Inclusión del núcleo familiar de la víctima en el acompañamiento psicosocial, más calidad en la intervención terapéutica y recursos económicos fijos mejorarían la atención
Eva Quintero
Reinel Barbosa Cajica sobrevivió a un accidente de minas que ocurrió el 22 de marzo a las 5:30 de la tarde en la vereda El Diamante, del municipio La Uribe (Meta)i.
Reinel es coordinador de la Red nacional de organizaciones de sobrevivientes de minas antipersonal, municiones sin explotar, artefactos explosivos improvisados y personas víctimas con discapacidad.
Esta red creada en diciembre de 2013 reúne a nueve organizaciones, en nueve departamentos de Colombia. Sus objetivos son, entre otros, visibilizar la situación de los supervivientes de minas antipersonal, exigir la restitución de sus derechos, obtener la reparación administrativa, la atención para las víctimas y las prótesis que necesitan.
La red posibilita la interacción entre personas en municipios lejanos y la obtención de información con rapidez. Además defendió el derecho a la pensión para víctimas del conflicto armado, con más del 50% de pérdida de la capacidad laboral, y, el pago, por parte de Colpensiones de la valoración de la junta regional de calificación de invalidez cuyo costo no podían asumir los supervivientes. «Esto no lo hemos hecho solos, todo es trabajo con otras personas y organizaciones», aclara Reinel.
Edwin Darío Villanueva, promotor regional del Proyecto apoyo a víctimas por mina antipersonal en el Sur de Colombia, iniciativa de Caritas Alemana, ejecutado por la Pastoral Social de Caquetá, conoce la red y su activismo.
En Caquetá el proyecto está pendiente de las ayudas humanitarias, la asistencia para los supervivientes y ofrece educación en el riesgo por minas antipersonal.
Caquetá ha sido uno de los departamentos más afectados por la siembra de minas antipersonal. Entre los años 2000 y 2013 ocupó el tercer lugar entre los departamentos con más minas, después de Antioquia y Metaii y, el tercer lugar con mayor número de accidentes, 9%, entre 1990 y el 14 de diciembre de 2015iii.
Por esta razón, el trabajo de la Pastoral Social en Caquetá es constante. «Hemos localizado 34 líderes este año, los cuales han sido capacitados en educación en el riesgo, prevención, atención y lo hemos complementado con capacitación en primeros auxilios básicos», señala Edwin.
Estas personas multiplican la información en sus comunidades a través de una capacitación con dos talleres, ocho lecciones, que es ofrecida a grupos de 10 personas.
Los líderes y lideresas organizan los talleres en la Inspección de Puerto Nuevo Zabaleta, jurisdicción del municipio de San José del Fragua, en la Inspección de la Unión Peneya, jurisdicción del municipio La Montañita, y en el casco urbano del municipio de Curillo. El propósito es sensibilizar acerca de este riesgo inminente.
¿Pero cómo seleccionar las comunidades en un departamento como Caquetá que ocupa el tercer lugar en cantidad accidentes con minas en su territorio? Deben llegar a los sitios con mucha sutileza y explicar que su labor es capacitar a la población civil en prevención de accidentes y declarar su neutralidad como Iglesia Católica.
«Esperamos que la comunidad quede tocada y ellos mismos hagan incidencia con el actor armado no estatal porque lamentablemente acá hay que pedir permiso y eso es un hecho», asegura Villanueva.
No han podido llevar la capacitación a sitios que son estratégicos para las Farc pero esperan que la situación cambie con el proceso de paz. «Esperamos que en este proceso, como va, se abran las puertas -indica Edwin- y tengamos un poco más de acceso a estos sitios para darle a conocer a la gente estos temas porque el problema de las minas antipersonal es el desconocimiento».
Otro factor que dificulta esta labor es la expectativa de recibir algo por participar en los talleres pues las personas están más dispuestas a participar cuando se trata de un proyecto productivo, de algo económico, pero no para recibir información.
«Esa ha sido una de las barreras para poder llegar a la comunidad porque son comunidades que han sido muy… cómo decirlo -piensa Edwin- manoseadas por todos los programas gubernamentales y hasta muchas instituciones no gubernamentales que hacen acción con daño, que trabajan con victimización».
