La salud en Chile, del mismo modo que la educación, es una actividad basada en el lucro, en especial en lo relacionado con los medicamentos. El sector farmacéutico, que en el mundo mueve cifras astronómicas (1,6 billones de dólares en ventas en 2011, según PriceWaterhouse) se consolida como la cuarta industria más grande del planeta. […]
La salud en Chile, del mismo modo que la educación, es una actividad basada en el lucro, en especial en lo relacionado con los medicamentos. El sector farmacéutico, que en el mundo mueve cifras astronómicas (1,6 billones de dólares en ventas en 2011, según PriceWaterhouse) se consolida como la cuarta industria más grande del planeta. En Chile también amasa cuantiosos millones, para asegurarse como uno de los sectores más dinámicos y poderosos. Dinámico, porque registra cifras de alto crecimiento cada año, y poderoso porque se ha levantado como una tremenda fortaleza que impide el ingreso de nuevos actores al mercado, a la vez que acude a numerosas y turbias prácticas para mantener en constante ascenso sus utilidades.
Durante el año pasado, los laboratorios chilenos (que en realidad no fabrican sino, principalmente, envasan drogas importadas) facturaron más de 1.500 millones de dólares, cifra que desglosada arroja un interesante fenómeno comercial que ayuda a entender el funcionamiento de este mercado. Si consideramos las unidades vendidas, del total de ventas, un 20 por ciento corresponde a medicamentos de marca. Sin embargo en cuanto a valor, los remedios de marca corresponden a casi la mitad del total de la ventas. Se trata de remedios muchos más caros, los cuales explican el negocio. Los laboratorios, así como las farmacias, prefieren vender a toda costa la droga de marca. Aquí está lo más lucrativo de la actividad.
Uno de los rasgos del mercado chileno es la excesiva concentración de las cadenas de distribución. Las tres grandes cadenas (Fasa, Cruz Verde y Salcobrand), tienen más del 90 por ciento de las ventas, pero también podemos decir que hay una concentración en la producción. Los laboratorios que producen remedios de marca, en su gran mayoría transnacionales, concentran gran parte del negocio. Es aquí, entre las farmacias y estos laboratorios, donde se cocinan las prácticas más oscuras y corruptas de este suculento mercado.
Una de las estrategias comerciales clásicas del sector es el lobby, la presión y también la corrupción que se extiende desde el cuerpo médico a todo tipo de políticos. Es una actividad a la que destina decenas de millones y que le ha dado muy buenos resultados. Tanto, que prácticamente toda la reglamentación de este sector ha estado muy influida por la misma industria, lo que hoy se manifiesta con evidencia palmaria tras el rechazo de los diputados a un proyecto de ley que busca, simplemente a través de una desregulación de los locales de ventas, abrir el mercado y generar más competencia con el objetivo de bajar los precios. Si la impugnación de los parlamentarios a este proyecto resulta difícil de creer, el otro rechazo es aún más impresionante: los diputados también se resisten a aprobar un proyecto que obliga a los médicos a escribir en la receta el nombre genérico del medicamento de marca, lo que permitiría que el paciente pueda reemplazarlo por un similar más barato. Como bien se sabe, y el Sernac lo ha comprobado en muchas ocasiones, el precio del remedio de marca supera varias veces a su similar genérico.
REMEDIOS MAS CAROS EN CHILE QUE EN ESTADOS UNIDOS
El precio limita el acceso a los medicamentos en Chile. Atenta contra un derecho humano básico de segunda generación, que es el acceso a la salud, establecido por la ONU en su carta de 1948. Un estudio realizado el mes pasado por el Sernac, detectó en una lista de 441 medicamentos -considerando los más vendidos y algunos de sus productos sustitutos-, diferencias por encima de un 25 por ciento. Pero hay otros estudios que entregan una información más grave: los medicamentos en Chile no son sólo más caros que en otros países latinoamericanos, sino que incluso en Estados Unidos.
