El gobierno Duque* El gobierno de Iván Duque busca hacer aprobar su plan nacional de desarrollo para el periodo 2018-2022, el proyecto «Pacto por Colombia, pacto por la equidad» con la consigna de mayor legalidad, mayor emprendimiento, radicado desde el 6 de febrero en el Congreso. Este plan, que supone la proyección de las líneas […]
El gobierno Duque*
El gobierno de Iván Duque busca hacer aprobar su plan nacional de desarrollo para el periodo 2018-2022, el proyecto «Pacto por Colombia, pacto por la equidad» con la consigna de mayor legalidad, mayor emprendimiento, radicado desde el 6 de febrero en el Congreso. Este plan, que supone la proyección de las líneas estratégicas de la coalición uribista, conservadora y evangélica hoy en el gobierno, profundiza la política económica neoliberal que justamente ha reforzado la enorme desigualdad social en el país, sujetando las finanzas públicas al pago de la regla fiscal y la deuda externa, disminuye los aportes tributarios de los empresarios para socializarlos entre las consumidoras populares, establece facultades extraordinarias para un presidente autoritario y concentra funciones administrativas en instituciones fuertemente centralistas, descuida los recursos específicos para el proceso de paz, implica un recorte de subsidios a los servicios públicos de la población más empobrecida y aumento de las cotizaciones de seguridad social las trabajadoras independientes más precarizadas.
El gobierno neoconservador se ve en la necesidad de continuar el ajuste económico que el especulador bancario y Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, director de la política económica del plan, viene impulsando desde el año pasado. Necesita también recuperar la iniciativa política tras su caída en las encuestas, el hundimiento en el Congreso de sus ilegales modificaciones a la JEP enmarcados en su política de destrucción paulatina del proceso de paz con las FARC, y la parcial derrota sufrida ante el movimiento estudiantil el año pasado y el movimiento indígena de forma más reciente. Su discurso de legalidad, supone la continuidad del programa uribista de consolidación democrática, y un apoyo abierto al liderazgo en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, abogado de Odebrecht y del grupo Sarmiento Angulo, cuestionado por su implicación en grandes casos de corrupción.
Luchas actuales
La convocatoria del paro del 25 de abril, ha sido organizada por la Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS), antigua Coordinadora Sindical y Social, que ha intentado construir sobre la base de un pliego de exigencias a nivel nacional y distrital, una agenda de movilización abierta a la participación de diferentes sectores, con resultados modestos. La organización de esta articulación, tras el fracaso de organismos como la COMOSOCOL o las rutas por la paz, es una nota positiva del panorama de los movimientos populares a nivel nacional, aunque las formas de construcción siguen estando mediadas por el verticalismo y la burocratismo de la mayoría de organizaciones, por lo que la urgente tarea de construir la unidad real desde abajo sigue distante.
Este 25 de abril, se desarrolla la huelga de docentes del sector público organizadas en FECODE tras el paro parcial del pasado 14 de febrero, y la convocatoria a los asalariadas del sistema judicial agremiadas en ASONAL Judicial, que retoman su lucha contra los decretos de la mal llamada descongestión judicial, cuyo última gran movilización viene de noviembre del año pasado. Además se esperan movilizaciones de los sectores barriales descontentos en Bogotá por la fallida política de la administración Peñalosa y de las estudiantes universitarias que buscan reorganizarse tras su movimiento anterior, amén de otros posibles sectores que puedan sumarse a la convocatoria.
El paro se da en medio de la movilización de las obreras de la USO de la industria del petróleo ante los proyectos gubernamentales de privatización de Ecopetrol y la protesta más recientes de las trabajadoras de la EPS Sanitas, el fortalecimiento del movimiento de mujeres como lo muestra la importante movilización del 8 de marzo y reactivación de la actividad de las disidencias contra los actos de odio y exclusión, tras los hechos del centro comercial Andino. Su convocatoria se da en un año movido por la protesta en defensa de los acuerdos de paz y contra el asesinato de las líderes sociales, la reivindicación de las organizaciones populares de la región Caribe en febrero por malos servicios públicos y sobre todo el desarrollo el pasado mes, de la Minga de Resistencia Social en el Cauca y otras zonas del sur occidente. Su antecedente más inmediato y significativo es el inmenso paro nacional universitario liderado por la UNEES en octubre-noviembre del año pasado. De ese movimiento, saldrán un conjunto de acciones colectivas que incluyen nuevas jornadas de movilización, el campamento humanitario de lideresas sociales amenazadas y el refuerzo a la convocatoria de un 1 de mayo.
La tradición del paro cívico
El paro cívico nacional es una herramienta de protesta poderosa de la clase trabajadora, los sectores sociales y el pueblo, en la historia moderna del país. Así, hacemos presente importantes huelgas de masas en toda la geografía del Estado, que han tomado el nombre de paro cívico. Así se anota con la huelga general en 1945 en defensa de los pliegos sindicales de industria, en 1947 contra la política laboral divisionista del gobierno Ospina Pérez y ya en 1949 contra la dictadura conservadora. Unos años después, se da con gran despliegue el paro empresarial de 1957 que fuerza la caída de la dictadura de Rojas Pinilla y más adelante los paros nacionales de 1965, 1969 y 1971 contra la inflación, la represión y la política laboral autoritaria de los gobiernos frente nacionalistas.
