El Canal TRO ha registrado de manera particular las jornadas de protestas que en los últimos días se han desarrollado en Bucaramanga, en el marco de una Jornada de indignación nacional contra la brutalidad policial y que exige que ¡Pare el Genocidio!
En la emisión del medio día del 14 de septiembre, el noticiero inicia la nota con la pregunta de ¿qué puede estar detrás de las marchas? con la que desdibuja de entrada la legitimidad de las protestas y la realidad que ha llevado a un descontento social generalizado. Un propósito que se apuntala con el reencauche del apelativo de “vandalismo” para referirse y descalificar las formas más beligerantes o desafiantes que son elegidas por algunos sectores organizados que se movilizan, para expresar su inconformidad.
Los análisis que ha posicionado TRO sobre las jornadas de protestas, carecen de un enfoque de derechos y crea una serie de sofismas muy convenientes a la corriente neo-fascista que viene tomando fuerza alrededor del planeta:
El falso dilema entre protesta y vandalismo
Haciendo eco del lenguaje que se impone desde la institución policial y en general, desde el poder hegemónico, se ha creado una falsa división entre protesta y vandalismo. La primera como sinónimo de civilidad y la segunda de delincuencia. Un planteamiento sobre el que teoriza el analista de TRO, Néstor Rosalía, invitado en emisión anterior (13 de septiembre).
Lo primero que evidencia este planteamiento, es que existen formas de expresión de la inconformidad popular que incomodan al poder y otras que les resultan aceptables y digeribles. Y justamente en razón a esto, se dirigen esfuerzos para atacar por todos los frentes (académico, mediático, político y jurídico) aquellas que subvierten los límites institucionales al ejercicio de un derecho ciudadano.
Lo que oculta esta postura, es que ni jurídica ni sociológicamente, la violencia que se imprime a la protesta, le resta el carácter de tal. Es decir, que sigue siendo Protesta, que tiene una vocación colectiva, reivindicativa, que busca transformaciones sociales necesarias para la humanidad a través de la presión de sectores de oposición, inconformes con el poder. Por lo tanto, debería ser entendida desde su aporte a la construcción de una sociedad democrática, y no como prácticas peligrosas y prohibidas.
El tratamiento que se ofrece a la violencia popular, dice mucho de la naturaleza del régimen que lo aplica. Dentro de un sistema democrático (real), por ejemplo, se buscaría desplegar con inmediatez los canales para tramitar y abrir espacios de participación social, alrededor del motivo de la inconformidad: En este caso, sobre la brutalidad policial y el genocidio en curso contra el movimiento popular.
Por el contrario, los regímenes autoritarios históricamente han acudido a la creación de una “otredad negativa”, “un enemigo” al que se deslegitima, se despoja de los derechos y se le busca aniquilar. El calificativo de “vándalo” es el ejemplo más reciente. Un término re-estrenado durante las últimas jornadas de movilización que sobrevinieron al 21N, pero que hoy se encuentra naturalizado en la opinión pública, a la que se le llama incluso a señalar y entregar a quienes –según la inteligencia policial– ejercen estas formas de protesta. El uso del derecho penal y el encarcelamiento, son otras de las expresiones de represión estatal, en aquellos regímenes en los que, en lugar de debatir sobre las reivindicaciones populares, las persigue y silencia.
Este tipo de respuesta desde el poder, terminan por cerrar los canales (que nunca han estado abiertos) o posibilidades de participación real de las personas en la toma de decisiones políticas que les afecta, y paradójicamente legitima aun más la violencia popular.
Estigmatización al “discurso radical”: Persecución al pensamiento crítico
Una delicada confusión planteó TRO –en voz del comandante de la Policía de Santander y el supuesto analista Julio Acelas– tras hacer la pregunta sobre la expresión “profe” que se escucha en un vídeo aficionado de las protestas en Bucaramanga y que según los periodistas “abre el interrogante de si algunos profesores estarían incentivando a participar en este tipo de marchas y por que no, a participar en actos vandálicos”. La imagen recurrente que usan mientras abordan el asunto, es la del abogado defensor de derechos humanos y docente universitario Leonardo Jaimes Marín.
El analista invitado Julio Acelas Arias, director del Observatorio ciudadano de Santander, indica que la mayoría de los que participan en las protestas son jóvenes y cuestiona que las aulas usadas “para adoctrinar en función ciertos credos políticos e ideológicos donde no haya contraste, donde no haya debate, donde no se miren todas las posturas y se terminen asumiendo posturas ideológicas radicales, anti-sistémicas que solamente creen en la violencia y en el derrocamiento del Estado…” acto seguido conmina a la Policía a investigar y judicializar a los docentes que adoctrinan de manera asimétrica y perversa a sus estudiantes. Luego se refiere directamente al profesor Leonardo Jaimes dice que es un defensor de derechos humanos “de vieja data” que hace parte del Congreso de los Pueblos y que ha sido un hombre público en la UIS y especula que iba a la protesta con algunos militantes de grupos estudiantiles proclives a este tipo de opciones radicales y anti-sistémicas. Finalmente se refiere a las presuntas infiltraciones del movimiento estudiantil –documentadas por la inteligencia militar- por parte de organizaciones insurgentes.
La opinión de Acelas merece un análisis que nos permita entender qué es lo que hay detrás de la matriz mediática de TRO. Primero, está dirigida exclusivamente contra lo que él denomina ideologías radicales y se refiere a estas, como si la libertad conciencia estuviera vetada a las corrientes de pensamiento que cuestionan el orden establecido. Al analista le resulta perverso que en las aulas universitarias existan docentes que en ejercicio del derecho (formal) a la libertad de cátedra, desarrollen este tipo de planteamientos, pero con suma naturalidad pide que sean perseguidos (una forma más castiza de traducir las expresiones investigar, judicializar y llevar ante la ley, usadas por Acelas).