Al preguntarle a Edwin si esa educación en prevención incluye el componente psicosocial y la salud mental de los afectados responde: «Eso es muy complejo. No mas en la ruta de atención hay unos vacíos enormes. Si va a empezar el desminado humanitario ¿lo van a hacer con inversión social, cuál es esa inversión social? El desminado no es solo coger un terreno, sacar las minas y limpiarlo».
La Pastoral Social en Caquetá promueve un enfoque integral para responder alas necesidades de los supervivientes. «Comenzamos nosotros a construir la ruta y desde al año pasado. Bien o mal, los hospitales han venido atendiendo a las víctimas, ¿Mejor? No lo podemos saber pero sabemos que están dentro del centro hospitalario. Para no duplicar servicios, los psicólogos hacen la atención dentro de la institución y cuando les dan la salida iniciamos nosotros.
«¿Qué sucede? La parte de salud mental que ofrece el Estado para las víctimas de minas antipersonal, la considero nula, es decir, que dos veces las haya visto en el hospital en los ocho días de la emergencia. Pero de ahí a que las EPS obliguen al paciente a continuar o le digan a su casa va a ir un psicólogo, no existe», enfatiza Edwin Villanueva.
Sin embargo, hay ocasiones en que los supervivientes rechazan la atención psicológica debido a sus necesidades económicas y porque están insatisfechos con el trato de algunos profesionales.
«Es que los psicólogos en Colombia empiezan a preguntarle: qué le pasó, cómo le pasó. Entonces no sé si es para ganar confianza o qué, a mí me parecía era como el chisme, el amarillismo, como que no se saca nada de eso. Yo fui a dos o tres citas de psicología y simplemente empezaba a decir que estoy bien, que no me pasa nada. Pero luego lo experimentaba de otra forma -recuerda Reinel- cuando yo estaba sólo me decía: ¿yo qué hago? No tengo trabajo, no tengo plata, entonces son emociones encontradas. Si hubiera una forma mejor de llegar, si hubiera como más credibilidad en la institucionalidad, una forma mejor de ganar la confianza del individuo se podría llegar más profundo».
Vacíos en la atención psicosocial
A pesar de los esfuerzos que se hacen para dar respuesta a las necesidades de las víctimas de minas antipersonal persisten algunos vacíos que deben ser superados. «La ruta está incompleta. En el departamento de Caquetá se ha encaminado hacia la atención prehospitalaria, hospitalaria, la entrega de prótesis y chao, no hay un acompañamiento, que haya un abogado asignado, no hay», precisa Villanueva.
Un aspecto que no contempla la ruta es a la familia del superviviente. A los niños que corren a esconderse debajo de la cama asustados al ver a su papá sin una pierna y a las mujeres que cuidan de sus esposos tras el accidente.
«¿Qué pasa con los hijos, las compañeras? La cuidadora queda a cargo en el hogar, cuida de la otra persona en casos de discapacidad, nadie se ha ocupado de ellas. En su base de datos no esta el núcleo familiar, casos de niños con problemas de seguridad alimentaria, se deben cubrir los núcleos familiares», opina Luz Stella Navas, coordinadora de asistencia a víctimas de la Campaña Colombia contra minasiv.
Para aquella persona que se encarga de quien sufrió la amputación, o cualquier otro tipo de discapacidad, es una carga emocional grande y necesita acompañamiento pero la ley no lo contempla.
Desde 2007, la Pastoral Social en Caquetá ha atendido aproximadamente 110 personas con una profesional en psicología; necesitarían por los menos tres profesionales, y más dinero para hacer un trabajo más continuo.
«Debería hacerse más incidencia desde la parte gubernamental que asigne recursos para lo psicosocial y la atención sea como debe ser, todos los recursos vienen para desminado humanitario, lo psicosocial no lo tienen en cuenta, no hay psicólogos ni proyectos para que vayan a esas comunidades, para que hagan ese trabajo como debe ser», enfatiza Villanueva.
Es importante que los psicólogos vayan a donde vive la víctima porque al ingresar a su casa, observan su entorno, el trato con la familia y pueden contrastar esa realidad con lo que expresa en el consultorio; además porque estas personas tienen dificultades, físicas y económicas, para trasladarse a donde están los profesionales.
Carlos Lópezv, es un superviviente de minas antipersonal que ha recibido el acompañamiento de la Pastoral Social y, especialmente, el apoyo de su familia; su hermana, su madre y su padrastro.