A partir de este periodo se desarrollan importante protestas cívicas en pueblos y ciudades intermedias regados por toda la geografía nacional, desde Mesitas hasta Pasto, Medellín y Barrancabermeja. Un nuevo salto supuso el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977, la protesta obrera y popular más grande de la segunda mitad del siglo XX, contra la política social del gobierno de López Michelsen. Son también valiosos los desarrollos del segundo paro cívico del 21 de octubre de 1981 contra el represivo gobierno de Turbay Ayala y el tercer paro del 20 de junio de 1985 contra la política laboral de Belisario Betancur. Más adelante se registran en contra el gobierno neoliberal de Virgilio Barco, los paros regionales campesinos de 1987 en el nororiente en defensa de los derechos humanos, las huelgas generales de 1988 contra el asesinato de líderes obreros en Urabá y en 1990 contra las políticas de estado de sitio y privatización de Cesar Gaviria.
Grandes paros urbanos también han impactado Bogotá, como lo muestran los movimientos de Suba en 1988 y Ciudad Bolívar en 1993. De forma más reciente tenemos el paro cívico nacional contra el plan de desarrollo del gobierno de Andrés Pastrana en 1999, las protestas de 2002, 2004 y 2006 contra las reformas laborales y pensionales de Uribe Vélez. Así mismo registramos los movimientos fracasados del 12 de octubre de 2012, así como los movimientos limitados de apoyo general al segundo y tercer paro agrario nacional de 2014 y 2015. En el último ciclo de protestas tenemos el intento de paro nacional del 17 de marzo de 2017, el pequeño movimiento del paro del sur de Bogotá el 27 de septiembre ese mismo año contra la ampliación del relleno sanitario doña Juana, y la protesta del 28 de noviembre del año pasado, jalonada por las estudiantes universitarias.
Los paros entonces pueden ser orientados por diferentes fuerzas políticas y sociales, tener éxito o fracasar, y contar con diferentes grados de adhesión regional o sectorial. En relación con sus antecedentes generales es claro que el actual es un movimiento pequeño y localizado en términos sectoriales. Sin embargo, el 25 de abril puede suponer una superación de las protestas inmediatas anteriores en términos de su actividad y despliegue. Justamente a esto lo apostamos.
Perspectivas sobre el actual movimiento
Como proponíamos ya 2013, sigue siendo fundamental organizar un paro unitario del campo y la ciudad, que junta la potencia los movimientos sociales del mundo rural y urbano, paralizando no solo las carreteras, sino el proceso general de producción y circulación de la economía toda. Sin embargo, es claro que la organización de la clase trabajadora y los sectores populares urbanos es notablemente más débil, que la de la población agraria de zonas de colonización campesina como el Catatumbo o de regiones de mayoría indígena como el norte del Cauca, que cuentan con el movimiento social más fuerte del país.
A sí mismo creemos, sosteniendo nuestra línea anterior, que es importante incorporar el paro de 1977 a nuestro acervo de experiencias colectivas. Esto implica no solo comprender el contexto y el desarrollo del movimiento, sino también sus características originales, aquello que lo puede asemejar o diferenciar de nuestro presente. Más que replicar con exactitud el gran movimiento anterior, circunstancia por lo demás imposible e indeseable, debemos analizar las líneas gruesas que llevaron al éxito de la convocatoria y a la protesta colectiva y organizada a millones de personas.
La apelación al paro cívico nacional como mecanismo de protesta sigue siendo importante, pero debemos superar el vaciamiento político y programático que ha sufrido este concepto, poniendo en perspectiva la necesidad criticar las construcciones puramente formales y rituales por arriba y fortalecer el trabajo social, amplio y constante con los diferentes sectores sociales, discutir y elaborar los pliegos de exigencias y los programas de acción desde la base, proponiendo alternativas de acción que interpelen y alimenten el descontento popular.
En conclusión apostamos en centros de trabajo, barrios, universidades y otros espacios sociales, por el paro activo y total de las actividades, por su discusión informada entre los diferentes sectores sociales, por decidir la participación común en deliberaciones y asambleas de base, por su preparación colectiva y desde abajo. Apostamos por un paro con movilización masiva, agitación extensa y elaboración programática. Apostamos un paro que sea un eslabón que se conecte y alimente un ciclo de múltiples luchas más largas, protagonizadas por sectores obreros, campesinos, vecinales, de mujeres, disidencias sexuales y ecologistas.
Vamos entonces al paro del 25 de abril, a protestar en la calle contra el gobierno Duque y a fortalecer la organización, la resistencia y la lucha popular.
¡Arriba las que luchan!
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