Nosotros consideramos que el Estado colombiano y el Gobierno Nacional, no protegen, ni garantizan nuestros derechos y se erigen como nuestros victimarios o cómplices de terceros. Ese es nuestro conflicto, de ahí se deriva el genocidio que enfrentamos y la tragedia humanitaria que nos corresponde sobrellevar. Sin embargo para el Gobierno Nacional y así lo […]
Nosotros consideramos que el Estado colombiano y el Gobierno Nacional, no protegen, ni garantizan nuestros derechos y se erigen como nuestros victimarios o cómplices de terceros.
Ese es nuestro conflicto, de ahí se deriva el genocidio que enfrentamos y la tragedia humanitaria que nos corresponde sobrellevar. Sin embargo para el Gobierno Nacional y así lo pregona ante la comunidad internacional, los pueblos indígenas disfrutamos a plenitud de nuestros derechos y tenemos garantizado y protegido nuestro futuro. Por lo mismo califica nuestra protesta y movilización social como actos de terrorismo que buscan desestabilizar el estado.
Así caracterizamos los pueblos indígenas colombianos al Estado protector que se vende a nivel internacional para atraer capitales de inversión:
Nosotros los pueblos indígenas, desde los acervos culturales, las pertenencias étnicas y los patrimonios colectivos que nos enorgullece; como sujetos colectivos de derechos reconocidos por el Estado colombiano que se obliga constitucionalmente a nuestro reconocimiento y protección; como ciudadanos colombianos en el ejercicio pleno de nuestros derechos; como fundamento y forjadores de la nacionalidad colombiana y patrimonio de la humanidad; históricamente nos hemos caracterizado por defender la vida en toda sus manifestaciones, conservar y proteger el equilibrio y la armonía con la naturaleza, defender la libertad y rechazar toda forma de esclavitud; así como respetar el Estado social de derecho.
Nuestras luchas y reivindicaciones siempre han estado ajustadas al derecho y la legalidad vigente. Nunca hemos reclamado, quitado o recuperado nada que no nos pertenezca. Nuestras luchas siempre han sido orientadas a defender y hacer respetar lo propio que hemos heredado de nuestros ancestros los pueblos originarios. Estos ideales y derechos han sido reconocidos en su oportunidad por las naciones del mundo mediante instrumentos internacionales para nuestra protección y pervivencia; así mismo y tras esfuerzos centenarios y la pérdida de nuestros mejores hermanos por el Estado colombiano.
Hoy luchamos por nuestros derechos que incluyen la construcción de un Estado plurietnico y multicultural, incluyente y tolerante, igualitario y respetuoso de los derechos humanos. Luchamos para que se respete nuestro derecho a participar con garantías ciertas en la vida económica, política, social y cultural de nuestra nación, desde las particularidades y derechos colectivos que nos asisten. Luchamos y trabajamos por una solución política al conflicto armado, social y político que vive nuestro país; afirmando el concepto de Paz con Justicia Social como condición para la reconciliación nacional y para superar las causas estructurales del conflicto.
Luchamos por construir un modelo de desarrollo para la nación que no se base en la entrega a las compañías trasnacionales de nuestros recursos naturales, de biodiversidad y genéticos. Luchamos por la seguridad alimentaria, el bienestar, la protección social y las garantías de futuro para todos los colombianos.
Pero mientras los pueblos indígenas nos comprometemos con el futuro, la vida y la paz, existen sectores y núcleos de poder de la sociedad colombiana que se empecinan en tratarnos como animales dañinos que se deben eliminar, al igual que los conquistadores españoles, el General Uribe Uribe, los colonos del llano que salían a cazar indígenas en las tristemente celebres guahibiadas de mitad del siglo pasado o evangelizadores que prefieren vernos muertos a dejarnos disfrutar de nuestras culturas, usos y costumbres.
Ahora que nuestras luchas de resistencia social y pacifica están encaminadas en mayor grado a defender nuestros territorios, la madre tierra que nos da vida e identidad, somos considerados como un obstáculo al desarrollo económico del país. Por defender nuestros territorios somos tratados como objetivo militar, confinados, exterminados, condenados a morir de inanición, obligados al desplazamiento forzado y a refugiarnos en países. Se criminalizan nuestras reivindicaciones y organizaciones y se nos condena a desaparecer.
