Urgen garantías de no repetición en los territorios

La 14ª. Delegación Asturiana de verificación de DDHH en Colombia constata incumplimientos en la implementación de los acuerdos de paz y falta de garantías para la dirigencia social

1. La 14 Delegación Asturiana de verificación de Derechos Humanos en Colombia agradece a las organizaciones que han preparado su agenda de trabajo [1] y a las entidades e instituciones que aportaron datos y valoraciones para la realización del 14 informe asturiano sobre Derechos Humanos en Colombia. Nuestra felicitación por el tejido social y organizativo que ha logrado auto-preservarse pese a la persecución en medio de una guerra que no termina.
2. Resaltamos la importancia del Acuerdo para la terminacion del conflicto con las FARC, cuyos efectos positivos se reflejan en la reducción de las dinamicas de violencia y del numero de muertos, secuestrados y desplazados en algunas regiones. A la par se ha incrementado el conflcito social por la inequidad y la exclusion agravados por el modelo economico.
3. Nos preocupa la situación de los derechos humanos en las regiones visitadas: Arauca, Casanare, Urabá, La Guajira, Buenaventura, Tumaco, Valle y Cauca. Los testimonios y documentos señalan una grave persistencia de las amenazas de muerte, ataques y asesinatos impunes de líderes y lideresas sociales, cometidos en áreas controladas por la fuerza pública y por los paramilitares, extendidos ahora a nuevas regiones. Estos ataques sistemáticos en épocas llamadas de post-conflicto son la continuidad de la persecución a muerte contra las comunidades, organizaciones y liderazgos opuestos a la inequidad, a la exclusión, a la expansión de la minería, las hidroeléctricas y en general, a la extracción desmedida de recursos y a la acumulación por despojo.
4. Muy grave resulta el reclutamiento de jóvenes por los grupos paramilitares en San José de Apartadó (más de 50 jóvenes en los últimos meses) en Tumaco y Yopal. Las comunidades en Arauca, Cauca y Tumaco están preocupadas por la expansión de grupos armados que copan las regiones abandonadas por la antigua guerrilla de las Farc sin que la fuerza pública actúe de manera eficaz para impedirlo y en ocasiones actuando en alianza con ellos. La responsabilidad de este panorama recae sobre el Gobierno y el Estado colombiano que no escucha a las comunidades, ni atiende recomendaciones, ni actúa de manera eficaz para desmantelar el paramilitarismo que hoy se expresa a través de aparatos criminales que se autodenominan Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas, Ejército Anti Restitución, etc.
5. El Estado tampoco ha cumplido parte sustancial de los Acuerdos de La Habana suscritos con las Farc. Es grave que no se cumpla con el punto 1 del Acuerdo, Reforma Rural Integral, que es la base para cumplir el punto 4 sobre solución al problema de las drogas ilícitas. No basta con una compleja estructura institucional sin resultados. Urge acordar con las comunidades la sustitución de cultivos ilícitos y concretar desde el gobierno los proyectos productivos alternos. De lo contrario, continuarán la expansión de dichos cultivos y el poder corruptor del narcotráfico.
6. Tampoco hay garantías para la vida de la dirigencia social y política de oposición. La llegada de la 14ª Delegación Asturiana coincidía con el atentado contra el candidato presidencial Gustavo Petro en Cúcuta. En la Comunidad de Paz de San José Apartadó los paramilitares forzaban a reuniones a los habitantes de las veredas en una zona copada por el Ejército Nacional y amenazaban con entrar a la zona humanitaria a asesinar a los dirigentes campesinos, lo que obligo a nuestra Delegación a pernoctar en la Comunidad de Paz. El 9 de marzo, pocas horas después de que visitáramos la finca La Emperatriz, era herido en un atentado el ex gobernador indígena del resguardo de Huellas- Caloto, Nelson Pacué.
7. Nuestra Delegación expresa el repudio al asesinato de Mario Castaño y Hernán Bedoya en los territorios colectivos del Curvaradó a finales del año pasado. Instamos al gobierno a cumplir los acuerdos que suscribió con la dirigencia social de la zona referidos a: Protección de líderes, acciones sobre los 47 sitios con presencia y control paramilitar, justicia para los asesinos y cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional y de otros jueces que ordenan la restitución de las tierras usurpadas con violencia a las comunidades negras. Es muy grave que la fuerza pública de Urabá, se niegue a cumplir órdenes de las autoridades civiles que les piden acompañar el desalojo de las fincas para devolverlas a las comunidades negras en cumplimiento de sentencias de jueces de la república.