Hace un mes, el economista Eduardo Engel escribió en su blog sobre el precio de los medicamentos. Comparó el antialérgico Allegra (Laboratorio Sanofi Aventis): en Chile la pastilla cuesta 750 pesos; en Estados Unidos, el precio es un tercio del chileno. Otro estudio comparativo apunta a conclusiones similares. Como ejemplo el Arimidex (Laboratorio Astra Zeneca), para el tratamiento del cáncer de mama, vale casi 70 dólares en Estados Unidos (unos 35 mil pesos), en tanto en Chile, 113 mil. Con otros países latinoamericanos la diferencia es también enorme. El Celebra (un antiinflamatorio del laboratorio Pfizer) en Chile vale 22 mil pesos la caja, y en Argentina once mil.
El proyecto de ley de medicamentos, propuesto como paradoja por un gobierno de derecha, favorece a los consumidores, pero les altera el negocio a las grandes corporaciones. Por ello, y no otra cosa, ha sido tan grosero el lobby y la «compra» de diputados. Por ello también la reacción histérica de parlamentarios de todas las bancadas ante las denuncias de conflictos de interés lanzadas por el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Al no haber argumentos de peso ante la ciudadanía, han levantado una histriónica defensa corporativa que busca proteger una honorabilidad hace mucho tiempo perdida.
El rechazo a la nueva ley de medicamentos, apoyada por organizaciones de consumidores, resulta un hecho tanto o más increíble que la misma votación a favor de la Ley de Pesca, con una desembozada ayuda de los lobbistas de las pesqueras como quedó en evidencia impúdica en los pagos a la diputada Marta Isasi. La ciudadanía sabe que este es solo un ejemplo en un mar de corrupción. El diputado René Alinco, que conoce como opera la Cámara desde dentro, dijo entonces que la Ley de Pesca fue pagada por los industriales pesqueros. Es muy difícil creer que Mañalich esté equivocado. Estimaciones para Estados Unidos cifran en unos 15 mil millones de dólares anuales el gasto de las farmacéuticas para comercializar en forma ventajosa sus productos, los que parten desde los mismo médicos hasta llegar a los legisladores.
La actitud de los parlamentarios ante este proyecto de ley que favorece el acceso a la salud a la ciudadanía, desenmascara la forma como se ha hecho política en Chile durante las últimas décadas. El Poder Legislativo binominal ha pasado a ser un enclave en la institucionalidad política para los poderes económicos. Legislan, como ya se ha visto en tantas votaciones clave, para el mejor postor. El sistema está corrupto desde sus mismas bases y abarca a las dos grandes modalidades de ventas: los remedios OTC (Over the Counter), que son los de venta libre, y los que requieren prescripción de los médicos. En Chile, los OTC son territorio de las farmacias y los de prescripción, de los laboratorios. La ley de medicamentos busca regular ambas modalidades, lo que ha generado el lobby descontrolado.
LOBBYSTAS VIGILANTES
Para los medicamentos de libre venta, el gobierno ha propuesto ampliar la comercialización a supermercados. En teoría, la ubicación de los remedios en góndolas y la mayor competencia debieran llevar a una disminución en los precios. Pero las grandes cadenas de farmacias, que controlan más del 90 por ciento de las ventas, ha boicoteado esta posibilidad con el argumento, esgrimido por los parlamentarios, de una sobremedicación de la población. Un argumento falaz, ya que el vendedor de la farmacia generalmente, además de venderle al cliente el medicamento del laboratorio que le da una mayor comisión -y muchas veces negar el solicitado-, promociona una serie de otros productos por los que también recibe un incentivo económico. Quien pregunta por un remedio para la tos, lo más probable es que saldrá también con un antipirético y una pomada. En cuanto a los precios, nos basta recordar la colusión detectada hace unos años en estas cadenas de farmacias. En suma, un diseño comercial que impide al consumidor ejercer la libre elección. Una práctica de cartel absolutamente reñida con el libre mercado.
