Álvaro Uribe está irritado. La decisión de la Corte Suprema de Justicia Colombia de ordenar la revisión de la reforma constitucional que le permitió optar a su reelección como presidente, le sirvió el viernes para anunciar que el tiempo del respeto hacia la independencia de los jueces ha concluido en su país. «He decidido convocar […]
Álvaro Uribe está irritado. La decisión de la Corte Suprema de Justicia Colombia de ordenar la revisión de la reforma constitucional que le permitió optar a su reelección como presidente, le sirvió el viernes para anunciar que el tiempo del respeto hacia la independencia de los jueces ha concluido en su país.
«He decidido convocar al Congreso de la República para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo, que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006», dijo el viernes en una sorpresiva alocución televisada.
Acorralado por las confesiones de los ex congresistas Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz de que aceptaron sobornos a cambio de su voto favorable a una reforma planteada para mantenerle en poder hasta 2010, el mandatario colombiano ha optado por desafiar al máximo órgano judicial del país con gravísimas acusaciones de abuso de poder y de usurpar competencias del poder político a través de sentencias selectivas.
«La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia atemoriza a su juez constitucional, que es el Congreso de la República», enfatizó un Uribe visiblemente enojado.
Este no es el primer choque del mandatario colombiano con la justicia de su país. En mayo, dejó patente su incomodidad por la orden de arresto dictada contra su primo, Mario Uribe, por tener vínculos con paramilitares de extrema derecha.
Días después hizo oídos sordos a las recomendaciones del máximo órgano judicial de su país y decidió extraditar a EEUU a 14 jefes de las temibles Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuyas revelaciones estaban permitiendo investigar a 51 congresistas y habían servido para detener a otros 29, la mayoría de ellos cercanos al partido del presidente Uribe.
Pero el viernes el mandatario colombiano explotó. Su acusación llegó al grado de señalar a los jueces como los promotores de una crisis institucional.
«La trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no parece tener solución judicial», fustigó el presidente de Colombia.
Las reacciones no se hicieron esperar. El opositor Partido Liberal, también salpicado por varios casos de corrupción y paramilitarismo, acusó a Álvaro Uribe de desafiar al sistema judicial.
«Es muy preocupante lo que esta pasando. El anuncio es bastante grave, es un desafío. El gobierno trata de provocar una crisis institucional», señaló Cecilia López, su portavoz en el Senado.
También el presidente del partido de centro-izquierda Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, censuró con dureza la decisión del presidente de instar al Congreso la elaboración de una ley para repetir las elecciones de 2006. «No resiste controles y es irascible con la crítica. Su voluntad es indulgente y piensa que sus actos son justificables acudiendo a la voluntad popular «, indicó. Para Gaviria, Álvaro Uribe pretende instaurar «una dictadura populista».
El periodista y mediador en la negociaciones con las FARC para el canje humanitario, Carlos Lozano, señaló a Público que la reacción de Uribe «es un arrebato desesperado porque su situación está empezando a verse comprometida en hechos dolosos».
Según Lozano, en las filas del uribismo comienza a percibirse una disidencia de las posturas oficiales. «Hay personas que ya no apoyan su reelección, entre ellas el jefe de los empresarios y el presidente de la Bolsa de Bogotá», reveló Lozano.