El próximo jueves 21 de noviembre diferentes organizaciones sociales han convocado un nuevo paro cívico nacional contra las políticas económicas y sociales del gobierno de Iván Duque. En este escrito, presentamos algunas reflexiones sobre el nuevo escenario del paro, la situación de defensiva del gobierno Duque, el estado del movimiento popular en vísperas del paro […]
El próximo jueves 21 de noviembre diferentes organizaciones sociales han convocado un nuevo paro cívico nacional contra las políticas económicas y sociales del gobierno de Iván Duque. En este escrito, presentamos algunas reflexiones sobre el nuevo escenario del paro, la situación de defensiva del gobierno Duque, el estado del movimiento popular en vísperas del paro y las perspectivas del Grupo Libertario Vía Libre sobre la situación.
El del próximo 21 de noviembre será el tercer paro nacional tras el retorno del uribismo al poder. Este movimiento sucederá a las modestas huelgas parciales con movilización en las principales capitales, realizadas el pasado 25 de abril con protagonismo sindical y el 28 de noviembre de 2018 con mayor protagonismo estudiantil. El movimiento social carga una estela de paros nacionales parcialmente fallidos realizados durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, de la que parece ir mejorando lentamente y en términos relativos, en esta nueva administración.
En la actual coyuntura la influencia del contexto mundial y sobre todo la nueva ola de luchas anti neoliberales a nivel regional ha resultado ser decisiva, de forma mucho más importante que lo observado en los movimientos pasados. Existen aportes de los Chalecos amarrillos en Francia y la huelga mundial por el clima a nivel internacional, así como las protestas populares de Puerto Rico, Haití y Honduras. Pero sobre todo, ha sido verdaderamente fuerte la influencia del paro nacional Ecuador contra el paquetazo neoliberal del gobierno de Lenin Moreno que logro una importante aunque victoria en sus reivindicaciones o las jornadas nacionales de protesta en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera y el modelo neoliberal.
La jornada del 21 ha sido convocada por un Comité Nacional de Paro constituido el pasado 30 de octubre, conformado por organizaciones divididas como el Comando Nacional Unitario (CNU) de centrales sindicales y pensionales, o la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), así como instancias debilitadas como la Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS) protagonista de la convocatoria de abril o la Cumbre Agraria. También hay referentes en temprana crisis como la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES). Aunque el liderazgo sindical de esta convocatoria es claro, centrales minoritarias como la Confederación General del Trabajo (CGT) y Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) han planteado públicamente que no realizaran ceses laborales, por lo que la mayoritaria Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se ha recargado labores de organización que exceden bastante su capacidad actual.
El llamado al nuevo paro nacional lanzado el pasado 4 de octubre ha generado un clima político nuevo en el país. En pocos días el paro se ha convertido en un tema central de debate público, suscitando una importante adhesión espontánea de muchos sectores de la población, lo que recuerda jornadas como las del 6 de marzo de 2008 o de forma más reciente la movilización nacional contra el asesinato de líderes sociales realizada el pasado 26 de julio de este año. Fuerzas políticas centristas como sectores del Partido Verde, la opinión pública liberal, y aún un pequeño sector de la farándula local, han llamado a participar de esta convocatoria liderada por la izquierda social, lo que ha llevado a la jornada a experimentar un súbito, inesperado y contradictorio crecimiento.
El gobierno de la coalición uribista-conservadora en cabeza de Duque, experimenta una importante crisis de gobernabilidad tras el golpe que le significo la renuncia y el remplazo del Ministro de Defensa Botero, tras el escándalo del ocultamiento de los bombardeos del Caquetá. Este es un nuevo avance en su proceso de debilitamiento tras su parcial derrota en las elecciones regionales de octubre ante fuerzas centristas. La convocatoria extraordinaria realizada por el gobierno del Centro Democrático el pasado 12 de noviembre a la Comisión Permanente de Política Salarial y Laboral, fue un intento infructuoso de resolver ejecutivamente la situación de crisis social, que el gobierno teme detone una protesta masiva.
La actual situación nacional esta marcada por el aumento del desempleo hasta el 10.8% en agosto, el alza de la pobreza monetaria frente al año pasado con la cifra de 27% de la población en 2018 y el crecimiento de la sub registrada desigualdad económica por primera vez en la década. También se registra el incremento de la inflación acumulada entre enero y septiembre al 3.26% que llega al doble en lo relativo al precio de los alimentos, así como una elevación de la deuda externa hasta 134.940 millones de pesos y un crecimiento del 188% en los últimos diez años y el continuo aumento del déficit de la balanza comercial que creció más del doble entre agosto del año pasado y el presente, en medio de la tendencia hacia el crecimiento lento del PIB.
En esta coyuntura se enmarca la agenda de contrarreforma laboral y pensional impulsada por Duque, que más que un concreto paquetazo legislativo a la manera de Ecuador, es un conjunto articulado de políticas económicas defendidas por el gobierno, los gremios patronales y la gran prensa empresarial, que los diferentes ministerios estatales han anunciado y buscan ir aprobando progresivamente. Esta agenda en materia laboral supone la reducción del salario mínimo y la formalización del ya extendido modelo de trabajo por horas, y en materia pensional el desmonte del régimen solidario de prima media y la instalación del modelo de aseguramiento privado que hoy empobrece a miles de jubilados en el país y se inspira en la negativa experiencia de Chile que hoy hace agua en las calles de ese país. Es claro que muchas de estas políticas de precarización son ya una realidad de hecho en el mundo del trabajo, pero su legalización supondría su posible profundización y generalización.