La lógica que nos señalaba como animales dañinos, es la misma que hoy nos considera un obstáculo al desarrollo y ambas tienen en común que necesitan estigmatizarnos, negarnos y discriminarnos para que quienes las pregonan puedan apropiarse o realizar negocios con nuestros territorios y sus recursos.
Ese es nuestro conflicto, de ahí se deriva el genocidio que enfrentamos y la tragedia humanitaria que nos corresponde sobrellevar. Sin embargo para el Gobierno Nacional y así lo pregona ante la comunidad internacional, los pueblos indígenas disfrutamos a plenitud de nuestros derechos y tenemos garantizado y protegido nuestro futuro. Por lo mismo califica nuestra protesta y movilización social como actos de terrorismo que buscan desestabilizar el estado.
Nosotros consideramos que el Estado colombiano y el Gobierno Nacional, no protegen, ni garantizan nuestros derechos y se erigen como nuestros victimarios o cómplices de terceros.
Así caracterizamos los pueblos indígenas colombianos al Estado protector que se vende a nivel internacional para atraer capitales de inversión:
1. Porque se niega a reconocer a la totalidad de los pueblos indígenas del país, por desgreño institucional y para no reconocerles derechos territoriales y sobre sus recursos naturales. En Colombia perviven 102 pueblos indígenas debidamente ilustrados por fuentes documentales. Algunos de estos pueblos son reconocidos por el Estado a través de instituciones como la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, el DNP, el Ministerio de Defensa, el INCODER y el DANE, a partir de relaciones propias que incluyen y excluyen pueblos indígenas de acuerdo a intereses y políticas de gobierno. Cabe señalar que en este momento no existe un acuerdo institucional a ningún nivel del Estado sobre el número de pueblos indígenas que honran la diversidad étnica del país. En 1998, la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, entidad encargada de determinar para el Estado quien es indígena en nuestro país, avalaba la existencia de 81 pueblos. El Ministerio de Defensa en el 2002, establece una relación donde determina que son 83. Posteriormente en el 2004, el Departamento Nacional de Planeación relaciona 83 pueblos. El DANE, a partir del Censo General de 2005 determinó que en Colombia existían 87 pueblos indígenas plenamente identificados. El problema a nivel institucional con el reconocimiento étnico estriba en que este es un primer paso y de carácter obligatorio para el reconocimiento y restablecimiento de los derechos territoriales y colectivos de los pueblos indígenas. Sin reconocimiento étnico, no hay derechos territoriales, ni colectivos. También suele ocurrir con bastante frecuencia que se desconoce la pertenencia étnica de una comunidad integrante de un pueblo indígena reconocido, dependiendo de la presencia de recursos naturales en sus territorios ancestrales. Esto les ha ocurrido, entre otros, a los Bari, los Sikuani, Siona y Awá cuando se han enfrentado a ECOPETROL y a las multinacionales vinculadas con la explotación de hidrocarburos. Los pueblos indígenas que en la actualidad no existen para el Estado son: ANDAKIE, HUPDU, JUHUP, JUJUPDA- JUPDA, KICHWA, MACUSA, MOKANA. PACABUY, QUILLACINGA, TAMA, TANIGUA, WIPIWI, YAMALERO, YARÍ y YARURO.
2. Porque de manera negligente y obedeciendo a intereses neo coloniales ha sido incapaz de establecer de manera transparente y confiable el censo nacional de población indígena a pesar de las demandas que al respecto han efectuado la Corte Constitucional, el sistema internacional de los DDHH y los mismos indígenas. La información demográfica sobre pueblos indígenas esta inmersa en un caos que beneficia a quienes política, económica o militarmente se lucran de estas inconsistencias para expropiarles sus territorios y apoderarse de sus recursos naturales. A manera de ejemplo señalemos que a tres años del Censo General de 2005, aún ignoramos cual es la población indígena nacional discriminada por etnia y municipios. El DANE, Censo General 2005, presenta una población indígena total para Colombia de 1.378.884 personas y una población indígena asentada en resguardos de 933.800 personas que incluye resguardos contemporáneos y los históricos de origen colonial y republicano. De acuerdo con esta información institucional en Colombia existen 445.084 indígenas que viven por fuera de resguardos o no poseen un territorio colectivo reconocido.
