La decisión, la fórmula y el mecanismo En medio de este mar de incertidumbres, quisiera argumentar modestamente (1) por qué el gobierno, los voceros del No y los representantes de las FARC van a llegar a un nuevo acuerdo, (2) en qué consistiría el acuerdo y (3) cómo darle seguridad a lo acordado. Comienzo por […]
La decisión, la fórmula y el mecanismo
En medio de este mar de incertidumbres, quisiera argumentar modestamente (1) por qué el gobierno, los voceros del No y los representantes de las FARC van a llegar a un nuevo acuerdo, (2) en qué consistiría el acuerdo y (3) cómo darle seguridad a lo acordado.
Comienzo por una breve y necesaria referencia a la teoría de la negociación. La literatura técnica (y el sentido común) dicen que hay tres condiciones básicas para que un conflicto llegue a resolverse:
- Que cada una de las partes tenga razones suficientemente poderosas para llegar a un acuerdo;
- Que exista el margen suficiente para una fórmula que puedan aceptar las partes, y
- Que haya un mecanismo que asegure el cumplimiento del acuerdo.
Claro está que cada uno de estos pasos – la decisión, la fórmula y el mecanismo- pasa por el criterio y el querer de los negociadores, de modo que las apreciaciones subjetivas, las pasiones, los errores de cálculo y otros varios factores pueden hacer que no se logre el acuerdo. Pero en el caso concreto y en el momento exacto del presidente Santos, los voceros del No y los mandos de las FARC, la evidencia y la lógica se inclinan claramente del lado de un acuerdo. Veamos.
La decisión de negociar
La decisión primordial de cada actor depende de su respuesta a esta pregunta: ¿gano más con acuerdo o sin acuerdo? Y en este caso la respuesta inequívoca es que los tres actores ganan más con un acuerdo que no los satisfaga por completo que con volver a la violencia política:
- Las FARC saben que la revolución armada es imposible y que en la guerra que vendría tienen todo que perder. En cambio ahora parten de un pre-acuerdo excelente para ellos, con el aval de un presidente y con la simpatía del medio país que voto Sí el 2 de Octubre.
- Si no logra el nuevo acuerdo, Santos tendría que embarcarse en una guerra de exterminio y terminar su mandato en medio de un incendio. Lo obvio para él es apostar sus restos a la paz.
- Uribe sabe que impedir el acuerdo le expondría a no ganar las elecciones que vienen; en cambio ser «el salvador de la paz» le sumaría el afecto de la otra media Colombia. El futuro político y la imagen histórica de Uribe lo obligan al acuerdo.
Tanto el gobierno como la oposición y la guerrilla necesitan entonces del acuerdo. Por eso cuatro semanas después del plebiscito, los tres sectores siguen reiterando que desean conseguirlo, e incluso cada uno dice que está tratando de salvarlo. Ninguno de los tres ha dado un ultimátum, ni en todo caso ha dado un paso irremediable hacia la guerra.
La relación de fuerzas
Una vez que las partes están «atornilladas a la mesa», la pregunta siguiente es qué tanto puede lograr o tiene qué conceder cada bando. Más allá de los discursos, esto depende de la relación de fuerzas, que por supuesto cambió a raíz del plebiscito.
El tablero de fuerzas quedó patas arriba debido a la estupidez de Santos y la aún peor estupidez de las FARC al exponer lo mucho que ya tenían ganado a ese riesgo letal e innecesario. Los errores se pagan, y por eso:
- El ganador inequívoco fue Uribe como cabeza del No, aunque tiene que evitar la eventual disidencia de sus socios (Pastrana, Ordoñez, Ramírez) que a su vez le serviría a Santos o a Londoño.
- El perdedor inequívoco fue el jefe de las FARC porque quedó apresado en el dilema escueto de quedarse en el monte o aceptar un acuerdo menos bueno.
- Para el mundo y la prensa el perdedor fue Santos como cabeza del Sí, que al cabo de los años vino a perder su pelea con Uribe.
Pero aquí viene la diferencia crucial entre Timochenko y Santos: a las FARC les interesa el Acuerdo Final tal como quedó firmado, mientras que a Santos le sirve cualquier acuerdo que lleve a la desmovilización de esa guerrilla.
Es difícil de creer, pero a la gente se le olvida que Santos es el establecimiento, el enemigo militar de las FARC y el heredero político de Uribe. Verdad que le hizo tres grandes concesiones a su adversario (la no cárcel, la elevación del Acuerdo a la Constitución, las curules), pero lo hizo porque el tiempo se le estaba acabando y porque su sucesor podría ser un Vargas Lleras.
Así que Santos se quedó a «mitad del río», aunque más cerca de una orilla que de otra: tiene su firma en el Acuerdo Final y la urgencia de un acuerdo reformado, pero tiene la inclinación personal y el mandato político tajante de peluquear el acuerdo anterior.
Esto explica la escena paradójica en tres «pistas» que estamos presenciando en estos días:
► El gobierno conversa/negocia con todos los del No (y, de paso, los del Sí);
► De la Calle, el hombre del Acuerdo, pasó a ser el mensajero entre las FARC y Uribe, y
► El trío Cristo-Pardo-Barreras llega a la mesa como el preaviso a las FARC de que ya no se trata del «Acuerdo Final» sino de un acuerdo con menos concesiones.
La fórmula
Las FARC parten del «Acuerdo Final» pero tendrán que resignarse a un acuerdo reformado. La pregunta que sigue es entonces: ¿hasta dónde podrían ceder en lo que fue pactado?
