Con su»Seguridad Democrática» el presidente colombiano aplica sin amagues la violencia bajo apariencia legal. Las fuerzas de seguridad son el brazo ejecutor; los paramilitares, la excepción y el pueblo colombiano, la víctima.«Mediante la consolidación de la seguridad democrática, haremos el tránsito hacia la paz. Quiero recordar a mis compatriotas que para nosotros es tan necesaria […]
Con su»Seguridad Democrática» el presidente colombiano aplica sin amagues la violencia bajo apariencia legal. Las fuerzas de seguridad son el brazo ejecutor; los paramilitares, la excepción y el pueblo colombiano, la víctima.
«Mediante la consolidación de la seguridad democrática, haremos el tránsito hacia la paz. Quiero recordar a mis compatriotas que para nosotros es tan necesaria la seguridad como la reconciliación», expresó el presidente de Colombia Álvaro Uribe al referirse a la seguridad democrática como eje central de su administración. Sin embargo, las palabras del presidente carecen de validez fáctica si se las compara con los datos de la realidad colombiana.
Por una parte, el elevado índice de hombres y mujeres inocentes asesinados por efectivos de la policía o los campesinos víctimas fatales de la avaricia de los oficiales de las Brigadas IV y XII del Ejército, quienes matan para cobrar premios y ascensos. Aunque oficialmente no existen incentivos por presentar mayor número de guerrilleros muertos, hay quienes aseguran que por cada baja reciben mínimo 5 días de licencia y, en algunos casos, también viajes como premio.
Por el otro, los dirigentes sindicales y sociales perseguidos, los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales como el Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos y el Semanario comunista Voz, inspeccionados sin causa ni orden, se suman a los cientos de comunicadores amenazados y asesinados; ellos son el resultado de la aplicación sistemática de la violencia en Colombia.
Una violencia descomunal que el reciente ex ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega insiste en llamar Seguridad Democrática: «hay que avanzar con mucha decisión en la Seguridad Democrática. ¡No es tolerable en Colombia, la violencia. No la vamos a tolerar![…]es la seguridad del Estado para los ciudadanos, para todos: el campesino, el obrero, el empresario, el sindicalista, todo tipo de trabajador».
Sin embargo, los beneficios de tan mentada seguridad no alcanzan a los pobladores originarios, blanco constante para los paramilitares y el Ejército, quienes los acusan de colaborar y proteger a grupos guerrilleros. El argumento suena a excusa. Por su parte, el pueblo indígena Nasa, del territorio ancestral Sata Makiwe, reclama la liberación de Rubiel Lis Velasco y Griseldino Yafue Guetoto, dos comunicadores indígenas detenidos el pasado 19 de septiembre en Caldono sin orden ni causa.
Tampoco resulta eficiente dicha «seguridad democrática» a los miles y miles de desplazados y refugiados colombianos en diferentes países de América Latina; ellos también son víctimas de la violencia y abusos de poder constantes.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) denunció, la semana pasada, una nueva ola de desplazamientos forzosos en la zona de Catatumbo, al noreste de Colombia. El número oficial de desplazados, sólo en esta región, es de 2 mil personas, mientras que en la zona de La Guajira, Cesar y Magdalena la cifra asciende a 200 mil. Un total de 5 mil 391 personas pasaron las fronteras con Ecuador, Venezuela y Panamá durante el primer semestre de 2006.
Quizás entienda Uribe que la aplicación de la controvertida e ineficaz Ley de Justicia y Paz da cuenta de la actitud positiva del gobierno hacía la reconciliación político-social que permita la paz en Colombia. Esta ley, sancionada en 2005 y que comenzó a aplicarse a mediados de este año, no es más que una estrategia, servil a la campaña electoral, tanto para recuperar la credibilidad de Uribe en el sector público, como para ganar la confianza de las fuerzas paramilitares.
El director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento de Colombia (Codhes), Jorge Rojas explicó, en una entrevista a TeleSur, que en Colombia no está ocurriendo precisamente un proceso de paz, «sino un acuerdo y una negociación entre unos grupos paramilitares y el Gobierno (colombiano) en función de la desmovilización de estas personas».
La Ley de Justicia y Paz aplicada a casos de paramilitares fue pensada también como herramienta para lograr la desmovilización de los dos grupos guerrilleros más importantes de Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC). Sin embargo, estas organizaciones no han conocido aún los beneficios de dicha ley.
Quienes sí conocen de los juicios y la buena voluntad para el beneficio propio son algunos de los miembros de las Autodefensas Unidas Colombianas (AUC), organización paramilitar de ultraderecha que goza de los favores que otorga la Ley de Justicia y Paz, penas alternativas de 5 a 8 años de prisión para quienes confiesen acciones ilegales. Pero que ignora las limitaciones que dicha ley supone, es decir no participar en actos criminales ni acciones vinculadas al paramilitarismo. Así, las denuncias respecto de la falsa desmovilización de los grupos paramilitares llevaron a que el propio Presidente debiera reconocer el fracaso en el proceso de desmovilización de las AUC.
A finales de junio más de 160 pobladores intentaron ser desplazados a nombre de las AUC en la zona de Córdoba; «Traían armas largas, y dijeron que venían de parte del señor Mancuso», aseguró un campesino. Tras la negativa de los residentes a marcharse del lugar y entregar las tierras, un incendio provocado intencionalmente consumió casas y plantaciones.
Hay quienes aseguran, también, que son estos grupos paramilitares, en proceso de reincorporación a la vida social, quienes incautan a jóvenes de barrios humildes de Cali y Bogotá con el fin de incorporarlos a sus filas. Es evidente que la Ley de Justicia y Paz no asegura la desmovilización de los paramilitares, sino todo lo contrario; hace de velo y escudo, para que las fuerzas militares ilegales del gobierno colombiano sirvan al control de la sociedad y ejercicio pleno del monopolio de la violencia. ¿A esto se referirá el presidente Álvaro Uribe cuando enarbola los resultados de la Seguridad Democrática?
El Senador Nacional y Vocero del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro no se equivocó cuando aseguró que el discurso del Presidente de Colombia cambiaría de eje en su segundo mandato. Ya no sirve hablar de guerra, sino de paz. Claro está, que el cambio de imagen del presidente Álvaro Uribe y su gobierno, es un mero artilugio retórico y no una modificación real, ideológica y pragmática, de la agenda política.
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