Desde ayer 9 de noviembre de 2015, miles de presos políticos recluidos en trece cárceles del país, iniciaron una jornada indefinida de resistencia civil y huelga de hambre en contra de la política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos -en este punto apenas continuación de la política de quienes lo han precedido, de infligir […]
Desde ayer 9 de noviembre de 2015, miles de presos políticos recluidos en trece cárceles del país, iniciaron una jornada indefinida de resistencia civil y huelga de hambre en contra de la política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos -en este punto apenas continuación de la política de quienes lo han precedido, de infligir torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a los presos políticos, incluidos los de guerra y miles de presos de conciencia.
La anterior situación, verdadera vergüenza del régimen político colombiano que dice de la estatura moral de nuestra clase dominante, a despecho de la consagración que ella hiciera del país al Sagrado Corazón y de su invocación a la protección de Dios en el Preámbulo de la Constitución de 1991. A despecho de la enseña «Dios y Patria» que exhibe la Policía en sus escudos cuando sale a sus expediciones de brutalidad, y de los exaltados alegatos de presidentes y cancilleres en los foros internacionales sobre su incondicional respeto por la normativa de los derechos humanos y derecho humanitario.
Combatientes con heridas aún sangrantes recluidos en infectos calabozos, otros en fase terminal de crueles enfermedades viendo el final de sus días en la ominosa prisión, algunos prisioneros importantes en la subversión, arrojados a patios donde malvive lo peor de la delincuencia común, cuando no, que es lo más frecuente, a aquellos donde imponen su ley sus enemigos, lo más representativo de la criminalidad paraestatal. Esto, las formas sutiles que el Estado no considera tortura. Porque claro, está la franca y abierta, la que aplica esa insólita anomalía del género que pulula en el sistema carcelario colombiano, aquéllos seres humanos que se placen en su oficio de verdugo. Y con fruición lo ejercen moliendo a garrote y causando toda clase de dolores físicos al enemigo indefenso que es puesto bajo su omnímodo poder.
Qué poco se parecen las condiciones de los presos políticos colombianos de aquellas de las que gozan criminales de lesa humanidad, condenados por actos de ferocidad y barbarie como el asesinato en masa de inermes civiles inocentes, la muerte bajo tortura con la posterior desaparición de los cuerpos, o el exterminio sistemático de un sector político, social o inclusive geográfico. ¡Qué bien vivió sus últimos años y en qué blanda cama del Hospital Militar Central recibió la muerte el tenebroso coronel Lino Sánchez! ¡Y en qué confortable habitación esperaba su pena en el mismo lugar el temible coronel Alfonso Plazas Vega, héroe traicionado por los nervios cuando debió enfrentar la justicia! Ello, antes de ser condenado porque ahora la pena la purga en las instalaciones de vastísimo complejo militar donde no la sufre sino la goza, porque el trato que se le dispensa es el de «héroe». La misma situación de otros presos ilustres del Estado, -«políticos» se reclaman-, como el sanguinario general Rito Alejo del Río, el no menos Armando Arias Cabrales, su carnal Uscátegui y muchos más. De modo que el gobierno colombiano sí sabe cómo tratar a sus presos políticos.
Cuando el Estado colombiano y concretamente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos sufrieron el ludibrio de que la Comisión Europea de Derechos Humanos negara la extradición a Colombia del criminal sionista Yahir Klein condenado por terrorismo, bajo el argumento -imposible por tratarse de quien se trataba- de que aquí podría ser torturado, el presidente Santos y su canciller Holguín guardaron vergonzoso silencio. Era una aceptación del cargo infame. Ellos torturadores. Sin embargo su obsecuencia con el estado israelí era superior a cualquier consideración patria e inclusive personal.
El trato dado por el Estado a los presos políticos, es prueba palpable de la degradación de nuestra clase dominante, que frente a su enemigo vencido apostata de los valores, principios y creencias que dice profesar, en lo cual hace recaer su pretendido derecho natural a gobernar.