SITUACIÓN El 25 de mayo fue iniciada formalmente, en la Asamblea Nacional de Venezuela, la «consulta pública» del proyecto de ley de Derechos del Autor y la Autora, aprobado en primera discusión desde el primero de febrero del presente año. De manera inconcebible, este proyecto de ley, tan importante para nuestra soberanía […]
El 25 de mayo fue iniciada formalmente, en la Asamblea Nacional de Venezuela, la «consulta pública» del proyecto de ley de Derechos del Autor y la Autora, aprobado en primera discusión desde el primero de febrero del presente año. De manera inconcebible, este proyecto de ley, tan importante para nuestra soberanía cultural, ha sido dejado en manos de un adeco, quien preside la subcomisión de política interior; un sujeto gris y desinformado para quien, al parecer, lo más importante es complacer a las empresas transnacionales, y salvar todo lo que se pueda de la legislación neoliberal que se hizo o se suscribió en Venezuela, principalmente en los años 90s.
Como un ejemplo de la posición de la fracción parlamentaria adeca, la «consulta pública» se inició con un grupo de empresarios, entidades de gestión colectiva, y algún que otro miembro que no les quedó otro remedio que invitar, como Eduardo Samán, Director General del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, SAPI, quien está desarrollando una tenaz labor para que nuestro país tenga una doctrina revolucionaria sobre la propiedad intelectual. Samán se presentó con Ramón Mederos, presidente del Centro Nacional del Libro, CENAL. Ambos altos funcionarios bolivarianos expresaron su apoyo a los principios fundamentales del proyecto: El Derecho de Autor como Derecho Humano, la participación protagónica de los autores y, en fin, el hecho de que la ley debe encuadrarse en el marco constitucional establecido en 1999, en la Constitución Bolivariana, aún cuando precisan que dicha Ley debe ser perfeccionada con la participación protagónica de la comunidad.
Los parlamentarios del bloque del cambio que introdujeron el proyecto en la Asamblea Nacional, donde fue aprobada en febrero de este año en primera discusión (1) no fueron invitados. Tampoco nosotros, pero asistimos e hicimos la denuncia pública de la exclusión, inexplicable porque la Constitución nos da el derecho de participar, como autores y como redactores del proyecto de ley. Expusimos la manera irregular como se inició una «consulta pública» que no parece sino una maniobra para eliminar el proyecto de ley y sustituirlo con una ley anti piratería como las que andan promoviendo las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo, para proteger los intereses de las grandes empresas transnacionales.
El representante de Motion Picture Assotiation, la organización que agrupa a las mayores industrias cinematográficas de Estados Unidos, dijo a los dos parlamentarios adecos lo que tenían que hacer: Respetar todos los intereses de las grandes empresas transnacionales. Los grises diputados recibieron esas órdenes de manera genuflexa y sin ruborizarse ante todo el público asistente. El ejecutivo de la asociación yanqui aprovechó para amenazarnos con sanciones si no hacemos lo que ellos quieren.
En un segundo plano, pero no menos notorio, estuvo alguien que se identificó como representante de «las transnacionales disqueras» (sic), los de la cámara privada del libro, enemigo público del proyecto bolivariano de ley; representantes de dos entidades de gestión colectiva (que en la realidad funcionan como una), muy cuestionadas por una gran masa de autores y autoras, que apoyan los intereses medulares de los organismos imperiales al punto de exigir, entre otras perlas, que se mantenga el principio de «trato nacional» para las empresas extranjeras, al mejor estilo del ALCA. También estuvieron representantes de diversas empresas y ONGs venezolanas y extranjeras
El ideario del gris diputado adeco que convocó la reunión se nutre de las propuestas del postgrado de propiedad intelectual de la universidad de Los Andes, avanzada de los grandes capitales sin fronteras, que aquéllos identifican como «organización no gubernamental» (2)
Las propuestas de los factores económicos transnacionales y sus aliados internos, consisten en principios generales imperiales que se quiere reafirmar, ante los cuales los títeres criollos del gran capital se inclinan como ante algo sagrado. Y pueden hacerlo porque en Venezuela existe un régimen democrático.