3. Porque desconoce o dice desconocer la localización de los pueblos indígenas en nuestro país. Interrogante que esta despajado en lo concerniente a los indígenas andinos y de las macro regionales Occidente y Centro Oriente. No sucede lo mismo con los pueblos de la amazonía y la Orinoquía, pero sobre todo para aquellos ubicados en zonas de frontera. Al pueblo Yeral asentado en el departamento del Guainía, en la frontera trinacional entre Venezuela, Brasil y Colombia, se le suele dar un carácter de extranjero en sus territorios ancestrales, pues a nivel institucional los consideran brasileros.
4. Porque no existe una base de datos nacional sobre pueblos indígenas que con claridad y rigor señale cuales son, cuantos y donde están ubicados en nuestro país.
5. Por la negativa a realizar y reconocer los derechos territoriales y colectivos del 27% de la población indígena nacional, esto es, los 445.084 indígenas que viven por fuera de resguardos, con el pretexto que los pueblos indígenas son propietarios de 1/3 del territorio nacional; además que la problemática de dotación de tierras a los pueblos indígenas ya ha sido superada y por lo tanto en la presente administración nacional no se les dará un centímetro de tierra más, tal y como lo reitera el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Por otra parte, la constitución de resguardos, es tan solo uno, entre los derechos territoriales de los pueblos indígenas, quienes también demandan ampliación, saneamiento y reestructuración de los resguardos indígenas existentes.
6. Porque se niega a reconocer aproximadamente 100 títulos coloniales y republicanos de propiedad colectiva sobre territorios indígenas de resguardo. Cabe señalar que nosotros conservamos títulos históricos de propiedad territorial sobre nuestros territorios ancestrales y que el Estado colombiano se ha negado de manera sistemática a reconocerlos en su integridad. En esta condición tenemos 64 resguardos que aún esperan el reconocimiento de los títulos que acreditan nuestra propiedad. Su reconocimiento y la garantía de nuestros derechos sobre estos territorios hacen parte de nuestras luchas y exigencias al Estado.
7. Porque engaña a la comunidad nacional e internacional cuando señala que las demandas y derechos territoriales de los pueblos indígenas están completamente satisfechas y garantizados. El Estado colombiano le ha titulado 31.2 millones de hectáreas a los pueblos indígenas, de las cuales 24.7 millones, esto es 79%, se encuentran en la amazonía y la Orinoquía, territorios con vocación forestal que no son aptos para la producción agropecuaria y en los que habitan 71.000 indígenas, que representan el 5% de la población indígena nacional. Otros territorios indígenas incluidos en esta cifra están ubicados en paramos, desiertos como la guajira, donde se encuentran un millón de hectáreas; así como en zonas que no son habitables, ni laborables y en áreas de protección forestal. Como si fuera poco, más de 3’000.000 de hectáreas de los territorios indígenas titulados se encuentran en traslape con parques nacionales. En síntesis los pueblos indígenas que tienen territorio reconocido poseen 3.12 millones hectáreas de tierras susceptibles de ser utilizadas en labores agropecuarias. Lo cual da menos de tres hectáreas por indígena. Aquí hay que señalar que las unidades familiares de producción agropecuaria no son homogéneas en el país, y existen áreas donde estas se ubican por encima de las 35 hectáreas. Así mismo debemos anotar que los indígenas somos el 14.2% den la población rural del país y poseemos el 6.8% de la tierra con vocación agropecuaria.
8. Porque engaña a la comunidad nacional e internacional cuando señala que ha dotado de tierras suficientes a los pueblos indígenas. Es importante dejar en claro que de las 31.2 millones de hectáreas tituladas el Estado colombiano, apenas ha comprado cerca de 200.000 hectáreas que han sido adquiridas por el INCORA y el INCODER, desde el año de 1961 hasta la fecha, durante los cuarenta y siete años de reforma agraria. La inmensa totalidad de los territorios que han sido titulados, el 99.35% son un reconocimiento a la ocupación histórica como titulo originario de propiedad territorial en America de los pueblos indígenas. Estas tierras eran nuestras, nosotros somos los pueblos originarios del país y estos territorios son parte de nuestro patrimonio colectivo, nadie nos los ha regalo o nos hizo favores, son la herencia de nuestros mayores. Además, para lograr el reconocimiento de estos derechos territoriales hemos desarrollado más de quinientos años de lucha y resistencia. Durante los últimos 30 años según datos del INCORA, se titularon 664 Resguardos con una extensión de 31’066.430 hectáreas, que representan cerca del 28% del territorio nacional. De este total 28.527.911 hectáreas fueron para constitución y el resto destinadas a ampliación en primera y segunda instancia. El Estado invirtió la suma de $234.171 millones para adquirir 189.716 hectáreas, entre 1966-2001 (Sánchez y Arango, DNP 2004).