El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), Stefan Larenas, apoyó abiertamente la denuncia del ministro Mañalich respecto al lobby de las farmacias, por el rechazo en la Cámara de Diputados de la venta de medicamentos en supermercados y otros establecimientos. «Es bastante decepcionante la votación ya que se perdió por dos votos, lo cual dice mucho de lo que fue el lobby farmacéutico. Los lobbystas son conocidos y estaban ahí presentes», dijo el presidente de la organización a una radio. Larenas añadió que estuvo en las comisiones y «estaban llenas de lobbystas, sentados, sin hablar, tomaban nota y luego hablaban con los diputados. No es nada extraño decir esto, como dijo el ministro, porque eso es visible».
Odecu calificó la situación como «un nuevo triunfo del lobby en la industria, el monopolio farmacéutico queda sin competencia gracias a los diputados que dicen estar en contra pero votan por mantenerlo». Este es un punto fundamental, ya que, actualmente, las tres principales cadenas de farmacias concentran cerca del 95% de las ventas totales de medicamentos. De haberse aprobado la venta en otros locales comerciales, los consumidores habrían tenido un ahorro significativo -entre un ocho y un 30 por ciento- en el costo de los medicamentos.
Pero no todas las organizaciones de consumidores están a favor de esta reforma a la ley. Para estas agrupaciones, la venta libre no garantiza que los precios de estos medicamentos bajen, y aún peor: pueden originar graves problemas de salud pública derivados de los daños que produciría la ingesta, fuera de todo control médico o farmacéutico, de estos genéricos que poseen múltiples «contraindicaciones o efectos secundarios».
LA «FARMAFIA» EN PLENA ACCION
La comercialización de los medicamentos de marca es bastante más compleja y puede calificarse como abierta corrupción. El alto precio de estos remedios incorpora también todas las comisiones y regalías que reciben los médicos para que prescriban esas marcas. No se trata de bolígrafos o tacos de papel para notas entregados por los visitadores médicos, sino de viajes a congresos con todos los gastos pagados para los especialistas y sus esposas. Ante estas ofertas, son pocos los médicos que se resisten.
Podemos llamar a estas prácticas «conflictos de interés» o abierta corrupción. A cambio de recetar el remedio de marca del laboratorio más poderoso, estos médicos reciben regalos, gastos para vacaciones, comisiones por cada prescripción, asistencia a conferencias científicas, muestras médicas y material promocional, gastos para investigación y cursos, entre otras innovaciones de mercadeo. Es también conocido el manejo de grupos de pacientes para promover los beneficios de ciertas terapias ligadas a un fármaco de marca, o la manipulación de gremios completos de la salud a través de apoyos como los citados.
El lobby farmacéutico universal llega a acciones de tal envergadura, que ha sido capaz de distorsionar la agenda mundial de la salud. Hay suficientes y serias acusaciones en cuanto a que estos laboratorios han logrado exagerar los efectos de una epidemia creando pánico en la población, y obligando a los gobiernos -como el actual, que compró el año pasado casi un millón de dosis contra la meningitis- a destinar miles de millones en compra de vacunas de escasa o nula utilidad. Influencian a los gobiernos y también a los parlamentarios. Aún no nos olvidamos de las alarmistas declaraciones del senador Guido Girardi ante la epidemia H1N1, en las que predecía la muerte de cien mil chilenos.
La reforma al Código Sanitario busca también permitir el intercambio de un medicamento de marca por uno bioequivalente de similares efectos terapéuticos, pero de un precio sensiblemente menor. Aun cuando esta parte del proyecto está más avanzada, persisten obstáculos, como la obligación que el médico prescriptor anote en la receta su equivalente genérico, propuesta rechazada durante la última votación de la Cámara. El proyecto deberá pasar al Senado, donde deberán revisarse los puntos rechazados por la Cámara. Pero el ruido desatado por los parlamentarios tras las denuncias de oscuras maniobras del lobby farmacéutico, parece haber movido la discusión hacia otras preocupaciones de los honorables. Como ya hemos visto en otras ocasiones, la defensa corporativa de sus propios intereses es aquí también la prioridad.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 784, 28 de junio, 2013