“Porque no la queremos, ni en tu pueblo ni en el mío”; el 6 de marzo, la Asociación Ciudadana Camp de Túria y Serranía convocó una cacerolada -en la plaza Partidors de Llíria (25.300 habitantes, Valencia)- contra la implantación de una macroplanta de biometano en este municipio.
El colectivo ha alertado en las redes sociales sobre los peligros de esta actuación (¿Sabes qué es el biometano?); señalan que la macroplanta procesará hasta 195.000 toneladas de residuos anuales; el proceso puede generar gases -y riesgos para la salud humana- como el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), amoniaco (NH3) y sulfuro de hidrógeno (H2S); además advierten del vertido de aguas y residuos sólidos resultantes, con un posible impacto sobre la tierra y las aguas subterráneas; a ello se suma el tránsito de camiones para abastecer de residuos a la macroplanta.
The Green Vector (TGV) es la denominada plataforma colaborativa que desarrolla el proyecto, controlada por Enagás Renovable, cuyos accionistas principales son Enagas (60%) y Hy24 (30%); TGV está participada también por Genia Global Energy.
Las compañías informan que, mediante el proceso de digestión anaerobia, se generará biometano para inyectar en la red gasista y, además, lo que en el proyecto se denomina materia orgánica estabilizada.
En 2004 la iniciativa obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable de la Generalitat Valenciana (PP y Vox); en mayo de 2025, el Ayuntamiento de Llíria (gobierno del PSPV-PSOE y Compromís) y The Green Vector presentaron en público la iniciativa; además se anunció que la planta podría entrar en funcionamiento en 2026; las obras comenzaron el pasado 24 de febrero, entre protestas vecinales que denunciaron la tala de almendros.
En la manifestación del 8 de noviembre de 2025 en Llíria participaron centenares de personas, también de municipios cercanos, como Casinos, cuyo ayuntamiento, gobernado por Compromís, ha respaldado las protestas; Domeño es otro municipio que se vería afectado por la macroplanta, con problemas como el tráfico y los olores.
Más numerosa fue la movilización del pasado 17 de enero, en Llíria, a la que asistieron 2.000 personas; en la concentración del 21 de febrero, en Valencia, se mostraron ataúdes y lápidas, y se afirmó que las comarcas del interior “no queremos ser el basurero”, ni su “tablero de monopoly”.
El manifiesto de la Asociación Ciudadana Camp de Túria recuerda que, aunque proyectada en Llíria, la macroplanta tiene previsto su emplazamiento a menos de tres kilómetros de Casinos y Domeño, y a 1 kilómetro de la urbanización Mont-Ravana; “las materias primas para producir biogás incluyen residuos domésticos, purines, aguas residuales industriales y agrícolas”, subraya el colectivo.
Además, “la producción y el uso de combustibles presentan problemas, como la necesidad de recursos hídricos y terrestres, y la contaminación del aire y las aguas subterráneas”.
Un dato de interés es el de la necesidad total de agua para la macroplanta, 12.595 m3 anuales; respecto al consumo anual de energía, se estima en 6.141 megavatios hora (MWh), “a obtener de la red eléctrica, instalándose un centro de transformación y una línea subterránea para dar suministro”, señala la DIA de julio de 2024.
El proyecto establece una superficie total construida de 14.368 m2, en suelo no urbanizable común; la DIA detallaque los trabajos para la construcción de la planta incluyen la tala de árboles, el movimiento de tierras, la pavimentación de superficies, el montaje de instalaciones de obra y la expedición de residuos; la Declaración apunta asimismo que la realización de caminos de adecuación y el vallado podría afectar a los yacimientos Bassa dels Pasquals y PCRC-21.
Un estudio arqueológico en la zona, avalado por la Generalitat, destaca un número significativo de restos cerámicos de la época ibérica/romana, además de bienes del patrimonio etnológico, como ocho bancales; la vía pecuaria más cercana a la actuación -la Monrabana- se sitúa a 250 metros.
Las instalaciones se ubicarían a menos de 500 metros de terreno forestal, “situándose en la zona de influencia forestal”, detalla la DIA; y añade que en la zona está presente la especie protegida Erinaceus europaeus (erizo común).
Otro factor relevante del proyecto es la ubicación en una zona de uso agrícola, a cerca de 1 kilómetro del Bien de Interés Cultural (BIC) la Mont-Ravana: asentamiento ibérico, de 6.000 m2, que conserva su recinto amurallado y se localiza a cerca de 10 kilómetros de Llíria.
La actividad de la macroplanta está catalogada como potencialmente contaminadora de la atmósfera, de acuerdo con el Real Decreto del Consell de 2018 que regula esta materia, ya que -apunta la Declaración de Impacto Ambiental- generará emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero.
En concreto, “la parte del proceso productivo que entrañará mayor riesgo de contaminación del suelo y a las aguas subterráneas es el almacenamiento de los residuos, lodos, SANDACH Cat3, estiércol y digestato, por su potencial contaminante en caso de vertido accidental, rotura de depósitos, lixiviados o fugas”.
El Ministerio de Agricultura señala que los Subproductos de Origen Animal No Destinados a Consumo Humano (SANDACH) se generan en la producción primaria ganadera y en las industrias transformadoras de los alimentos de origen animal; estos subproductos proceden en parte de mataderos, la industria láctea o el ganado muerto en las granjas; la categoría 3 comprende los residuos considerados de bajo riesgo.
La Asociación Ciudadana Camp de Túria define otro de los residuos, el digestato, como “un líquido maloliente, de muy poco valor y con compuestos químicos dañinos para la salud y el medio ambiente”.
Una de las fuentes en la que se ha apoyado el colectivo es el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Fernando Valladares; en el poadcast Ciencia Vuelta, Valladares y la científica Ana Payo Payo resaltan la proliferación -y rápida expansión- de proyectos de plantas de biogás y biometano en el estado español, que pueden dar lugar a problemas ambientales, de salud y también económicos.
Los dos divulgadores científicos sitúan una parte de la problemática en el tamaño de las instalaciones, diseñadas de grandes dimensiones para que resulten rentables; a ello se agrega la problemática de la ubicación: “Se busca cómoda para los miles de camiones que acarrean el nauseabundo material”; Fernando Valladares y Ana Payo concluyen que éste es el ejemplo de una buena idea, pensada para reducir las emisiones, pero “deja de serlo cuando se prioriza el negocio”.
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