QUÉ NO QUIEREN:
· Que sólo las personas naturales sean titulares de derechos, porque al incluir el término «personas jurídicas» se refiere a las grandes empresas transnacionales que actualmente nos han arrebatado lo que es en verdad, reconocido desde 1948, un derecho humano. (4)
· Incluyen entre sus «inconsistencias»: «El objeto, el contenido y el ámbito de aplicación» de la ley en discusión. Su interés consiste en mantener la vigencia de leyes supranacionales que mantengan el poder de las transnacionales pasando por encima de la soberanía de los pueblos. Por eso quieren que tengamos el mismo catálogo de definiciones que coloca al gato y el ratón en la misma jaula.
· La equidad de género en el nombre de la Ley (de Autores y Autoras). Defienden el principio machista ya trascendido en la Constitución, de que las autoras estemos englobadas en la palabra «autores».
· Insisten en aumentar la criminalización de las copias ilícitas e introducir la palabra «piratería», acuñada por el neoliberalismo, así como las medidas de fronteras que la embajada de Estados Unidos y la DEA impulsan en las oficinas de aduana del continente, en el marco del plan Colombia, y en todo el mundo, en su campaña por obtener leyes favorables a sus intereses, que conviertan a los Estados en vendedores de sus mercancías. Por eso insisten abundantemente en que debemos estar atados a los convenios internacionales.
· Mantener el derecho de distribución y alquiler de las empresas como si fueran derechos humanos.
· Que se mantenga el principio de Trato Nacional, conservando la esencia de la Ley Sobre el Derecho de Autor vigente, que fue redactada por ellos respetando fielmente todos los convenios internacionales, y aplastando todo derecho humano de autores y artistas. Este principio implica dar a los ciudadanos de otros países el mismo trato que si fuesen nacionales, es decir, a Bill Gates, el mismo derecho que a cualquier programador de provincia. Eso implica, una vez más, meter al gato y al ratón en la misma jaula. Ya sabemos quién se comerá a quién.
Alegan que nuestro país se encuentra obligado a legislar únicamente dentro del marco establecido por acuerdos internacionales. El proyecto de ley busca adaptar una ley nacional especial al marco constitucional; y cuando uno de estos convenios choca con el mismo, lo conveniente para nuestra soberanía es revisar nuestra participación en los mismos y, si es necesario, denunciarlos, e iniciar de inmediato los trámites correspondientes para salir de ellos.
De manera inexplicable, hace pocos meses la Asamblea Nacional aprobó suscribir acuerdos que enajenan nuestra soberanía y que son vinculantes al estilo que más le gusta al capital sin patria (TODA – WCT,) ; pero nunca es tarde para revisar los pasos dados, para dar un examen más a fondo a estas acciones legislativas y tomar medidas realmente soberanas, en el entendido de que los intereses de los grandes capitales que lucran con derechos de autor en particular y con propiedad intelectual en general, realizan un intenso actividad de lobby, por medio de sus propios emisarios y por aliados que lograron dentro del país; Así lograron la aprobación, a última hora y después que el Proyecto estaba en manos de la Asamblea Nacional, de esos «convenios» que cierran el paso a todo derecho de los autores y autoras si nos atenemos estrictamente a ellos.
NOTAS
(1) Adel El Zavayar, Elizabeth Leal, William García y Orlando García.
(2) Este postgrado de propiedad intelectual es el que asume la defensa de los intereses de las empresas transnacionales, y considera los acuerdos internacionales de la OMPI y la OMC como palabra divina. Son tan reaccionarios que hasta protestan porque la ley se llama «de autores y autoras», en clara oposición a la equidad de género, que es una conquista de la mujer venezolana y tiene rango constitucional.
(3) La mayoría de los convenios internacionales aludidos por los enemigos de nuestra Soberanía fueron aprobados antes de 1999, aunque dos de ellos (el WCT y —-) lo fueron cuando ya el proyecto estaba en la Asamblea Nacional, en una evidente maniobra para cerrar el paso a las transformaciones revolucionarias que contiene el proyecto.
(4) Si solamente fuera aprobado el Derecho del autor y la autora como Derecho Humano, sin trabas que lo obstaculicen, este solo principio convierte a la ley en revolucionaria, porque las personas naturales son seres humanos, pero las jurídicas no lo son, por lo cual no pueden ser titulares de derechos de autor, lo cual deja por fuera a las grandes empresas. Ahí está el principal motivo de la persistente campaña que tienen en Venezuela contra el proyecto de ley bolivariano.