Tres ejemplos recientes de “actuación desproporcionada”. Cuatro guardias de seguridad privada redujeron de manera brutal a un joven, ciudadano de Gambia, en la estación ferroviaria de Barcelona (el entorno de estas paradas del transporte público es uno de los lugares donde, según las ONG, se produce mayor número de identificaciones policiales por rasgos étnicos).
Otro caso denunciado remite a primeros de septiembre de 2023; el usuario de las redes sociales podía visualizar a efectivos de la Policía Nacional, en la estación de autobuses de Zaragoza, “reduciendo” a un ciudadano de tez negra; todo comenzó, según explicó la víctima en un vídeo, después que un agente “se dirigiera a ellos de forma irrespetuosa sin motivo alguno”.
Detenido por presunta resistencia a la autoridad en un control de la Policía, el activista y exdiputado del parlamento madrileño, S. M., subrayó la importancia del contexto: “Un espacio donde la mayoría de personas eran blancas”; sin embargo los agentes “identificaron a las dos únicas personas negras que allí estaban”, S.M. y su acompañante; era la segunda ocasión –desde julio- que se veía sometido a este tipo de controles.
Las denuncias anteriores se incluyen en el escrito dirigido por cerca de 70 organizaciones de derechos humanos -el pasado 22 de noviembre- al ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska; reclamaron medidas contra las “paradas e identificaciones policiales basadas en criterios racistas”.
El precedente data de 2021; un centenar de ONG remitieron entonces una carta a Interior que solicitaba “medidas efectivas contra el racismo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”; sustentada en las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la misiva tuvo, como respuesta del ministerio, la negación de estas prácticas.
En relación con las paradas y controles, la ONG València Acull organizó una jornada el 12 de diciembre en la que también participaron miembros de Rights International Spain (RIS), la Campaña por el Cierre de los CIE y el Movimiento Estatal #RegularizaciónYa (las cuatro entidades firmaron el comunicado del 22 de noviembre).
Los colectivos dieron cuenta de un Informe realizado por RIS y publicado en mayo de 2023: Encuesta sobre identificaciones policiales basadas en uso del perfilamiento étnico y racial; se trata de una práctica discriminatoria denunciada por las organizaciones en el estado español y en toda la Unión Europea (UE).
“La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE lleva años alertando sobre la frecuencia de estos controles y recordando que, si bien la policía puede parar e identificar a las personas por una variedad de razones, ‘la elaboración de perfiles discriminatorios donde raza y etnia son la única base para detener a alguien es ilegal’”, apunta la introducción.
Otras fuentes utilizadas por Rights International Spain son el Informe del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes en su misión a España (Naciones Unidas, 2018); la Comisión de Igualdad de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, resolución de 2020); o un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU); también las Recomendaciones del Defensor del Pueblo español que -desde 2013- realiza a la Dirección General de la Policía.
El Informe de RIS resume el contenido de las Recomendaciones de la Defensoría (todavía desatendidas por Interior, pasada una década): “La introducción de formularios de identificación para registrar los controles policiales; la recogida de datos desagregados sobre las identificaciones y la creación de un mecanismo de denuncia específico e independiente”.
De hecho, en su balance anual de 2022, el Defensor del Pueblo recuerda los datos facilitados por la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales el año anterior; un 4% de la población general fue sometida en un año a alguna forma de control policial; pero en el caso de las personas de origen norteafricano, el porcentaje se elevaba al 14% y en las de etnia gitana al 32%.
¿Con qué consecuencias? Una investigación de RIS y el Equipo de Implementación del Decenio Afrodescendientes de la ONU -en el contexto de la pandemia y las medidas de confinamiento- subraya cómo más del 70% de las personas que denunciaron controles por perfil étnico fueron víctimas de “abuso policial tras su identificación, situando estos controles como la puerta de entrada a vulneraciones mayores” (La crisis sanitaria del COVID-19: racismo y y xenofobia durante el estado de alarma en España, 2020).
La Encuesta de Rights International Spain, publicada en mayo de 2023, fue realizada a finales del año anterior; en la iniciativa participaron personas activas en cerca de 40 organizaciones que luchan contra el racismo en el estado español, de 18 territorios provinciales; a la pregunta de si tenían constancia de identificaciones por perfil racial, respondieron afirmativamente en el 97% de los casos.
Sobre el citado porcentaje, el 47% se debía a quejas/denuncias de víctimas de estos controles a manos de las diferentes fuerzas policiales, mientras que en algo más de un tercio (35%), fue algún miembro de las ONG quien observó directamente la identificación.
Asimismo, entre las diferentes barreras a las que se enfrentan los diferentes colectivos sociales, destaca la falta de datos recopilados por las Administraciones públicas.
La investigación detalla los rasgos de las personas que son objeto, en mayor medida, de las paradas e identificaciones: hombres, con edades entre 16 y 40 años, a quienes se percibe como “magrebís, negros, latinos y gitanos” (de estas prácticas policiales no se excluye a mujeres y menores de edad).
Los autores de la mayoría de estas actuaciones discriminatorias son los agentes de la Policía Nacional, subraya el reporte, seguido -a notable distancia- por la Policía Local.
Otra de las conclusiones de la Encuesta es que las víctimas no acuden a denunciar, entre otras razones por la desconfianza en las instituciones o el desconocimiento de los derechos transgredidos; sin embargo, las prácticas señaladas pueden concluir en procedimientos de expulsión (a personas en situación administrativa oficialmente considerada irregular); o sanciones que pueden terminar en barreras a una posible “regularización”.
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