Los militantes del partido de gobierno han organizado una autentica campaña de miedo anti socialista contra el paro, y en tiempos de reflote del terror paramilitar han llamado a organizar Guardias Cívicas y cuerpos para policiales para defender violentamente las instituciones supuestamente amenazadas. El gobierno ha agitado la tesis de la amenaza institucional y ha decidido reforzar con presencia militar puntos estratégicos de Bogotá y otras ciudades del país, al tiempo que amaga con el toque de queda y otras medidas de excepción. El ex presidente Uribe Vélez agita el fantasma de los anarquistas internacionales detrás de las protestas, y la derecha radical revive imaginariamente al disminuido Foro de Sau Paulo y lo pone como organizador ficticio de todoas las rebeliones anti neoliberales del continente. El gobierno aumenta una ola de sospechosas expulsiones de supuestos extranjeros peligrosos alimentando sentimientos xenófobos contra la población venezolana.
En vísperas del 21 de noviembre los niveles de actividad de los movimientos populares son contradictorios. El paro se desarrollara en medio de la continuación de la huelga en súper notariado y registro iniciado el pasado 29 de octubre, y como continuación del plan de lucha de las docentes del sector estatal agrupadas en Fecode, que movilizara sus regionales hacia las capitales. De forma más parcial, se anuncia ceses en el sector judicial liderados por gremios como Asonal que buscarán iniciar desde esta fecha un paro indefinido, al tiempo que se proyectan acciones de agitación en el sector de salud pública lideradas por Anthoc.
El movimiento barrial esta desarticulado en parte como consecuencia de la campaña electoral, aunque con miras a esta movilización ha experimentado una reactivación parcial buscando participar en las jornadas de protesta desde los territorios. El movimiento estudiantil universitario experimenta paros indefinidos como los de la Universidad Distrital y el más disminuido movimiento de la Universidad Pedagógica Nacional, así como paros parciales de la Universidad Nacional y movilizaciones del SENA y la Universidad Privada, pero sus niveles de articulación general están mermados. Hay actividad relevante entre estudiantes de secundaria, docentes de educación superior y trabajadoras administrativas del sector educación.
El movimiento indígena se suma a la movilización, aunque solo la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) de mayoría nasa, parece enfocada en organizar una protesta de mayor masividad. El movimiento campesino reunido en la Cumbre Agraria, proyecta algunos elementos de movilización, aunque parece desarticulado. El pequeño pero activo movimiento de mujeres se vuelve a movilizar, reactivado en parte por la proximidad de las jornadas del 25 de noviembre, y sectores del grande pero débil movimiento de disidencias sexuales puede encontrar razones para sumarse a la convocatoria. Así mismo importantes franjas del disperso movimiento ambiental confluirán en la protesta, lo mismo que sectores del aún germinal movimiento animalista.
Las anarquistas organizadas tenemos que participar en este movimiento de protesta popular, aportando en su difusión, discusión, organización y ejecución allí donde nos sea posible. Una vez más, las formas y los contenidos de la protesta se entrecruzan, y la necesidad de la organización de base en todos los sectores, la deliberación democrática y la acción directa popular, se hacen vitales para el éxito de esta nueva jornada de lucha.
Es claro que hay un clima de descontento social e indignación entre importantes sectores de la población trabajadora, especialmente entre los jóvenes, que tenemos la tarea de convertir en conciencia de lucha, organización popular y movilización política. Sin embargo entre abril y noviembre las deficiencias estructurales del movimiento obrero, barrial, campesino o estudiantil están muy lejos de haberse superado, algunas incluso se han agravado y es posible que proyectemos tareas que aún no tenemos la fuerza de cumplir por la debilidad de nuestro movimiento popular burocratizado y fragmentado, con fuertes vacíos de participación, mal acostumbrado a la retórica vacía, replegado por la coyuntura electoral y debilitado en su autonomía organizativa y política.
El uribismo ha lanzado la carta del anarquismo internacional como organizador fantasmagórico de la protesta, retomando los tradicionales elementos de propaganda anti anarquista que la derecha reaccionaria utiliza en tiempos de crisis. Las anarquistas internacionalistas de carne y hueso muy minoritarias pero activas en esta coyuntura, tenemos justamente la tarea de fortalecer los elementos anárquicos de esta movilización, esto es fortalecer sus gérmenes de auto organización, solidaridad y participación asamblearia, sistemáticamente descuidados y despreciados por las direcciones burocráticas. Al tiempo tenemos la importante tarea de seguir rompiendo con el imaginario destructivo difundido por los enemigos políticos del anarquismo, mostrando en la práctica, enseñando en la experiencia y clarificando en la teoría todo el poder de organización, movilización y creación que puede tener la alternativa socialista libertaria.
Este 21 de noviembre vamos al paro nacional.
¡Arriba las que luchan!