Pisó una mina en el año 2008, en el departamento del Meta, donde era agricultor y ganadero. Se desplazó a Caquetá. Estudió zapatería y tiene un pequeño negocio, desde hace un año, y sobrevive…
«La Pastoral ha sido todo para nosotros en lo de psicología a pesar de que esa responsabilidad le toca a la alcaldía y la gobernación; a ellos no les importa la vida de las víctimas, que la pastoral no nos apoyara a nosotros, estaríamos aguantando hambre. La pastoral nos ha capacitado, el gobierno no se mira por aquí.
«En cambio un militar cae en un mina, lo pensionan, tiene casa, indemnización. Un militar cae en una mina, lo pensionan… ellos son los que deben caer en un campo minadovi, uno no tiene por qué sufrir esas consecuencias de la vida. Sufre la familia (…) la parte económica es muy dura», afirma Carlos.
Al preguntarle qué lo motivó a hablar con la psicóloga explica: «En Bogotá dije: no voy a hablar con psicólogos. Y vine a Florencia y me encontré con Lina, la psicóloga, y yo dije: ¡Yo con psicólogos no quiero hablar! -recuerda- Pero Lina fue al hospital y me dijo: ¡Vamos y verá que hablaremos bien bacano! Me metieron allá en el consultorio, de ahí pa cá fue muy bacano».
¿Por qué cambió la disposición de Carlos para hablar? En Bogotá estaba muy afectado, recién accidentado, su pareja lo abandonó y no quería que nadie le hablara. En Florencia se había recuperado físicamente, estaba más abierto a recibir atención psicológica; luego de ese acompañamiento y su trabajo como zapatero, Carlos está listo para ayudar a quien lo necesite.
Franciney Chaux, es otro líder de Caquetá. Sobrevivió a un accidente con minas antipersonal, el 24 de febrero de 2002vii, entre el municipio de la Montañita y el Paujil, el mismo día que secuestraron a Íngrid Betancourtviii.
Era empleado de Servientrega y recuerda el hecho de esta manera: «Llegué a un retén de las Farc, en ese momento estaban secuestrando a Ingrid Betancourt. Sentí ganas de orinar y me bajé del carro y a tan solo cinco metros de la orilla de la carretera pisé la mina. Una integrante de la guerrillaix fue a auxiliarme, una mujer, ella cayó en otra y sufrió amputación bilateral. El actor armado sacó una pistola, la quemóx. A mí me canalizaron, ellos cargaban medicamento, me preguntaron qué tipo de sangre era» .
Lo más duro fue el encuentro con su familia, verse amputado. Sin embargo, él y sus familiares han luchado; se casó con su compañera, hace dos años, y juntos se consideran sobrevivientes.
En su opinión, sobreviviente no es solo quien pisa la mina sino la familia, la comunidad. «En el lugar donde yo me accidenté el Ejército encontró 67 minas», asevera.
Ante su nueva realidad, él no se quedó de brazos cruzados. Hace 12 años realiza acciones integrales contra las minas y es uno de los fundadores de la Asociación de Víctimas de Minas antipersonal (MAP) y Municiones sin explotar (MUSE) de Caquetá.
Esta iniciativa empezó con 28 personas, al ver las dificultades que todos enfrentaban, hoy son 68. «El trauma para los sobrevivientes es muy triste versen amputados. El caso del niño de la Unión Peneya, en una clínica, él me decía: présteme su prótesis para irme a estudiar y yo lloré», recuerda Franciney.
Hombro a hombro trabajan él y Norbey Chavarro Guzmán, presidente de esta asociación de víctimas del Caquetá. Norbey nació en San Vicente del Caguán hace 28 años y era agricultor cuando pisó una mina.
Era un joven callado. Desconocía que tenía aptitudes para el liderazgo pero después del accidente, que ocurrió cuando tenía 18 años, se convirtió en un activista.
El suyo ha sido un proceso largo y difícil pero le ayudó reflexionar acerca de lo que deseaba hacer con su vida después del accidente. Ahora es también miembro de la Mesa de Víctimas de San Vicente del Caguán.
Con dedicación y esfuerzo han logrado que más supervivientes participen en esos espacios. «Uno no quisiera que volviera a caer nadie en un campo minado. Me duele mucho -comenta Norbey- cuando escucho que cayó una persona en un campo minado».
Norbey está contento porque este año se legalizaron ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Cámara de Comercio. Su objetivo es llegar a la Secretaría de Salud y que se haga seguimiento a las personas afectadas, desean organizar proyectos independientes, que generen calidad de vida, y buscar empleos.
