«Hablantinosos», «voceros del terrorismo», «traficantes de derechos humanos», «compinches», «áulicos», «politiqueros» y hasta «chismosos» han sido los adjetivos más recurrentes del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, para atacar durante sus siete años de gobierno a los defensores de derechos humanos. En discursos, declaraciones a la prensa nacional e internacional, intervenciones televisadas y en consejos […]
«Hablantinosos», «voceros del terrorismo», «traficantes de derechos humanos», «compinches», «áulicos», «politiqueros» y hasta «chismosos» han sido los adjetivos más recurrentes del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, para atacar durante sus siete años de gobierno a los defensores de derechos humanos.
En discursos, declaraciones a la prensa nacional e internacional, intervenciones televisadas y en consejos comunales de gobierno, el presidente Uribe ha arremetido contra personas y organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos en el país, así como en tareas de denuncia contra las acciones perpetradas por organismo de seguridad del Estado violatorias de derechos fundamentales de la ciudadanía.
El asunto no pasó desapercibido para Margaret Sekaggya, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos. En la declaración entregada el pasado 18 de septiembre, cuando finalizó una visita al país, resaltó que «u n motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno».
Sekaggya refrendó ese cuestionamiento el pasado 21 de octubre durante una audiencia realizada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, donde volvió a solicitarle al Gobierno colombiano que evite cualquier estigmatización contra los defensores de derechos humanos.
¿Pero ha sido tan directo el Presidente Uribe en sus ataques a los defensores de derechos humanos? Un rastreo de algunos de sus intervenciones entre los años 2003 y 2009 permite responder afirmativamente la pregunta y dada la frecuencia de sus afirmaciones, es posible advertir una peligrosa sistematicidad que no sólo generan inseguridad, sino que elevan los niveles de riesgo de aquellos activistas que desde diversos sectores sociales reivindican la defensa de derechos fundamentales.
El 8 de septiembre de 2003, pasado un año de su primero mandato y durante la posesión del general Edgar Alfonso Lesmes, como nuevo comandante de las Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el mandatario colombiano descalificó el trabajo de los defensores de derechos humanos.
«Son politiqueros al servicio del terrorismo – afirmó el Presidente -. Cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y la ciudadanía le ha quitado».
En su discurso ante oficiales y suboficiales de la FAC Uribe Vélez aseveró que cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, inmediatamente envían sus voceros para que hablen de derechos humanos. En esa ocasión, tildó de «traficantes de derechos humanos» a los defensores y finalizó el ataque verbal solicitándoles que «se deberían de una vez por todas quitar sus caretas, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los derechos humanos».
Tres días después, el Presidente arremetió de nuevo contra los defensores de derechos humanos. Esta vez fue en la plaza del municipio de Chita, Boyacá, tras el ataque de las Farc empleando un caballo bomba que dejó 8 muertos y 20 heridos.
«¿A dónde están los actos de generosidad, siquiera las expresiones de solidaridad, de tantos hablantinosos de derechos humanos? – se preguntó el mandatario -. Desoímos a los defensores del terrorismo, desoímos a los patrocinadores de los defensores del terrorismo y desoímos a los que están engañados porque conocen a Colombia a través de informaciones desviadas por el terrorismo, pero no han venido a Chita a constatar el sufrimiento del campesinado víctima de estas acciones del terrorismo».
Quizás una de las críticas más enérgicas se escuchó el 16 de junio de 2004 en Bogotá, durante la ceremonia de ascenso de varios miembros de la Policía Nacional. En ese momento se debatía el informe difundido por Amnistía Internacional en mayo de ese año, a través del cual se le hacían serios cuestionamientos al Gobierno nacional, entre ellos a las llamadas «zonas de rehabilitación y consolidación», donde se habían agudizado las violaciones de derechos humanos.
Uribe Vélez entonces respondió ácidamente: «Amnistía Internacional no condena las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros y legitima el terrorismo.»
En su discurso, el Presidente de Colombia sostuvo que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos no pueden señalar un acto de autoridad como violatorio de los derechos humanos cuando ese acto lo cumple un Gobierno al cual no son afectas ideológicamente. Seguidamente agregó que tampoco pueden guardar silencio cuando el hecho terrorista lo comete una organización terrorista con la cual estas organizaciones al parecer tendrían, según él, coincidencias ideológicas.
«Daremos el debate aun ante Amnistía Internacional, por poderosa que aparente ser – dijo Uribe Vélez – .¿Nos van a seguir trabajando con ese cuento? Recorren las oficinas europeas como ratones de biblioteca, transmitiendo chismes en voz baja, desacreditando las instituciones colombianas, pidiéndole a los gobiernos que no apoyen a Colombia que porque Colombia ‘tiene un Estado terrorista’, como lo han hecho en las últimas semanas».
Las acusaciones del mandatario colombiano se escucharon de nuevo el 20 de marzo de 2005, durante un consejo de seguridad realizado en la sede de la Brigada XVII del Ejército, con sede en el municipio de Carepa, Urabá antioqueño. Ese encuentro con las autoridades civiles y militares fue convocado para hablar de la masacre de 8 campesinos, entre ellos cuatro menores de edad, ocurrida el 21 de febrero en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, perpetrada por paramilitares del bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) con la complicidad de unidades militares del batallón Vélez.
