Se ha detectado una docena de casos desde el pasado mes de febrero, pero el número podría ser mayor. La ONG Valencia Acoge ha denunciado públicamente la «identificación racial» y posterior detención de personas inmigrantes en el momento en que pretendían registrarse como pareja de hecho, en las dependencias de la Conselleria de Justícia i […]
Se ha detectado una docena de casos desde el pasado mes de febrero, pero el número podría ser mayor. La ONG Valencia Acoge ha denunciado públicamente la «identificación racial» y posterior detención de personas inmigrantes en el momento en que pretendían registrarse como pareja de hecho, en las dependencias de la Conselleria de Justícia i Administració Pública de la Generalitat Valenciana. Las parejas -formadas por una persona de nacionalidad española y otra, inmigrante- habían concertado una cita previa por teléfono para tramitar el expediente en la oficina de parejas de hecho de la Generalitat Valenciana. Fuentes de la ONG subrayan que las víctimas podrían denunciar por la vía penal, si así lo consideran, una presunta vulneración de sus derechos civiles por parte de la policía.
Las víctimas aseguran que tras la detención efectuada por una pareja de agentes de paisano, fueron dirigidos en automóvil a los calabozos policiales. «Es muy grave que pudiera haber efectivos de la policía practicando este tipo de detenciones en un edificio de la Generalitat Valenciana», denuncia Ana Fornés, miembro del Servicio de No Discriminación e Igualdad de Trato de Valencia Acoge. La ONG ha constatado la deportación de al menos una persona inmigrante a su país de origen cuando pretendía inscribirse en el registro de parejas de hecho. Ocurrió el pasado 30 de mayo, tras su detención en la Torre 4 de la Ciutat Administrativa Nou d’Octubre de Valencia. Pese a que es la Delegación del Gobierno la competente en materia de Extranjería, esta institución ha responsabilizado de las detenciones a la policía autonómica, versión que no resulta verosímil a juicio de Valencia Acoge.
Al poco de conocerse las identificaciones y detenciones, Valencia Acoge presentó una queja ante la Defensora del Pueblo, en el que se pide la investigación de los hechos denunciados. «Nos consta que no se trata de un episodio aislado, sino una práctica que resulta frecuente en Valencia», sostiene el escrito de la ONG. El texto incluye la petición de que se paralice el internamiento en un CIE y la expulsión de las personas detenidas. Se detalla además la sucesión de acontecimientos: la pareja de agentes solicitaron la documentación a la persona inmigrante, a continuación lo condujeron a la comisaría y pidieron su internamiento como «medida cautelar». Al menos una persona fue víctima de la conocida como «deportación exprés», procedimiento de expulsión en menos de 72 horas.
«A algunos de los detenidos se les ha puesto en libertad, y en otros casos desconocemos qué ha ocurrido», explica Ana Fornés. «Están pasando mucho miedo -añade la activista-, les estamos acompañando y prestando apoyo psicosocial». Uno de los testimonios relata así la detención de su pareja: «Los policías se han identificado a la vez que sacaban sus armas, en el propio mostrador del edificio; siendo la respuesta de los funcionarios que lo han visto: girar sus sillas hacia dentro», recoge una nota informativa de Valencia Acoge.
En otro escrito dirigido a la Conselleria de Justícia y Administració Pública, la organización humanitaria demanda que se aclare lo ocurrido con los funcionarios supuestamente implicados, así como «medidas respecto a la actuación de la Policía Nacional»; además, la ONG pide el establecimiento de un protocolo sobre la protección de las personas extranjeras en las instalaciones de la Administración autonómica. Otro punto reivindicado es la reparación de los perjuicios que hubieran podido sufrir las personas migrantes. El periódico Levante-EMV informó el 8 de junio que la conselleria ha modificado el funcionamiento del registro de parejas de hecho tras la denuncia de Valencia Acoge. Así, según el diario, el registro dejará de funcionar mediante cita previa los martes y jueves, y pasará a hacerlo por orden de llegada de lunes a viernes. «De esta manera no se conocerá con anterioridad las personas que acudirán un determinado día», señala Levante-EMV a partir de fuentes de la Administración valenciana.
Valencia Acoge ha solicitado una reunión con la Sección de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación de la Fiscalía Provincial de Valencia, con fecha aún por determinar. La ONG ha tenido conocimiento de las identificaciones y denuncias en el registro gracias a los abogados de la sección de Extranjería del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). El colegio de letrados remitió una circular en la que alertaba de la situación que se estaba produciendo; y recomendó, en circunstancias como las de las víctimas, que se evitaran los trámites en la oficina de parejas de hecho, y estos se realizaran en la notaría.
Las identificaciones y detenciones discriminatorias no constituyen un hecho excepcional. El Informe de SOS Racismo correspondiente a 2016 recopila numerosos casos de identificación por motivos raciales. En enero de 2015 varios policías uniformados que se hallaban en el entorno de un centro cultural y parque infantil en Navarra, requirieron la documentación, «de manera aleatoria», sólo a personas de posible origen extranjero. En junio de 2015, las oficinas de Sos Racismo en la citada comunidad recogieron la denuncia de un inmigrante a quien se le acercaron dos agentes de paisano, para pedirle la documentación. Dado que no contaba con permiso de residencia, los agentes le detuvieron y condujeron a la comisaría. «Durante el trayecto le dijeron varias veces que le iban a expulsar, llevar al CIE de Madrid y de ahí directo al Senegal», explica el informe de Sos Racismo. En las instancias policiales se procedió a la apertura de un expediente de expulsión. El inmigrante quedó en libertad tras permanecer dos días detenido.
Realizado por el Institut de Drets Humans de la Universitat de València y el Centre for Criminology de la Universidad de Oxford, el estudio «Identificación policial por perfil étnico en España» señala que la nacionalidad y el país de origen explican que un individuo no español tenga hasta el doble de probabilidades de ser parado por un agente. En los dos últimos años (el estudio fue publicado en 2013), la posibilidad podría triplicarse. El documento añade que los individuos de aspecto caucásico europeo se enfrentan a la mitad de probabilidades de ser paradas, en comparación con otras de distinto perfil étnico.
Un estudio más reciente, publicado en 2016, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada señala las conclusiones de las identificaciones policiales en la Estación de Autobuses de Granada. A las personas de piel negra se las identifica 42 veces más que a las de piel blanca y rasgos caucásicos; y en cuanto a las personas con rasgos étnicos gitanos y romaníes, fueron identificadas doce veces más que las caucásicas, sostiene el informe.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.