En la Secretaría de Salud departamental de Caquetá trabaja María Paula Cortés, psicóloga y referente de víctimas. Ella es consciente de las fallas que existen en la atención a víctimas de minas antipersonal.
«Hay un programa de atención psicosocial que inició el año pasado, en noviembre y diciembre, y este año en el mes de junio pero es insuficiente la respuesta y la capacidad que tiene el departamento para poder dar el acompañamiento y atender este tipo de casosxi desde el área de salud mental -dice María Paula- desde el área psicosocial entonces no es la pertinente ni la que se esperaría en respuesta a las víctimas (…) Si bien entendemos que es una responsabilidad de todos, muchas veces se quedan en las intenciones pero nos falta mucho para alcanzar el nivel de respuesta que necesitan las victimas para ser atendidas con la pertinencia del caso».
Otra dificultad que señala la funcionaria es la falta de respuestas a nivel nacional, escasez de recursos, el difícil acceso a algunas áreas, para poder salir a las veredas e ingresar cuando hay accidentes por minas.
No obstante reconoce los esfuerzos. «Para mejorar en áreas rurales de Caquetá qué se está haciendo: se está trabajando fuertemente con las alcaldías para que desde las alcaldías haya una apropiación del tema de las víctimas porque desde la gobernación se fijen presupuestos (…) para que se atienda de manera directa y los servicios psicosociales lleguen donde están las víctimas, para llegar a lugares apartados.
«Ahora que ya tenemos un plan de acción territorial (…) hay identificación y trabajo compartido para que las víctimas puedan tener acceso en servicios en salud de manera inmediata y que podamos robustecer al departamento con esos equipos Papsivi. Este año sólo están en Florencia, el año pasado sólo estuvimos en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Florencia, pero por recursos, que se disminuyeron a nivel de Fosyga,xii -explica María Paula- tuvimos un bajón importante y sólo quedamos con Florencia, es difícil prestar la atención como se quisiera». Por eso esperan que con los planes de acción territorial se desarrollen acciones contundentes, se dé la continuidad a los servicios y haya presupuesto fijo.
En el manejo de la situación de los supervivientes de minas antipersonal, no existe un enfoque diferencial de género. La población de mujeres se maneja desde la ruta de atención, que consta de cinco etapasxiii, y que está diseñada para la población en general.
Este es otro de los puntos a mejorar en la atención, además: «Articular esfuerzos con las entidades que son las encargadas de garantizar el ámbito de salud mental -opina Dalys Silgado- que permita fortalecer y ampliar las estrategias que se vienen adelantando al espectro de las víctimas de MAP, MUSE y AEIxiv, según sus necesidades y los contextos en los que desenvuelven las víctimas».
Afectaciones físicas y emocionales
Suficientes recursos económicos, acceso a lugares remotos, equipos psicosociales móviles y atención especializada se requieren para que estas personas superen los daños emocionales.
Hay personas que muestran niveles importantes de resiliencia. Jóvenes y niños tienen niveles de aceptación más altos de la discapacidad física y superan las dificultades.
Algunas de las afectaciones más comunes entre los supervivientes son la baja aceptación del accidente, la negación, trastornos del sueño, trastornos de ansiedad y pesadillas.
«Yo personalmente hay cosas que no he podido superar, las reconozco y sé que debo empezar a trabajar. Por ejemplo, mi accidente fue en la noche, me cuesta viajar de noche, me da pánico; a veces cierro los ojos, me estoy quedando dormido y escucho el ruido del explosivo. Yo supongo que les pasará a muchos», manifiesta Norbey.
Él tiene una observación con respecto al acompañamiento que se les ofrece. «Le ponen el psicólogo cuando ocurren el accidente, en el hospital, pero es con el pasar del tiempo que uno se da cuenta de que hay una falencia psicológica. Seis meses después, un año, se da cuenta que necesita un psicólogo.
María Paula Cortés, referente de víctimas de la Secretaría de Salud de Caquetá, está de acuerdo. «Lo hemos conversado con la Pastoral, pensamos que es necesario que haya un tiempo de reconocimiento de lo que les acaba de acontecer. La adaptabilidad no sólo física, cuando un miembro sea amputado, sino a nivel mental. Todo esto que les ocasiona en cuanto a la adaptabilidad, es un proceso que va paso a paso y que al momento de abordarlos de manera inmediata, por parte de las instituciones, no se logra el impacto que se quisiera en esa atención psicosocial en el área de salud mental».
