 que valdría $26.000.
De movilización pacífica a disturbios
Desde el 27 de diciembre de 2017 la iniciativa ciudadana convocó a movilizaciones. Antes de eso, el 28 de octubre en Apartadó se congregaron comerciantes, transportadores, campesinos e indígenas para protestar en contra de los peajes y pedir su reubicación fuera de la zona bananera. Debido a estos cobros, el 3 de enero iniciaron un paro cívico indefinido.
Este comité empezó a andar los municipios afectados y a indagar si las verdaderas necesidades de la gente eran los peajes, pero reafirmaron algo que ya sabían y es la falta de inversión social en la región. «Desde finales de enero del 2017 empezamos todo este debate, a presentar propuestas serias, hemos sido juiciosos. Vemos que el descontento no radica en la instalación de las casetas de recaudo, sino en los lugares donde están localizadas», afirma Jaime Urrea.
En la comunidad de Riogrande, entre Apartadó y Turbo, por ejemplo, donde está ubicado a 400 metros uno de los peajes, hay casas de madera, techos de plástico, sin acueducto ni alcantarillado, una sola vía pavimentada y cuando llueve todo el caserío se inunda.
Los conductores han expresado su indignación por el pago de estos nuevos peajes porque han tenido que aumentar el valor de los pasajes y gran cantidad de gente se ve afectada.
«Es un paro cívico histórico porque ya no son los actores armados sino el pueblo quien decide movilizarse para que sea incluida en los programas de desarrollo de manera coherente. El gobernador ha dicho que los peajes en el Urabá solo los pagan los ricos y que los que están protestando ni siquiera carro tienen», dice Jaime Urrea.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, en una rueda de prensa dice: «Vamos a tener presencia de Policía y Ejército en la zona, no permitiremos que cierren las vías y las empresas transportadoras que no salgan a prestar el servicio recibirán de inmediato sanciones», lo que Urrea cree que es una respuesta desafiante e incendiaria: «El gobernador no nos ha recibido. Urabá no se siente representada por la Gobernación ni se siente Antioquia. Se propone que Urabá-Darién sea el departamento 33. Si Antioquia no puede con las necesidades del Urabá, que lo liberen para que se convierta en un departamento viable con todas las potencialidades que tiene y dejemos de estar pidiendo limosnas a la Gobernación».
El primer día del paro todo transcurrió pacíficamente, pero al segundo día algunos habitantes de Chigorodó y Turbo quemaron llantas y se enfrentaron al Esmad, donde murió un ayudante de bus. Este hecho indignó más a la gente y toda la región saltó a las carreteras, saliéndose de las manos al comité ciudadano. Ellos en un comunicado, el 5 de enero, dicen que levantan el paro cívico porque los desórdenes públicos no hacen parte de la protesta. Dicen que seguirán con acciones jurídicas.
Aun así los transportadores y comerciantes siguen con el cese de actividades y los enfrentamientos con el Esmad aumentan y también la rabia de la gente. La caseta de Riogrande fue incendiada. Las alcaldías de Carepa y Chigorodó fueron ocupadas y destruidas. Una patrulla de la Policía, varias motos y carros fueron quemados. En tres días de protesta dos personas perdieron la vida y quedaron decenas de heridos.
«Los peajes fueron el detonante y la punta del iceberg de lo que todos veían pero nadie se atrevía a enfrentar por perder la zona de confort que dan los altos salarios, el aire acondicionado y la ostentación social. Nuestra región se convirtió en un polo de desarrollo negociado desde otras instancias y otros intereses que fueron enfermando al Urabá con la inequidad, la falta de oportunidades, empleo digno», dice con tristeza Jaime Urrea.
Gobierno en contra del pueblo
Desde el inicio del paro, las palabras del gobernador de Antioquia pusieron en alerta a la comunidad y sobre todo la llegada del Esmad. Los medios de comunicación al servicio del capital son los encargados de replicar declaraciones irresponsables que hace la institucionalidad. Por ejemplo el ministro de Defensa dice que «el crimen organizado del Clan del Golfo está al frente de la protesta con enmascarados para hacer asonadas», o la secretaria de Gobierno de Antioquia dijo que eran menores de edad los que estaban haciendo daños o gente que no es del Urabá.
«El Gobierno departamental y nacional intentan sabotear la protesta pacífica y organizada de la comunidad urabaense contra esos abusivos peajes que nos han puesto dentro del Eje Bananero. El pueblo ha despertado y ha tomado acciones legales. Las empresas de transporte están enviando comunicados donde amenazan a los conductores con despidos masivos. La secretaria de Gobierno dijo que este era un paro de bandas criminales y se equivocó porque aquí se encontró con un pueblo indignado», dice Sergio Monsalve del comité de iniciativas ciudadanas.
Luis Eduardo Gutiérrez, vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, dijo a los medios que no era posible la reubicación de los peajes. «Esto es debido a que si lo hacemos, nos veríamos expuestos a un desequilibrio en el contrato, que generaría una causal de inviabilidad del mismo».
Después de la realización de un consejo de seguridad extraordinario entre los municipios, el Gobierno departamental y nacional decidieron hacer toque de queda y ley seca en la región del Urabá. Los cobros de los peajes se suspendieron.
«Mientras el Urabá quiere superar el pasado, el Gobierno nacional, en complicidad con el gobernador de Antioquia en un acto de soberbia o de causas que la comunidad desconoce arrinconan la región obligándola de manera irresponsable a volver a su pasado de paros como protesta al abandono al que hemos sido sometidos», dice Jaime Urrea.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22574