El pasado 4 de abril el Comandante Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN que desarrolla diálogos exploratorios con el Gobierno del presidente Santos, envió un saludo de respuesta a varias organizaciones colombianas que impulsan la paz y la participación de la sociedad en el proceso de paz, y en ella entre otras cosas […]
El pasado 4 de abril el Comandante Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN que desarrolla diálogos exploratorios con el Gobierno del presidente Santos, envió un saludo de respuesta a varias organizaciones colombianas que impulsan la paz y la participación de la sociedad en el proceso de paz, y en ella entre otras cosas les dice:
«En la mesa de conversaciones hemos estado tratando desde los primeros momentos, el tema de la participación. Pero valga decirlo, al terminar este primer ciclo, no ha salido ningún acuerdo al respecto. Porque el gobierno ha condicionado cualquier avance sobre la participación, a una imposición unilateral sobre el tema de las retenciones, no obstante que este punto está contemplado para acordarse en la submesa sobre «acciones y dinámicas humanitarias».
El gobierno, en esta ocasión, una vez más ha decidido romper con la bilateralidad propia del proceso y regresar a las imposiciones y a la unilateralidad, olvidando que en el proceso actúan dos partes y que «todo ha de ser acordado y nada impuesto».
Esta conducta del gobierno asumida por su delegación en la mesa, no es nueva, es la continuidad de una postura de imposición que se evidenció ante la opinión cuando luego del 30 de marzo de 2016 ya firmados los acuerdos contenidos en la agenda y conocidos públicamente, el presidente Santos declaró al país que la mesa de Quito solo se instalaría si el ELN renunciaba a la práctica de las retenciones y liberaba a las personas que tuviese retenidas, cuando la discusión de éste y otros asuntos que son modalidades o prácticas de las partes, es el quinto punto de la agenda bilateral acordada en largas jornadas de discusiones y sobre la que hoy se desarrollan los intercambios y se buscan acuerdos.
El ELN reitera que no acepta imposiciones y éstas solo alimentan desconfianzas no solo por nuestra parte sino por todos aquellos que en Colombia se la juegan por una paz sin imposiciones con transparencia, por la democracia, la justicia, equidad social y la soberanía.
Con este espíritu y en aras de la objetividad el Comandante Pablo Beltrán clarificó en una de sus últimas declaraciones en Quito que el ELN acoge el Derecho Internacional Humanitario y lo que se hizo en el comunicado conjunto de Quito fue reafirmarlo de nuevo.
Desde hace más de 20 años, mucho antes de que el gobierno colombiano aceptara acogerse al Derecho Internacional Humanitario, el ELN lo ha asumido y esto se puede constatar en sus documentos públicos y sobre todo en sus actividades.
Como lo hemos dicho en diferentes momentos, somos una fuerza alzada en armas, que ejercemos el derecho a la rebeldía y en tal sentido desconocemos la legislación colombiana; así mismo tenemos nuestra propia legislación por la cual nos regimos en nuestras actividades y cuando uno o unos de sus miembros trasgreden esta legislación interna se someten a sanciones establecidas en nuestros códigos disciplinarios.
Dicha legislación ha sido sometida a un proceso permanente de mejoramiento y práctica en más de medio siglo de actividad revolucionaria a través de sus eventos democráticos, y por ello no es el gobierno quien debe señalarnos lo que debemos hacer o dejar de hacer.
Como rebeldes nos sentimos con el derecho de financiar nuestras actividades revolucionarias y parte de ellas se seguirán haciendo con la tributación de quienes han amasado sus capitales, explotando al pueblo y en muchos casos recurriendo a prácticas ilegales como la corrupción (la estafa, el robo al erario público), el narcotráfico, etc.
Los gobiernos colombianos están comprometidos y denunciados de manera constante en prácticas ilegales tales como el terrorismo evidenciado en el auspicio, respaldo y connivencia con el paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción; carecen de autoridad moral para plantarle o darle lecciones de ética a los revolucionarios.
Sus planteamientos son el fruto de garantizar su seguridad en el poder, el blindaje a sus capitales y al capital transnacional; si les interesara la seguridad social no actuarían de espaldas a las mayorías, parte integral de la sociedad que de manera oportunista invocan en sus demagógicos discursos.
Los reclamos, denuncias, y cuestionamientos del gobierno, ante el accionar militar del ELN, no son más que su conducta de doble moral, porque mientras se ufana de su accionar contraguerrillero y se deleita mostrando como trofeo los cadáveres de los guerrilleros cuando tiene la oportunidad de hacerlo, utiliza los medios de comunicación para denunciar el accionar insurgente que es fruto de nuestra respuesta a sus acciones punitivas y criminales.
Así mismo, fue el gobierno el que impuso la condición de dialogar en medio del conflicto, a pesar de que de forma permanente el ELN y diversas organizaciones y personalidades en el país y el exterior, hemos reiterado la urgencia de un cese al fuego bilateral ya.
La paz requiere de menos retórica y más medidas efectivas que desmilitaricen la vida ciudadana.
El ELN acudirá al segundo ciclo de diálogos con el gobierno a comienzos del mes de Mayo, a buscar que de acuerdo a lo pactado, se inicie cuanto antes la participación de la sociedad y a reiterar la urgencia de un cese bilateral del fuego como manera práctica de generar un clima de alivio humanitario para el desarrollo del proceso de paz.