Las amputaciones no son las únicas lesiones provocadas por las minas antipersonal, éstas causan además limitaciones auditivas y visuales. No es fácil para los supervivientes aceptar esa doble condición: víctima del conflicto y persona en situación de discapacidad.
«En esta perspectiva, la discapacidad incide en las diferentes esferas del individuo, desde el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana -afirma Dalys Silgado- pasando por la incidencia en su salud mente-cuerpo, hasta la interacción y relacionamiento con su la familia, la comunidad y la sociedad».
Esto le sucedió a Reinel después del accidente. «Yo sentía que ahora era nadie, no sabía ni para dónde ir ni qué hacer y cómo me iba a mirar la gente. Lo primero que a mí me pasó es que yo no estaba relacionado con el mundo de la discapacidad. Cuando yo me veo así, mi vida es un caos pero en el tiempo que duré hospitalizado, que fueron 32 días, en el Hospital Departamental del Meta hubo 27 amputados por las minas antipersonal. Fue como empezar a decir: no soy el único».
Reinel empezó a conversar con la gente y su núcleo familiar siempre estuvo muy cercano. Las redes familiares, sociales y el apoyo institucional permiten que estas personas sigan adelante con sus proyectos de vida, superen el trauma y se adapten a su nueva condición.
«En la víctima directa lo que más se evidencia es la afectación en la autoestima por la pérdida de uno de sus miembros, el cambio de rol en la relación de autoridad con sus hijos y la afectación de la sexualidad de la pareja,», explica Lina Taborda, psicóloga del Proyecto de apoyo a víctimas de minas en el Sur de Colombia.
Otros presentan cambios de estado de ánimo, duelos no muy bien elaborados por la preocupación de recibir la prótesis y no cerrar ciclos; y hay personas, que requieren apoyo psiquiátrico.
«Tuvimos un caso clínico de estrés postraumático de una madre que perdió a sus dos hijos y se sentía culpable de ello. La acompañamos tres meses, de acompañamiento seguido y no avanzaba. Tuvimos que remitirla al hospital María Inmaculada a psiquiatría», declara Taborda.
Gracias a la labor que ha desarrollado el equipo de la Pastoral Social, esa madre fue atendida por el área de psiquiatría en un tiempo menor y se encuentra bien.
Cuando las prótesis no se ajustan a las personas esto causa irritabilidad entre los supervivientes. «Empieza a molestar, a maltratar y eso me genera impaciencia, dolor -asegura Reinel- en la medida en que pasa el tiempo y yo no obtengo una respuesta efectiva se convierte en un problema mayor. Definitivamente es un tema que no se ve, es psicológico, no es visible».
El impacto ocurre en el individuo, la familia y la comunidad. «Es trauma para la comunidad y nadie habla de eso. El vecino ayuda al perjudicado. Ese recuerdo vive ahí por el resto de la vida, la gente piensa: ¡Aquí puede haber una mina! Es un problema que le afecta demasiado a la comunidad, sobre todo cuando son miembros de la comunidad muy apreciados, lastima demasiado a los demás. Hace falta hablar de ese tema y prevención, conocer sitios peligrosos», explica Edwin Mauricio Vargas.
Edwin Mauricio Vargas es el padre de un niño que fue víctima de una mina antipersonal, días antes de cumplir los cinco años de edad junto a su abuelo y un tío, el 30 de septiembre de 2010, en la vereda El Edén del tigre de San Vicente del Caguán.
«Yo vivo en la finca, no me desplacé. Vivo donde ocurrió el evento y no fue fácil volver donde uno tuvo un accidente. Mi hermano -recuerda Edwin- no quería volver al sitio donde ocurrió esto».
Apoyo entre pares
Al preguntarle a Edwin Mauricio qué tipo de acompañamiento ha recibido contesta que la Pastoral Social y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) han estado pendientes de la recuperación de su hijo.
Él tiene otras observaciones acerca de los profesionales en psicología, que atienden a los supervivientes de minas: «No le ha tocado este tema de un sobreviviente del conflicto armado, resulta ser más curioso, quiere que uno le cuente la historia. ¿Cómo le pasó, cómo es eso, cómo fue la explosión? Le causa curiosidad el evento mas no ofrece la atención. ¿Porque él qué le va a decir, si no lo ha vivido».