Si tomamos la pepa del asunto y prescindimos del ropaje jurídico que enreda cualquier cosa, las garantías mínimas que necesitan los comandantes y guerrilleros de las FARC son siete:
- No ser asesinados tras el desarme
- Tener jueces imparciales
- No ir a una cárcel en Colombia
- No ser extraditados a Estados Unidos
- No ser sancionados por la Corte Pernal Internacional (CPI)
- No estar sujetos a cambios desfavorables en la ley penal
- Poder hacer política y poder aspirar a cargos públicos.
Estas, repito, son las condiciones mínimas para que el nuevo acuerdo no sea una rendición y para transitar de la guerra a la política. Por eso eran la esencia del Acuerdo anterior y por eso tendrán que mantenerse en el acuerdo nuevo. Pero sucede que en las 297 páginas, estas garantías se desarrollaban de manera prolija, aparatosa y con frecuencia excesiva: precisamente aquí se encuentra el margen para el tira-y-afloje, la creatividad y los acuerdos reformados.
Con titulares de prensa o a primera vista, las posiciones de los bandos parecerían irreconciliables. Pero el examen atento de las propuestas muestra que ninguno de los voceros del No ha descartado de plano ninguna de esas siete garantías (Uribe, sir irme lejos, tiene a sus hombros el antecedente de Justicia y Paz), igual que la lectura cuidadosa del Acuerdo anterior muestra que ni la impunidad ni las ventajas políticas eran tantas como suele decirse.
O para no ir más lejos: la distancia entre el «Acuerdo Final» y los voceros del No es bastante menor que la que había entre el gobierno Santos y las FARC hace apenas un año.
Paso a ilustrar la existencia de espacios suficientes para una fórmula que todos puedan aceptar en relación con cada una de esas siete garantías:
✓ Hay consenso en la plena amnistía para la gran mayoría de los guerrilleros.
✓ Con el acuerdo anterior o con el nuevo, la protección de la vida de los excomandantes será tan eficaz o ineficaz como la puede ofrecer el Estado colombiano.
✓ Los magistrados del Tribunal de Paz no actuaban en el nombre de la ONU, y su simple escogencia en consulta con tres entidades extranjeras no garantizaba más imparcialidad que la de otros magistrados colombianos.
✓ La palabra «cárcel» se ha convertido en un tabú, cuando en efecto la cárcel va desde la celda con rejas a las «colonias agrícolas» de Uribe o a las zonas rurales (del Acuerdo anterior) donde «los confinados reparan a las víctimas mediante trabajos comunitarios».
✓ Aun si el narcotráfico no fuera un delito conexo, Estados Unidos no va pedir extradiciones y en todo caso el Presidente puede no concederlas.
✓ Lo de la CPI es la clave y la palanca del acuerdo. El gobierno, los de No y la guerrilla están todos sujetos al Estatuto de Roma que en sus artículos 6,7 y 8 tipifica exactamente las conductas constitutivas de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra (los que más se registraron en Colombia). Los alambiques del «Acuerdo Final» se basaron en una interpretación manguiancha del Estatuto, y el nuevo acuerdo se puede mover hacia una interpretación más rigurosa.
✓ Para blindar las garantías penales no hay que meterlas a la Constitución (que de todas maneras es cambiable). El Fiscal y la Corte Suprema ya están proponiendo las medidas apropiadas, que por demás se ciñen al Estatuto de Roma.
✓ Las candidaturas o hasta las curules pre-asignadas no serían de las personas sino del partido de las FARC, de suerte que los grandes criminales no tendrían por qué «ir al Congreso».
Las anteriores son simples ilustraciones. El punto que me interesa destacar es la existencia del «margen suficiente para una fórmula que puedan aceptar las partes».
El mecanismo
Ya tenemos el reguero predecible de propuestas para ir saliendo del atolladero. Que la Corte Constitucional anule el plebiscito o lo repita parcialmente, que le dé curso al Acto Legislativo de Refrendación a pesar del plebiscito, que el Congreso implemente el Acuerdo existente, que un colegio de gobernadores, que cabildos abiertos regionales, que Santos cite a otro plebiscito, que simplemente firme otro acuerdo con las FARC, que Congresito o que Constituyente.
Estos mecanismos servirían para cosas muy distintas, y cada uno tiene sus méritos y sus defectos jurídicos y políticos. Destaco solo estos puntos:
- Aunque podrían tener bases jurídicas, los mecanismos que «le ponen conejo» al plebiscito (anularlo, dar curso al Acto Legislativo, que el Congreso, los gobernadores o los cabildos implementen el Acuerdo existente) no tienen viabilidad política.
- El Congresito o la Constituyente implicarían que el nuevo acuerdo se reduzca a precisar la participación de las FARC, resolverían el problema que no era, y de paso lanzarían este país al vacío.
De manera que si hablamos de un acuerdo reformado solo quedan dos caminos:
✓ Que lo firme el Presidente como dice la Constitución, y como dijo la Corte con la única condición de que el texto sea distinto del que salió derrotado (seguramente la Corte sería quien decide si el nuevo acuerdo es «distinto» del anterior), o
✓ Que ese acuerdo «distinto» se someta a plebiscito u otra forma de consulta popular.
La escogencia de la vía dependerá ante todo del grado de consenso entre el gobierno y los voceros del No. Si el nuevo acuerdo con las FARC es plenamente compartido por Uribe y compañía, la consulta con el pueblo sería fácil o de hecho sobraría. Si el acuerdo con Uribe y compañía es incompleto o no existe, Santos tendría que volver a escoger entre firmarlo sin más vueltas, o convocar a un nuevo plebiscito con una probabilidad creo yo más elevada de que gane el Sí.
Con la venia o sin la venia de sus críticos, el presidente es quien negocia, decide y sanciona los convenios de paz en Colombia. Y esta, después de todo, es la razón más evidente y más sencilla para saber que habrá un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.
Hernando Gómez Buendía, Director y editor general de Razón Pública.