El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, agudizó este viernes la crisis constitucional que enfrenta su país al desafiar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la que vinculó con el paramilitarismo, luego de que el máximo tribunal ordenara revisar el proceso electoral de 2006, en el que fue reelecto. Uribe arremetió contra la CSJ […]
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, agudizó este viernes la crisis constitucional que enfrenta su país al desafiar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la que vinculó con el paramilitarismo, luego de que el máximo tribunal ordenara revisar el proceso electoral de 2006, en el que fue reelecto.
Uribe arremetió contra la CSJ un día después de que le pidiera al Congreso que convoque a un referendo consultivo para repetir la elección presidencial de 2006, cuya legitimidad fue puesta en entredicho por el tribunal a causa del escándalo de la venta de votos parlamentarios.
«Salvatore Mancuso, hoy extraditado, dijo que los paramilitares habían elegido el 30 a 35 por ciento del Congreso. Eso fue un elemento de indicio, un elemento probatorio para todo el proceso de la parapolítica. Hace no mucho tiempo, Salvatore Mancuso dijo que tenían infiltrada la CSJ. ¿Por qué esto no se ha investigado?», preguntó Uribe este viernes ante la prensa.
Uribe habló en la Casa de Nariño junto a su ministro colombiano de Protección Social, Diego Palacios, quien más tarde denunció penalmente a los magistrados de la Corte Suprema por las «afirmaciones falsas» que emitieron contra él, en su fallo contra la ex congresista Yidis Medina.
«¿Por qué la Sala Penal de CSJ es tan diligente para investigar y condenar a algunos congresistas, y por qué es tan negligente cuando se trata de vinculaciones con las FARC?», preguntó, y agregó que «un compatriota me decía esta mañana: ‘cuidado, presidente, que aquí estamos en frente de los coletazos del terrorismo’. Pues vamos a enfrentarlos con toda la determinación».
El jueves, se conoció que la CSJ ordenó revisar todo el proceso que permitió al presidente reelegirse para un segundo mandato consecutivo.
Sigifredo Espinoza, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, explicó que esta instancia judicial ordenó remitir la sentencia a la Corte Constitucional y a la Procuraduría General de la Nación, «al considerar que las razones de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión indican que la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara y manifiesta desviación de poder».
Esta decisión fue incluida en el fallo que sentenció a la ex congresista Yidis Medina a 43 meses de prisión, por aceptar dádivas políticas y económicas del Gobierno de Uribe a cambio de votar a favor de la reforma constitucional que dio luz verde a la reelección del actual mandatario.
Procuraduría demandó
Por otra parte, el diario El Tiempo informó este viernes que la Procuraduría introdujo una demanda contra el embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt, y el ministro de Protección Social, Diego Palacios, en el caso de Yidis Medina.
Pretelt y Palacios fueron denunciados por Medina de haberle ofrecido prebendas para que modificara su voto en favor de la reelección presidencial, recordó el rotativo.
Según la Procuraduría, los funcionarios incurrieron en una posible falta disciplinaria al ofrecer vincular a cargos públicos a personas recomendadas por Yidis Medina para influir en ella por su cargo de representante a la Cámara y buscando beneficios «para sí y para otros con ocasión del trámite del proyecto legislativo».
Por su parte, el ministro Palacios, instauró en horas de la tarde una denuncia contra los magistrados de la Sala Penal de la CSJ, tras considerar que en el fallo contra Yidis Medina hay afirmaciones «falsas» en su contra.
«Tengo la total convicción de la falsedad de sus afirmaciones», dijo Palacio, al llamar a los magistrados a «que demuestren sus afirmaciones falsas».
Mientras, el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, también radicó una denuncia contra la Sala Penal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por presuntos nexos entre los magistrados y el narcotraficante Giorgio Sale.