Lina María Taborda, quien trabaja con víctimas de minas antipersonal desde el año 2007 conoce los casos del hijo de Edwin, Carlos, Franciney y Norbey. La Pastoral Social apoya a los supervivientes y a sus familias.
En el hospital hay un psicólogo y un trabajador social que se encargan de las personas. Cuando salen, la Pastoral los contacta con quienes sobrevivieron el mismo hecho y ellos se convierten en orientadores de las nuevas víctimas.
«Ellos se encargan de ir a la alcaldía para que nos den el certificado de víctimas, acompañarlos a poner la denuncia. Ellos ya vivieron como es ser sobreviviente de minas -afirma Lina- y saben dónde deben tocar puertas, dónde no, conocen la ruta. Al nuevo sobreviviente le genera confianza».
Este apoyo entre pares ha sido recibido positivamente por las nuevas víctimas. Y para evitar que este acompañamiento fracase los escogen cuidadosamente.
«Ellos están en las comunidades y se enteran de los casos. Desde el 2007 hemos conocido muy bien quién tiene habilidades, quiénes se encuentran recuperados y ellos no van solos», aclara Lina.
Acciones en otras ciudades
Mientras el proyecto de atención del Caquetá continúa, en Valledupar (Cesar) Jaime Campillo Navarro realiza un trabajo humanitario con supervivientes de minas. Lidera la Fundación Social Esperanzas de Paz y Bendiciones, de carácter social y humanitario, cuyo objetivo es, entre otros, conseguir recursos para ayudar a esta población.
Es socorrista voluntario, de la Cruz Roja del Cesar, y técnico en acciones educativas para la acción integral contra las minas antipersonal del Senaxv. «Esta población no conoce sus derechos, mucho menos saben que pueden reclamar atención psicosocial; a nivel nacional, hay un documento que se llama la atención psicosocial para la atención de víctimas de minas antipersonalxvi pero acá no se conoce», enfatiza Campilloxvii*.
Campillo acompaña a las personas cuando llegan a Valledupar, ayuda a que se registren en la Unidad de Víctimas, les habla sobre la ruta de atención, para exigir sus derechos y redacta derechos de petición, si es necesario.
En Bogotá, Álvaro Jiménez, coordinador nacional de la Campaña Colombia contra minas, hace incidencia en instituciones gubernamentales y coordina trabajos con organizaciones de supervivientes.
«Nosotros hacemos incidencia pública, en el plano nacional, departamental, local, con asociaciones de víctimas, promoviendo que se conozcan los derechos, sin pretender ser las voces de ellos -afirma Álvaro- realizamos procesos de acompañamiento a sobrevivientes. Estamos migrando a dos cosas: a que las organizaciones se fortalezcan y, de otro lado, a mejorar la calidad del discurso, el conocimiento técnico; además, formamos educadores, y promovemos la integración como herramienta para atender a población en situación de discapacidad».
Por su parte, la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, responsable de la coordinación y regulación de la Acción Integral contra Minas Antipersonal en Colombia, trabaja con las víctimas y las autoridades del ámbito nacional, y territorial, frente a la garantía de los derechos de las víctimas de MAP, MUSE y AEIxviii.
«El trabajo que desarrolla la Dirección se concentra en la orientación de las víctimas de MAP, MUSE y AEI frente a los diferentes derechos y a las medidas de atención, asistencia y reparación. Lo anterior implica el seguimiento, acompañamiento y orientación en términos de sus derechos y deberes, instancias competentes y procedimientos para generar la de exigibilidad y garantía de sus derechos. La Dirección no desarrolla estrategias específicas y especializadas de atención psicosocial, en virtud de que no hace parte de su misión y experticiaxix«, aclara Dalys Cecilia Silgado, asesora de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.
En opinión de Reinel Barbosa el trabajo debe ir más allá de las víctimas de minas antipersonal. «Es para las víctimas de discapacidad en el marco del conflicto armado porque no solo somos nosotros porque como se está haciendo la atención psicosocial, la víctima es la que está yendo a buscar ese servicio, no la buscan. Las personas que no tienen los recursos suficientes para salir a buscar al profesional pues prefieren vivir con su rencor, con su odio, con su pena, con todas las cosas que lo cargan emocionalmente que ir a buscar un psicólogo».