9. Por su negativa a garantizar la pervivencia y brindarle especial protección a los pueblos YAMALERO, MAKAGUAJE, PISAMIRA, TSIRIPU, EDURIA, PIAROA, WIPIJIWI, MUINANE, YARURO, DUJOS, JUDPA, YAUNA, BARA, OCAINA, YOHOP, AMORUA, CHIRICOA y NONUYA, los cuales se encuentran en alto riesgo de extinción demográfica, agobiados por los actores del conflicto armado interno, ignorados en sus demandas de derechos fundamentales por el Estado colombiano que los conduce al exterminio, a la merced de multinacionales y empresarios agroindustriales y enfrentados a flagelos que les niegan su pervivencia.
10. Porque incumple y omite sus responsabilidades, competencias y funciones en materia de reconocimiento, garantía, protección y restablecimiento de los derechos territoriales y sobre los recursos naturales, biológicos y genéticos de los pueblos indígenas de Colombia. Para la pervivencia de nuestros pueblos es fundamental la titulación de los territorios indígenas como propiedad privada, colectiva, imprescriptible, inembargable e inalienable, reconocida a nivel constitucional y legal.
11. Por su niega a reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad territorial y a los recursos naturales establecidos en el Convenio 169 de la OIT, aprobado mediante la ley 21 de 1991 y el derecho a la autodeterminación, establecido en la Ley 74 de 1968 (26 de diciembre), mediante la cual se adoptaron y aprobaron en la legislación nacional el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ONU, 1966; que establecen en su «Artículo 1: Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen así mismo a su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicios de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia».
12. Por el desgreñe administrativo, el limbo jurídico y la ausencia de bases de datos confiables en lo relacionado con la realización de derechos territoriales de los pueblos indígenas, tal y como lo señalo en su oportunidad la Procuraduría General de la Nación en un análisis de las funciones de INCODER.
13. Porque ha sido cómplice de la expropiación de nuestros territorios y sus recursos naturales, apoyando y participando del genocidio que extermina a nuestros pueblos. Hoy como ayer, los pueblos indígenas somos considerados y tratados como un estorbo a eliminar por quienes tienen como política y fin expropiarnos de nuestros territorios y recursos naturales y desconocer nuestros derechos ancestrales, humanos, especiales y colectivos.
14. Por los obstáculos para establecer y garantizar de manera concertada y participativa los procesos de Verdad, justicia y reparación diferencial e integral para las victimas indígenas del conflicto armado. Para los Pueblos indígenas la reparación de las víctimas colectivas e individuales se fundamenta en: la recuperación, fortalecimiento y reestructuración de la autonomía ejercida por nuestras autoridades y organizaciones; el restablecimiento del equilibrio y armonía; la devolución o restitución de los territorios de la población desplazada indígena en condiciones dignas, seguras y de estabilización socio económica; la indemnización de los daños culturales, espirituales, morales y materiales causados a los pueblos, comunidades, familias y personas indígenas, etc.
15. Porque ha incidido para evitar el castigo para los victimarios de los pueblos indígenas impidiendo que paramilitares y genocidas respondan por sus crímenes en nuestro país. El Gobierno Nacional con argucias y componendas se dedica a obstruir la función de la justicia que investiga delitos de Lesa Humanidad cometidos por el narco-político-paramilitarismo, sus asociados y cómplices. Durante los últimos siete años han sido asesinados en Colombia 1.244 indígenas. En el último mes fueron asesinados 33 indígenas. Entre el 2002 y octubre de 2008, han ocurrido 22 masacres de indígenas que han dejado 135 victimas. Donde están los responsables de estos crímenes. No existe hasta el momento una sola persona judicializada por estos asesinatos y ningún pueblos indígena ha obtenido verdad, justicia y reparación por los mismos.
