La nueva propuesta del presidente colombiano, Álvaro Uribe, para «lograr un país sin narcotráfico, guerrilla ni paramilitarismo», causó sorpresa en distintos sectores de la nación suramericana, ya que el planteamiento vislumbra dejar fuera de la justicia a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, propuso este martes excarcelar a […]
La nueva propuesta del presidente colombiano, Álvaro Uribe, para «lograr un país sin narcotráfico, guerrilla ni paramilitarismo», causó sorpresa en distintos sectores de la nación suramericana, ya que el planteamiento vislumbra dejar fuera de la justicia a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, propuso este martes excarcelar a los paramilitares desmovilizados que confiesen «delitos atroces» contra la humanidad, por lo que solicitó al país «reflexionar» sobre la propuesta y abrir un debate público para evaluarla.
Aseguró que el planteamiento no busca su «beneficio personal» y que no implica dar amnistía o indultar a los ex combatientes de los grupos de extrema derecha que operan en ese país suramericano.
«Creo que sin amnistiar y sin indultar, en caso de delitos atroces, nos tenemos que preparar para darle el beneficio de la excarcelación a quienes confiesen la verdad, y esa confesión sea aceptada por los jueces de la República», indicó el jefe de Estado colombiano.
De concretarse, este beneficio podría arropar a los legisladores detenidos y acusados de tener nexos con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
También beneficiaría a quienes han apoyado la concreción de esos delitos y a todos los grupos de políticos y empresarios, que presuntamente estarían vinculados con los paramilitares, según las más recientes declaraciones del ex jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, apegado a la Ley de Justicia y Paz.
Según esta legislación promovida por la administración de Álvaro Uribe, los paramilitares desmovilizados que confiesen sus crímenes contra la humanidad, pagarán un máximo de 8 años de cárcel.
En la actualidad, la justicia colombiana tiene tras las rejas a 13 congresistas y 2 gobernadores, acusados de mantener vínculos con las AUC y que además son investigados bajo el cargo de concierto para delinquir.
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