El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, vive sus horas más bajas desde que accedió al poder en 2002. A la vergonzante rectificación pública del miércoles sobre la violenta actitud policial contra la protesta indígena, ayer se le unieron tres sucesos en cadena que dejaron su gestión de la llamada Seguridad Democrática a la altura del […]
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, vive sus horas más bajas desde que accedió al poder en 2002. A la vergonzante rectificación pública del miércoles sobre la violenta actitud policial contra la protesta indígena, ayer se le unieron tres sucesos en cadena que dejaron su gestión de la llamada Seguridad Democrática a la altura del barro.
El más grave, sin duda, fue la explosión simultánea de seis artefactos en diferentes puntos de la capital colombiana que dejaron un balance de 16 heridos de poca importancia. Lo peor para el presidente es que estos atentados sembraron el pánico en una población capitalina a la que Uribe prometió «blindar del terrorismo callejero».
En los últimos cinco meses, Bogotá ha sufrido tres atentados indiscriminados
Los hechos le contradicen. En los últimos cinco meses, Bogotá ha sufrido tres atentados indiscriminados que han sumido a su población en la zozobra de los tristes recuerdos de los años noventa, cuando el narco Pablo Escobar campaba por sus respetos.
Aunque sin víctimas mortales, la nueva ola de violencia comenzó en junio con cuatro explosiones en centros concurridos de la capital y continuó en julio con el incendio premeditado de seis autobuses urbanos de Bogotá. Hubo una veintena de heridos.
Sin autoría
Queda la duda de la autoría. Entonces, las Fuerzas de Seguridad no culparon a grupos de narcotraficantes ni a paramilitares emergentes. Tampoco a las temibles FARC. La versión oficial es que fue obra de una organización desconocida bautizada con el nombre de Red Urbana Antonio Nariño.
Pero ahora corre el rumor de que los 16 ataques simultáneos de ayer no pueden ser obra de aficionados sino de un grupo terrorista cualificado. Las bombas coinciden con la revuelta indígena contra el Gobierno, que el domingo llegará a Cali, y con la parálisis que asuela a la Justicia desde hace varias semanas. El dedo de Uribe apunta a la guerrilla.
«Siempre que le van las cosas mal al presidente surge algo que le devuelve la popularidad perdida», asegura a Público un político colombiano en activo. En esta ocasión lo tiene más dificil. El miércoles se destapó una grave conspiración urdida por el controvertido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia contra el portavoz del izquierdista Polo Democrático, Gustavo Petro.
Según los informes revelados, el escándalo del espionaje salpica al coordinador de Asuntos de Inteligencia Política, Jaime Fernando Ovalle, quien ordenó a los directores de las diferentes secciones hacer un seguimiento exhaustivo al senador Gustavo Petro «y de otros miembros de su partido». Las pruebas desveladas son tan incuestionables que la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, presentó el jueves su dimisión irrevocable y Uribe la aceptó encantado.
Petro señaló ayer que «no sé si la decisión la tomó la directora del DAS, aunque yo creo que no dio la instrucción. Incluso tampoco la tomó el presidente Uribe. Pero sí hay que saber quién dictó la orden en las altas instancias del Gobierno».
Su caso es la última acusación contra el Gobierno por presuntas prácticas ilícitas que acaba en los tribunales. El penúltimo llegó el jueves tras la difusión de las imágenes de la CNN en las que la Policía dispara indiscriminadamente contra la marcha indígena en la que murieron tres personas. Ayer el presidente reaccionó al desagradable trago de rectificar en público su primera versión -«no hubo disparos policiales»- con una oferta de diálogo.
«Espera tener una constructiva conversación el domingo en Cali», dijo su portavoz. Daniel Piñacué, líder indígena, respondió que «le exigiremos compromiso y respeto».
Efecto rebote contra la política de mano dura
Corte Suprema
El 26 de julio, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordena la revisión de la reforma constitucional que permitió al presidente Uribe optar a su reelección. Esta orden se produce tras la comprobación judicial de la compra de votos por parte de sus aliados en el Congreso en un proceso conocido como ‘Yanispolítica’, por la confesión de la senadora Yanis Medina.
Arresto de Valencia
El 25 de septiembre es detenido en Medellín Guillermo León Valencia, hermano del ministro colombiano de Interior y Justicia, Fabio Valencia, bajo la acusación de tener vínculos con paramilitares y con el narcotraficante más buscado del país, ‘Don Mario’.
Protesta indígena
El 13 de octubre se pone en marcha una protesta indígena contra la política del Gobierno colombiano. Al principio son 8.000 los nativos movilizados pero a los pocos días esta cifra se incrementa hasta los 12.000. Denuncian un reparto desigual de las tierras, «expropiaciones forzadas y violencia paramilitar». Un policía dispara contra la marcha que inician hacia Cali y mueren tres personas.
Espionaje a la oposición
El miércoles se destapa una red de espionaje del DAS a la oposición de izquierda en Colombia. Tras el escándalo, la directora del organismo es forzada a dimitir.