El envío de un supuesto documento de la Fiscalía Nacional de Colombia a su símil chileno en el que se vincula a las FARC con el movimiento mapuche, señalando al Partido Comunista como apoyo e intermediación de esta relación, ha encontrado un fuerte eco en la prensa nacional y en el mundo político. Desde acusaciones […]
El envío de un supuesto documento de la Fiscalía Nacional de Colombia a su símil chileno en el que se vincula a las FARC con el movimiento mapuche, señalando al Partido Comunista como apoyo e intermediación de esta relación, ha encontrado un fuerte eco en la prensa nacional y en el mundo político. Desde acusaciones en el parlamento, pasando por editoriales, hasta declaraciones que parecen sacadas de una película de bajo presupuesto sobre la guerra fría han desfilado por diarios y publicaciones varias.
La utilización del espectro de las FARC como arma de guerra sucia para atacar a adversarios políticos ya ha sido usada antes no sólo en Chile sino que en todo el continente. Sin ir más lejos, semanas atrás, en Brasil, el comando de José Serra también acusaba al Partido de los Trabajadores del presidente Lula y de la candidata a la presidencia Dilma de estar aliados con las FARC, con el narcotráfico y con todo lo que hay de «malo» en el mundo. Tanto en Brasil como en Chile las acusaciones no han mostrado mayores fundamentos y se han diluido en su propia intrascendencia.
Por lo mismo y pese a que la denuncia se basa en un documento que acusadores (Ministro del Interior e incluso el presidente Piñera) y acusados desconocen, la maniobra no debería sorprender a nadie. Y el impacto mediático que esta noticia ha tenido es prueba de ello ¿Qué explica la desproporcionada cobertura de esta acusación en una semana en la que se produjeron hechos políticos, sin duda, más relevantes, tales como una huelga de hambre de los presos políticos mapuche que ya superó un mes o la tragedia de los mineros enterrados bajo tierra que ha desnudado la institucionalizada precariedad del trabajo en Chile? Estos mismos antecedentes permiten identificar en la acusación al menos un carácter distractivo en su motivación, pero que no da cuenta del alcance de la maniobra.
El contexto político en el que surge la denuncia nos muestra que hay más de un objetivo contenido en esta tentativa. Al casi seguro acuerdo municipal entre las fuerzas de la Concertación y el Partido Comunista, se le debe sumar el llamado del Presidente de este partido, el diputado Teiller, a avanzar en la definición de un candidato presidencial único con miras a las próximas elecciones. Ante esto, las alertas en la derecha no tardaron en activarse y rápidamente el Senador Larraín (UDI) declaró: «Queremos saber si los altos dirigentes de la DC y del resto de los partidos están dispuestos a tener acuerdos políticos con quienes reconocen tener relaciones con grupos terroristas». La lógica transitiva es simple: si la DC pacta con el PC y el PC pacta con las FARC entonces la DC lo hace con las FARC.
Más allá del anticomunismo arraigado en la derecha chilena que parece más vivo que nunca, esta operación política parece más orientada a afectar, en el corto plazo, a la DC que a los propios comunistas. Todo parece indicar que la derecha busca influir en las elecciones internas de la DC dando argumentos para fortalecer a los sectores más próximos a la derecha y menos dispuestos a embarcarse en un pacto electoral que pueda incluir a los comunistas. Es en ese espíritu que se deben comprender las declaraciones del Senador DC Hosain Sabag, en las que afirma que el Partido Comunista «históricamente y en muchas partes del mundo ha usado la violencia y el terrorismo para cazar votos», desconociendo la trayectoria democrática del Partido Comunista de Chile que nunca apoyó un golpe de Estado en nuestro país, algo de lo que no se pueden jactar muchos partidos en Chile.
No obstante lo anterior, lo que parece más preocupante de esta operación política es la intención, aparentemente menos evidente, de dar continuidad a las políticas de criminalización de los movimientos sociales, las que, aunque no son exclusivas de este gobierno, con él han tomado un impulso aún más perverso. La construcción de la categoría de terrorista, en tanto elaboración política proveniente del Estado destinada a dar legitimidad a la aplicación de castigos que a todas luces violan los principios básicos del Estado de derecho, como en el caso mapuche, es la dimensión más alarmante de este debate. Y bien lo transparentó el diario La Tercera en una de sus editoriales: «Otra arista de la investigación colombiana es la relación entre las Farc y grupos que, bajo la bandera de reivindicaciones de pueblos originarios, han adoptado en el sur de Chile la vía violenta para exigir lo que consideran sus derechos. Se han conocido antecedentes que apuntan a militantes comunistas como enlaces entre la guerrilla colombiana y estos grupos, donde resulta particularmente grave la denuncia de que algunos de sus integrantes hayan recibido instrucción militar de las Farc en el territorio que éstas controlan».
Como se puede apreciar la derecha busca matar varios pájaros de un solo tiro. Pero lo que nos debe dejar más alertas no es el fantasma de las FARC, una organización que cada día representa un desafío más débil para el gobierno colombiano, sino la amenaza de que las lógicas políticas imperantes en ese país sean importadas y legitimadas en nuestra democracia. El recurrente asesinato de adversarios políticos (entre ellos varios candidatos presidenciales de la izquierda), las matanzas de indígenas y campesinos, la muerte y desaparición de una cantidad escalofriantes de dirigentes sindicales y sociales son hechos que si bien, por un lado, explican la aparición de una organización como las FARC, también muestran el peligro presente en la difusión de lógicas de «enemigos internos» bajo el rótulo de terrorismo que han hecho del crimen político una táctica más de la praxis «democrática» colombiana. Esperemos que la afinidad e inspiración que la derecha chilena y el presidente Piñera dicen encontrar en Álvaro Uribe no vaya más allá de una declaración, de lo contrario los que hoy acusan serán los que deberán dar explicaciones al país.