Lo que dice el analista va en abierta contravía de los presupuestos (formales) del Estado social de derecho, pero muy a tono con la realidad, en la que la doctrina del enemigo interno se aplica con especial rigor y se evidencia una clara avanzada hacia el fascismo, con su consecuente tendencia regresiva en materia de derechos humanos. Esa es la realidad que Acelas llama a legitimar, mantener o in-cuestionar en los claustros universitarios. Para el opinador de TRO, todo el sustento histórico, sociológico y filosófico que le da soporte al derecho a la rebelión de los pueblos, toda teoría revolucionaria, debe ser desterrada de las aulas. Las ideologías conservadoras, en cambio no son objeto de cuestionamiento del politólogo; ni siquiera las más recalcitrantes –en nombre de las cuales se han desatado políticas de aniquilamiento contra ciertos sectores de la sociedad-. Asume como natural que el orden imperante debe ser perpetuado (o si acaso reformado o maquillado) y que en eso debe ser instruidas las nuevas generaciones. Ese es el único adoctrinamiento posible.
El cuestionamiento que el analista realiza sobre el escenario de las aulas, lo traslada al movimiento popular y estudiantil, de una manera igualmente peligrosa. Acelas enfila sus argumentos contra las posturas que él llama “anti-sistémicas”, e insinúa que los grupos que las enarbolan, son violentos (ilegales) y están infiltrados. Igual que Néstor Rosalía, crea una dualidad entre la Protesta permitida y la proscrita a la que, según ellos, es legítimo perseguir y si es posible, exterminar. Lo peligroso de estos planteos, es que se traducen en jóvenes encarcelados/as y asesinados/as. Son los que se le dan una justificación (esa sí, perversa) a las fuerzas oficiales, para descargar toda su letalidad sobre quienes salen o pasan por los lugares donde se expresa la inconformidad popular. De esta manera, el debate de fondo sobre la brutalidad policial y el proceso genocida que motiva las protestas (violentas o pacíficas), queda silenciado.
La matriz mediática de TRO y en general, de los medios masivos de comunicación, guarda una estrecha coherencia con las políticas eliminacionistas que buscan el sostenimiento del orden vigente y requieren para ello de la creación de un “enemigo/a” y su demonización. Políticas que han costado la vida o la libertad de valiosos/as luchadores/as populares.
Persecución del derecho a defender los derechos humanos
Otro asunto complejo que se posiciona a través de TRO, gira en torno a la labor de defensa de los derechos humanos, a la que Néstor Rosalía del centro de estudios sociales en seguridad y paz, ubica como parte de las estructuras de funcionamiento de los “grupos de vándalos”. El analista señala que estos operan desde cuatro líneas: i) la de los/as que tiran piedras, ii) la que realiza funciones apoyo logístico, iii) la que se encarga de los heridos, y iv) la que atiende los/as detenidos/as.
De esta manera, las (o algunas) organizaciones que procuran el respeto de las garantías más elementales (como el derecho a la defensa y a no torturado/a o sometido/a a tratos crueles, inhumanos y degradantes), son convertidas en parte de estructuras que el analista caracteriza como “delincuenciales”. Postura que seguramente explica las razones por las que a nivel nacional la policía ha obrado con especial saña contra defensores de derechos humanos en los contextos de protesta. Varios/as han sido detenidos/as arbitrariamente y lesionados/as en el marco de acciones selectivas de la fuerza pública.
La disputa de fondo que plantea el comentarista de TRO no es novedosa. Los derechos humanos han sido usados como legitimantes –por ejemplo- de la intervención y agresión imperialista en varios países de los que luego extraen sus riquezas; pero a su vez, vienen siendo repensados y cuestionados desde distintas y variadas corrientes críticas, aunque las posturas estigmatizadas y perseguidas, son a aquellas que cuestionan y desnudan el status quo, las que no se asumen como observadoras aparentemente imparciales (que contemplan) de la realidad sino que buscan ser parte de los procesos de transformación de esta.
Reafirmación
Desde el Equipo Jurídico Pueblos, reafirmamos nuestra postura y praxis en la defensa de los derechos humanos. No ocultaremos jamás nuestros cuestionamientos a la injusticia e inequidad derivada del sistema político y económico imperante, ni nuestra inclinación y profunda solidaridad con las clases subalternas de las que formamos parte. Ratificamos nuestra voluntad de contribuir a las transformaciones sociales. Por eso, jamás cohonestaremos ni nos pondremos de lado (abierta o subrepticiamente), de megaproyectos económicos (como el de Minessa en Santurbán, por ejemplo) que sólo buscan la acumulación de capital por encima de la vida y la dignidad de las comunidades y la naturaleza.
Además, le seguiremos apostando a una academia deliberante, crítica y al servicio de los sectores excluidos y llevaremos a ese y los escenarios que sea, el debate alrededor del carácter y naturaleza del Estado, los derechos humanos y su función social.
Nos sabemos incómodo/as al poder hegemónico y conocemos que por ello seremos flanco de ataques jurídicos, políticos e ideológicos virulentos. No por eso nos marginaremos de discusiones esenciales para la humanidad, ni dejaremos actuar en defensa de los derechos de los pueblos. Los ataques en nuestra contra, igual que contra otros sectores del movimiento popular, forman parte del proceso genocida que se desarrolla en Colombia.
Para finalizar surge la pregunta ¿una vez perfeccionada la matriz mediática de otredad negativa contra lo/as defensores de derechos humanos que viene después? A partir de una sucinta mirada del modelo represivo impuesto en Colombia, sabemos que se acudirá al falso positivo judicial o al asesinato.