8. La delegación proviene de un territorio -Asturias- al que llega carbón colombiano para sustituir al carbón autóctono. La visita a La Guajira ha permitido constatar que el carbón arrancado por el consorcio El Cerrejón tiene un coste muy alto para las comunidades indígenas wayúu que sufren la devastación social y ambiental, hambre y sed por el robo del agua, el despojo territorial, enfermedades y desconocimiento de sus derechos, incluido el de la consulta previa. El mineral transportado en ferrocarril (Yoruja, El Diablo), incrementa el impacto ambiental. La gran minería deja graves consecuencias medioambientales en muchos territorios del país, lo que pudimos comprobar en Arauca y Casanare con responsabilidad de las petroleras Equión y Occidental.

9. Coincide la presencia masiva del ejército nacional en Tumaco, Buenaventura, Casanare, Arauca, Apartadó y el Cauca, con la inseguridad y los ataques mortales a la dirigencia social. Constatamos que el gobierno destina muchos efectivos de la fuerza pública a la protección de empresas extranjeras y desampara a la población local y a la dirigencia social amenazada de muerte, como ocurre en El Morro/Yopal donde la policía solo protege a la petrolera Equión, y en El Cerrejón, donde la fuerza pública protege al consorcio multinacional y deja actuar a los paramilitares contra las comunidades indígenas del pueblo wayúu. El modelo de desarrollo basado en la explotación a sangre y fuego del territorio está vigente en el período del post-acuerdo de paz con las FARC.
10. No hay garantías para la vida de centenares de líderes sociales amenazados de muerte en zonas como Uraba, Curvarado, sindicalistas de CUT y defensores de los derechos humanos.
11. Nos preocupa la dramática situación de la población de Buenaventura donde prolifera la miseria y el despojo de los terrenos de bajamar y el asesinato de líderes tan importante y de tanto arraigo como Temístocles Machado, del que, según las denuncias, sacaran provecho las empresas navieras y portuarias. Preocupa la seguridad de los obreros de la sociedad portuaria que votaron la huelga en recientes fechas y ya han recibido amenazas.
12. El gobierno colombiano no ha cumplido con las cláusulas de derechos humanos laborales y sindicales contemplados en los Tratados de Libre Comercio, como el Plan Obama-Santos. Recibimos denuncias graves de trabajadores de la agroindustria palmera y bananera en Urabá en donde se impide la afiliación sindical despidiendo a los obreros que se sindican y en donde impone la contratación laboral generando desigualdades salariales, ausencia de medidas de salud, seguridad y donde se evaden responsabilidades patronales por accidentes de trabajo. Esto se nos denunció en relación con la mina El Cerrejón y por los corteros de caña de azúcar en el Valle del Cauca, entre otros.
13. La 14ª. Delegación Asturiana visito zonas de concentración de excombatientes de las FARC y recibió informes del incumplimiento del gobierno a los planes y proyectos productivos para la reincorporación a la vida civil, contemplados por el Fondo Fiduciario de la Unión Europea, enredados en una maraña burocrática imposible de superar. Hay preocupación porque el 31 de marzo se les acaban los suministros de alimentos y los servicios de salud a las personas desmovilizadas. Preocupa a las Farc el atraso en los proyectos productivos y el que los recursos de la Unión Europea se gestionen a través de multinacionales de la cooperación. Los excombatientes denuncian sentirse presos en las zonas de concentración, sin seguridad, sin garantías, pues entre 38 y 50 exguerrilleros y familiares han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de Paz, algunos de ellos en el marco de la campaña electoral, la cual no han podido desarrollar debido a esta situación.
14. La 14ª. Delegación Asturiana expresa su satisfacción ante la reanudación de los diálogos entre el gobierno y el ELN en Quito, e insta a las partes a acordar un cese bilateral e indefinido del fuego y de las hostilidades con el ELN, así como a abrir los diálogos con el EPL.

Nuestra Delegacion insta al gobierno colombiano a cumplir los Acuerdos suscritos con las FARC entendiendo que la PAZ es uno de los mas importantes derechos de las personas.

La 14ª Delegación Asturiana ha estado compuesta por

Tania Gonzalez Peña. Europarlamentaria.
Carlos Meana. Abogado laboralista.
Xana Sarah. Asamblea Moza d’Asturies.
Raquel González. Ingeniería Sin Fronteras.
Marco Antuña. Sindicalista.
Álvaro Villegas. Asamblea Moza d’Asturies.
José A. Gutierrez. Investigador Universidad de Dublín.
Diego Díaz. Asesor Parlamento Europeo.
Javier Orozco. Coordinador Programa Asturiano DDHH.
Javier Arjona. Soldepaz Pachakuti.