Reinel propone continuar con la labor de los pares, que brindan apoyo y genera identificación con esa persona que ha vivido la misma experiencia: «Eso no reemplaza al profesional si no que complementa, es una forma de generar afinidad y confianza», explica.
Finalmente afirma que es importante hablar de las mujeres. «Están muy ocultas no se quieren dar a conocer por la misma condición en que se encuentran, los esposos las dejan y tienen problemas diferentes de los hombres, hay más machismo en las áreas rurales que es donde más sobrevivientes de minas hay».
Notas:
i En dos semanas empezará desminado humanitario en Mesetas, Meta http://caracol.com.co/radio/2015/11/02/nacional/1446503971_117347.html
ii La explosiva herencia de la zona de distensión. http://www.hchr.org.co/acnudh/index.php?option=com_content&view=article&id=4989:la-explosiva-herencia-de-la-zona-de-distension&catid=73:conflicto-armado&Itemid=91
iii Víctimas de minas antipersonal http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx
iv Campaña Colombia contra minas http://www.colombiasinminas.org
v Nombre cambiado a petición del entrevistado.
vi A las minas antipersona se las conoce como el soldado perfecto porque nunca duermen, nunca descansan y no necesitan comer. Una vez colocadas las minas no discriminan. Quintero, Eva. Las minas antipersona enemigos de la vida. Fundación para el tercer mundo. Ediciones octaedro. Junio 2000. Página 8.
vii Del Caguán para Cuba
viii Revelan secretos del secuestro de Íngrid Betancourt http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1923054
ix En esta entrevista de Yamid Amat uno de los detectives que acompañaban a Íngrid Betancourt, cuando la secuestraron, cuenta su versión sobre lo ocurrido ese día. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1923054
x Al preguntarle a Pastor Alape miembro y vocero de la delegación de paz de la Habana, respondió: Hablé con Joaquín y dice que no tiene reportes sobre el hecho (…) y que, cómo se le va a ocurrir a un guerrillero rematar a un herido, que la sola pregunta le incomoda.
xi «Las IPS son las encargadas de Prestar los Servicios en Salud a nivel físico y de Salud Mental, y deben brindar la atención de manera permanente, las citas son asignadas de acuerdo a la disponibilidad de los especialistas por cada IPS y la garantiza la EPS; es decir que sí en el territorio no se encuentra se debe remitir a otra ciudad o departamento dependiendo el nivel de priorización. Actúa en todo tiempo porque son los garantes de la Salud. Aunque existen ONG y otras Instituciones, las directamente responsables son las EPS e IPS», explica María Paula Cortés, referente de víctimas de la Secretaría de Salud del Caquetá.
xii El Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) es una cuenta adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social manejada por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia, cuyos recursos se destinan a la inversión en salud. http://www.fosyga.gov.co/AcercadelFOSYGA/QuéeselFOSYGA/tabid/103/Default.aspx
xiii http://www.accioncontraminas.gov.co
xiv http://www.accioncontraminas.gov.co/prensa/Documents/PLEGABLE_ASISTENCIA_VICTIMAS.pdf
xvi http://www.accioncontraminas.gov.co/prensa/Documents/PLEGABLE_ASISTENCIA_VICTIMAS.pdf También ver http://www.ysilavictimafuerastu.com/victimas/pasos.html
xvii Según Cantillo, en Cesar no se consigue información sobre minas en las alcadías si no que proviene de Bogotá. En el Cesar hay minas en 16 municipios, de los 25 municipios, es decir, 64% del territorio.
xviii http://www.accioncontraminas.gov.co/prensa/Documents/PLEGABLE_ASISTENCIA_VICTIMAS.pdf
xix La instancia competente para el desarrollo de atención psicosocial como estrategia especializada, desde la Ley 1448 de 2011, es el Ministerio de Salud y Protección mediante el Programa de Atención Psicosocial y salud Integral a víctimas (Papsivi). La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas (UARI) desarrolla la Estrategia de Recuperación Emocional para atención psicosocial especializada ya que cuentan con equipos específicos y expertos en este tipo de intervención.
Fernanda Sánchez Jaramillo, periodista, maestra en relaciones internacionales y trabajadora comunitaria.
@vozdisidente
Sexta entrega de la serie salud mental y conflicto gracias a la beca del Centro Carter. Minas antipersonal y salud mental.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.