El ultraderechista expresidente Álvaro Uribe, férreo opositor del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y acusado de fuertes vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico, enfrenta una investigación por manipulación de testigos en su calidad de senador, que ahora lo lleva a juicio por los delitos de soborno y fraude procesal, […]
El ultraderechista expresidente Álvaro Uribe, férreo opositor del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y acusado de fuertes vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico, enfrenta una investigación por manipulación de testigos en su calidad de senador, que ahora lo lleva a juicio por los delitos de soborno y fraude procesal, que son castigados con unos ocho años de cárcel.
En la actualidad existen casi 60 investigaciones abiertas en Colombia contra Álvaro Uribe, que van desde homicidio hasta compra de votos. Catorce se encuentran en la Corte Suprema y otros 45 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes
Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura que le valieron numerosas acusaciones de genocidio, ingresó a la diligencia judicial fuertemente escoltado y sin hacer declaraciones a los medios. A las afueras del Palacio de Justicia se congregaron simpatizantes y opositores. Se fue de la Corte Suprema por la puerta de atrás, eludiendo a los manifestantes
El peso político y la popularidad del hoy senador Uribe, fuertemente apoyado por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, jefe del partido en el poder y mentor del actual mandatario Iván Duque, hacen que su caso trascienda el ámbito jurídico, y más cuando restan días para las elecciones locales del 27 de octubre.
El apoyo al político ha mermado desde que abandonó la presidencia, según sondeos. Sobre todo por la política aplicada por su delfín Iván Duque, quien recientemente protagonizó un bochorno al acusar con fotos falsas una supuesta presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela, en su permanente agresión a su vecino.
El ex mandatario -señalado en varios frentes de tener vínculos con narcotraficantes y paramilitares- terminó enredado en un giro insospechado de la justicia. El caso arrancó en 2012 precisamente por una denuncia ante la Corte Suprema del propio Uribe contra el senador izquierdista Iván Cepeda, a quien acusó de manipular a testigos para que lo vincularan a él y a su familia con los grupos paramilitares.
El alto tribunal cerró el caso contra Cepeda, pero decidió investigar a Uribe por la misma acusación y el expresidente pasó de acusador a sospechoso: el tiro salió por la culata.
.Desde entonces se han abierto dos investigaciones contra Uribe: una por presionar a ex paramilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las autodefensas en Antioquia, grupo armado que se desmovilizó con el proceso de Justicia y Paz de su gobierno (2002-2010).
El paramilitar le aseguró a Cepeda que en «Guacharacas», una hacienda propiedad de la familia de Uribe en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, se planearon matanzas que luego cometieron esos escuadrones. Si bien Monsalve redactó en prisión una carta que hizo llegar a la Corte en la que se retractaba de lo dicho. Pero al final anotó que lo hacía «bajo presión».
Se sospecha que la carta fue producto de la presión del abogado penalista Diego Cadena, conocido por haber defendido a narcotraficantes, quien también es señalado de haber visitado cárceles para convencer a exparamilitares presos de declarar a favor de Uribe. Varios de los testigos han asegurado haber recibido dinero por parte de Cadena, quien reconoció haber entregado pequeñas ayudas en dinero a algunos de los presos como «ayuda humanitaria».
Una crítica del uribismo reside en que parte de las evidencias admitidas por la Corte como prueba son varias horas de grabaciones hechas por las autoridades de conversaciones telefónicas del expresidente Uribe de forma «accidental» durante el curso de otra investigación.
Según la versión oficial, mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (la policía judicial) trabajaba en un caso sobre un excongresista interceptaron varios teléfonos y solamente después de llevar un mes grabando se dieron cuenta de que una de esas líneas pertenecía a Uribe . Los intentos de la defensa por lograr que esas grabaciones no sean incorporadas al proceso han sido infructuosos.
Para apoyar sus acusaciones, Cepeda presentó varios testimonios de antiguos paramilitares, y concretamente, señaló a Álvaro Uribe de haber fundado, junto a su hermano menor Santiago, al Bloque Metro, una rama de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Éste se encuentra arrestado y en medio de un juicio por la creación de otro grupo paramilitar llamado los Doce Apóstoles.
E 2018 la Corte desechó las acusaciones contra Cepeda y abrió una investigación formal contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal. E n el último mes, el alto tribunal escuchó los testimonios de varios ex paramilitares -algunos de ellos detenidos en Estados Unidos-, ex fiscales, abogados y periodistas. En total, ha citado a 42 personas, incluido Uribe, cuyo turno tocó el martes 8 de octubre.
Indagatoria
La indagatoria es la etapa previa a un juicio penal, y en la historia contemporánea de Colombia ningún expresidente había llegado a esta situación. El de Uribe es un proceso penal que decidirán los magistrados del máximo tribunal del país. Si después del llamado a indagatoria se decide llevarlo a juicio, el país podría entrar en un proceso de impredecibles consecuencias, alerta la prensa hegemónica.
Si lo condenan o lo absuelven, de todos modos la mitad de los colombianos quedarán indignados. Y como el caso tiene tanto de jurídico como de político, la Cote Suprema de Justicia afronta un reto monumental.
Éste no es el único caso contra Uribe, quien suma más de medio centenar de procesos abiertos por diferentes delitos, en su mayoría por supuestos vínculos con paramilitares y complicidad en masacres. Catorce de ellos están en manos de la Corte Suprema. Uribe encabezó la campaña contra el plebiscito para refrendar el Acuerdo de Paz con la guerrilla, suscrito por el entonces presidente Juan Manuel Santos.
El gobierno de Iván Duque también tomó partido. Primero, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó que marchar en apoyo del exmandatario no es, en ninguna circunstancia, una manera de presionar a la justicia y que, por el contrario, es el apoyo que Uribe necesita de la ciudadanía. También expresó su respaldo el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, quien escribió un Twitter que luego se apuró en borrar.
Uribe, t ras hacer un recuento de varios episodios en los que testigos lo vincularon con hechos delictivos -como la masacre de El Aro-, los calificó como fantasías. E xplicó que se había retirado de la Corte por el sótano porque le habían informado de los enfrentamientos que se estaban produciendo en las afueras del Palacio de Justicia entre sus seguidores y detractores. Una hora y 20 minutos después, el presidente de la Corte, Álvaro Fernando García, publicó en redes un video con un mensaje contundente.
«Frente a voces que atacan la legitimidad institucional contra el senador Álvaro Uribe, el llamado es a la cordura y a confiar en la justicia. Ninguna presión influirá en las decisiones que están obligados a tomar en derecho los magistrados», dijo. Y reiteró que Uribe está formalmente vinculado a los delitos de fraude procesal y soborno.
Tras hacer un recuento de varios episodios en los que supuestos testigos lo vincularon con hechos delictivos -como la masacre de El Aro-, los calificó como fantasías.
Aún la Corte debe escuchar a varios testigos. Uribe le dijo al magistrado que se han producido hechos nuevos y que pedirá que se recoja nueva evidencia. Uno de los posibles resultados al final de la indagatoria por parte de los magistrados es que decidan acusar formalmente a Uribe e incluso ordenen su detención preventiva .
De ser llevado a juicio y encontrado culpable, podría enfrentarse a una pena de entre seis y ocho años de cárcel. Cabe la posibilidad, también, de que los magistrados después de la declaración de este martes y ante las múltiples presiones recibidas, podrían archivar la investigación.
Camilo Rengifo Marín, Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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