Al final de consejo de seguridad, Uribe Vélez leyó un comunicado y en uno de sus aportes dijo: «en esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista».
El 17 de octubre de 2007, el Presidente Uribe renovó en Bogotá sus críticas y declaró ante varios jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del XXXI Período Extraordinario de Sesiones. Allí dijo: » cada vez que las guerrillas y sus áulicos sienten que se les puede derrotar, el recurso al cual apelan es la denuncia de violación de derechos humanos «.
Siete días después, en el municipio de Cocorná, Oriente antioqueño, el primer mandatario asistió a esa población, donde una semana antes las Farc supuestamente asesinaron a dos candidatos al Concejo de esa localidad y a uno más que aspiraba a ese cargo en San Francisco.
Para esa época, diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos estaban cuestionando las acciones de la Fuerza Pública en el Oriente antioqueño que derivaron en varias ejecuciones extrajudiciales, comprometiendo la vida de varios campesinos.
En respuesta, el presidente Uribe fustigó a los defensores de derechos humanos: «Como andan de civil y en grupitos pequeños, en cada ocasión que se le ha dado de baja alguno, salen a acusar a la Fuerza Pública, a decir que es una Fuerza Pública asesina, que en lugar de darles de baja los asesinaron fuera de combate».
Dirigiéndose a las autoridades militares les solicitó una ilustración rigurosa de cada uno de estos casos, «para mostrar ante los fiscales, ante la justicia nacional, ante los críticos internacionales, cómo estos bandidos ahora andan de civil en una ‘operación pistola’, y cuando se les da de baja, sus compinches alegan que fueron dados de baja por fuera de combate».
Otro de los blancos de ataques verbales fue José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización no gubernamental norteamericana Human Rights Watch. En una intervención pública el 14 de septiembre de 2008, realizada en la localidad de Piendamó, Cauca, acusó al activista de ser «cómplice de las Farc».
Su acusación fue una respuesta al informe anual de esta institución, en el cual quedó asentada una petición clara al Gobierno colombiano: no obstaculizar las investigaciones por nexos de políticos de su entorno, empresarios y miembros de la fuerza pública con paramilitares de ultraderecha.
En esa ocasión, y frente a cientos de indígenas que protestaban por la violación de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública durante varias manifestaciones públicas, el presidente Uribe arremetió contra Vivanco: «Antes de que el señor Vivanco, defensor de las Farc, antes de que el señor Vivanco, cómplice de las Farc, viniera aquí a criticar la política de seguridad democrática, nosotros estábamos haciendo un esfuerzo por sacar este país adelante», dijo y agregó: «a mí no me va a enseñar el señor Vivanco derechos humanos».
Varios meses después, el 1 de noviembre, durante un consejo de seguridad en el municipio de Envigado, Antioquia, volvió sobre el tema: «Simplemente le quiero decir al señor Vivanco y a los señores de Amnistía Internacional, que ellos no nos tienen que enseñar a nosotros de derechos humanos, ni de convicciones cristianas, ni de convicciones democráticas. Q uiero recordarle al señor Vivanco que él no es el profesor nuestro en derechos humanos y que no lo recibimos como tal, que aquí le perdimos el respeto hace mucho rato.
Uno de sus últimos ataques contra los defensores de derechos humanos ocurrió el 9 de febrero de 2009, durante un consejo comunal de gobierno realizado en Villavicencio, Meta. Sus declaraciones se dieron luego de las liberaciones del ex gobernador del Meta, Alan Jara, y del ex diputado del Valle, Sigifredo López. En ambos procesos, participó la senadora Piedad Córdoba y varios representantes del movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, que propugna por una salida política negociada al conflicto armado colombiano.
No obstante, el presidente Uribe considera que ese movimiento, que agrupa a políticos, intelectuales, periodistas y activistas, es bastante cercano a la guerrilla de las Farc, de ahí sus ataques verbales y sus constantes descalificaciones.
» No vamos a permitir ahora que el bloque intelectual de las Farc nos desoriente con un discurso de paz que finalmente fortalezca el terrorismo – afirmó el Presidente -. El bloque intelectual de las Farc es muy hábil, muy astuto, no se atreve a combatir a fondo la política de seguridad democrática, el bloque intelectual de las Farc defiende a las Farc simplemente hablando de paz. Ellos, con el cuentico de su paz, y con la acusación de las fuerzas armadas permanente nos paraliza la política de seguridad democrática. No caigamos en esa trampa».
Para contrarrestar esa postura, más de un centenar de organizaciones no gubernamentales agitan desde hace varias semanas una campaña internacional por el derecho a defender los derechos humanos en Colombia. Se trata de crear un ambiente propicio para ponerle fin a la impunidad a violaciones contra los defensores de derechos humanos, al mal uso de la inteligencia estatal, a los señalamientos sistemáticos, a las judicializaciones sin fundamento y mejorar de manera estructural los programas de protección para personas en riesgo.