16. Por su incapacidad para brindarle Atención humanitaria diferenciada e integral a 75.000 indígenas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado, victimas del conflicto armado, la seguridad democrática, los megaproyectos y las trasnacionales. Queremos a nuestros desplazados de regreso a sus territorios con todas y plenas garantías.
17. Por su negativa inexcusable desde el Estado Social de Derecho que nos rige, para aprobar sin reservas la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y adoptar en su integridad la Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA. Demandamos el compromiso político del Gobierno Nacional de no denunciar el Convenio 169 de la OIT.
18. Por su desacato a las recomendaciones de los sistemas universal y americano de los derechos humanos (OIT, Alto Comisionado y Relator Especial), para la protección de los derechos humanos, especiales y colectivos de los pueblos indígenas.
19. Por el incumplimiento de las Resoluciones Defensoriales para pueblos y comunidades indígenas.
20. Por su incapacidad para cumplir a cabalidad las medidas cautelares y medidas de protección efectivas para alertas tempranas.
21. Por obstaculizar, negar y criminalizar nuestros derechos a la Libre Asociación, Opinión y Expresión, y el derecho a la protesta social.
22. Por la estigmatización de nuestras autoridades y procesos reivindicativos, así como la manipulación de la opinión publica por parte de agentes del gobierno comprometidos con el unanimismo presidencial. Además porque ccalifica a nuestras autoridades como delincuentes y ofrece recompensas económicas por ellas cuando en su pleno derecho actúan para proteger, defender y restituir nuestros derechos territoriales. Nuestras autoridades y lideres indígenas son señalados por gobierno nacional como terroristas, por el hecho que nos oponemos a una represa hidroeléctrica, al establecimiento de cultivos extensivos destinados a la producción de agro combustibles, a las exploraciones y explotaciones petroleras o la explotación de minas en nuestros territorios ancestrales y de resguardo, proyectos que afectan nuestra integridad cultural.
23. Por la burla reiterada a la aplicación integral del derecho a la consulta previa, libre e informada como un proceso que debe surtirse desde antes de la toma de decisiones administrativas o legislativas que afecten directamente a los pueblos indígenas, durante todo el tiempo de ejecución de obras públicas, programas, proyectos, agricultura de plantación, prospección, exploración y explotación de recursos renovables y no renovables en los territorios y resguardos de los pueblos indígenas y garantizar el pago de los daños y perjuicios culturales, morales y materiales, así como, la participación de los pueblos y comunidades correspondientes en los beneficios que se deriven de las actividades resultantes, para garantizar la pervivencia y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Todo lo cual debe hacerse de manera participativa y concertada con sus autoridades.
24. Por su incapacidad para garantizar y proteger nuestro derecho a realizar nuestros planes de vidas y estrategias de desarrollo propio.
25. Por la implementación de leyes inconstitucionales e inconsultas como las del TLC, Estatuto de Desarrollo Rural, Código Minero y el Acto Constitucional de Reforma al Régimen de transferencias entre otras.
26. Por el desmonte de derechos legales y el desconocimiento de los DDHH de los pueblos indígenas, para favorecer y garantizar la intervención en nuestros territorios de compañías trasnacionales y empresarios agroindustriales.
27. Por su negativa e incapacidad para cumplir los acuerdos suscritos con los pueblos, autoridades y organizaciones indígenas, sobre todo tratándose de mediadas de reparación o restitución de derechos por delitos de lesa humanidad o para atender nuestra tragedia humanitaria y crisis de derechos.
28. Por sus omisiones para garantizar nuestra soberanía alimentaria y el bienestar y futuro de nuestras generaciones.
29. Por la ausencia de una política publica para pueblos indígenas que proteja nuestros derechos humanos, especiales y colectivos, y garantice nuestra pervivencia.
30. Por sus omisiones y negativas a pagar la deuda histórica con los pueblos indígenas y evadir responsabilidades desde el entendido que debemos solucionar nuestros problemas de pervivencia y desarrollo con los recursos de transferencia.
31. Por su negativa y los obstáculos interpuestos para desarrollar la Constitución Política de 1991, sobre todo en el tema de las ETIS.
32. Por los obstáculos interpuestos para adecuar las instituciones a la Constitución Política de 1991. Las instituciones del Estado vigentes corresponden al diseño constitucional de 1886.
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA – ONIC.
Noviembre 2 del 2008. La María Piendamó – Cauca.