El pasado 20 de septiembre delegados de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo de la Vía Campesina Cloc-VC, iniciaron una misión de reconocimiento de la situación en materia de derechos humanos y conflictos territoriales en zonas del territorio colombiano afectadas directamente por la guerra. La misión inició su agenda de visitas en el departamento […]
El pasado 20 de septiembre delegados de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo de la Vía Campesina Cloc-VC, iniciaron una misión de reconocimiento de la situación en materia de derechos humanos y conflictos territoriales en zonas del territorio colombiano afectadas directamente por la guerra. La misión inició su agenda de visitas en el departamento del Putumayo, en la vereda La Carmelita, entre el corredor Puerto Vega-Teteyé, lugar en donde será establecida una de las Zonas Veredales Transitorias como parte del ‘Acuerdo Final’ entre el gobierno nacional y las Farc.
Dicha agenda hace parte del compromiso entre el gobierno nacional y la Cloc-CV para la verificación y seguimiento del primer punto del ‘Acuerdo Final’ a firmarse este 26 de noviembre en Cartagena. Al sitio acudieron representantes de varias organizaciones desde Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil y Bélgica. Desde las diez de la mañana y durante tres horas ‘la misión’ escuchó las intervenciones de representantes de las organizaciones sociales que hacen presencia en el departamento.
Provenientes de 18 comunidades, 4 cabildos y 1 resguardo, aproximadamente 200 personas hicieron presencia en el evento que también conmemoraba el asesinato, a manos del ESMAD, del joven campesino Arnoldo Muñoz, oriundo de la Vereda Puerto Colombia, durante una jornada de protesta en el Paro Agrario de 2014. En el sitio la comunidad ha construido un monumento a la memoria del compañero caído. Al evento también acudieron personas provenientes del departamento de Caquetá quienes comentaron acerca de la situación en los municipios de Montañita, Doncello y Paujil. (Ver: http://desdeabajo.info/colombia/item/29762-caqueta-petroleo-paz-y-resistencia-social.html )
La misión tenía como propósito la escucha de las problemáticas locales además del relacionamiento con personalidades políticas del país en la ciudad de Bogotá y un encuentro final con trabajadores de la agroindustria a realizarse en San José de Apartadó en el Urabá antioqueño. Como parte de una agenda de visitas a las regiones del sur, suroccidente, caribe, nororiente y oriente del país, la del Putumayo fue la primera visita.
El Putumayo es una región de múltiples conflictividades sociales. Un área basta en riquezas minero-energéticas y ecológicas, poblada por diversas comunidades originarias y mestizas. Allí existen resguardos de comunidades Nasa, Inga, Murui, Uitoto, Siona, Kamëntzá, Bora, entre otras. Una vasta selva de entrada a la amazonía, 13 municipios y dos regiones geográficas: Alto y Bajo Putumayo.
La masiva colonización de esta región del País se originó justamente por la explotación petrolera desde la década de los años cuarenta del siglo XX. La región ha visto pasar ya varias bonanzas económicas: la primera desde 1850, la del caucho, trajo consigo la esclavitud de las comunidades indígenas asentadas en el territorio. A esta le siguieron las bonanzas de las pieles, la quina y la madera, hasta la tercera década del siglo XX. Luego llegó la bonanza petrolera, hacia la mitad el siglo, que marcó el patrón de poblamiento del territorio. Finalmente la bonanza de la coca que ya viene en decadencia en la región. Ninguna de esta bonanzas ha dejado beneficios sociales o ambientales para las comunidades o para el territorio.
Pero también ha sido una región de guerra. Allí hizo presencia por un tiempo el M-19. Luego hacia 1982 se conforma el frente 48 de las Farc-EP, quienes se instalaron en el territorio cobrando impuesto de gramaje a la comercialización de la hoja de coca. Pero con la llegada de los paramilitares hacia el año de 1997, éstos cobraron impuestos de gramaje mucho más baratos promoviendo con ello la competencia y el conflicto armado. También venían narcotraficantes de Cali y Medellín quienes llegaron a tener como aeropuerto el Cananguchal en Villa Garzón.
Cuando llegaron los paramilitares se disputaron principalmente el triángulo geográfico ubicado entre La Hormiga, Puerto Asís y La Dorada, zona donde hubo hasta 5.000 jornaleros ‘raspachines’ y en las que se pagaban jornales de 40.000 pesos, salarios superiores a los jornales de otros cultivos. Los paramilitares también establecieron bases en Puerto Caicedo y en Puerto Asis, conformando el denominado Bloque Sur del Putumayo que se desmovilizó en 2006. Sin embargo, luego de esta desmovilización siguieron haciendo presencia grupos paramilitares como la ‘Águilas Negras’ y ‘Los Rastrojos’ quienes se han mantenido en el negocio del narcotráfico conjuntamente las Farc compartiendo rutas.
La incursión paramilitar y la guerra desatada entre guerrilla y paramilitares condujo a un masivo desplazamiento de familias. En el departamento del Putumayo cerca de 104.555 personas llegaron desplazadas entre 1999 y 2012 según Codhes.
Y es que el Putumayo ha vivido directamente la guerra, pero también las afecciones de la explotación petrolera, de la tenencia de la tierra y de la bonanza cocalera. En esta puerta de entrada a la Panamazonía, recientemente declarada como distrito minero, la economía de la coca se hizo una economía de subsistencia como también sucedió con la minería artesanal de oro. Las razones invocadas por los pobladores para ello, son la falta de alternativas laborales y económicas viables, los pocos encadenamientos productivos de la economía del petróleo, además de la falta de titulación de las posesiones de tierra.
Una de las problemáticas más fuertes en el territorio es que la tierra no ha sido titulada. La posesión no ha sido legalizada a la mayoría de las personas, lo cual impide el acceso a créditos y a formulación de proyectos productivos y de comercialización.
También la minería artesanal se ha hecho una economía de subsistencia. Mientras viajábamos desde Puerto Asís hacia el corregimiento de Santa Lucía en el municipio de Puerto Guzmán, dos mineros venían comentando una reciente situación en que la Fiscalía y la Policía intentaron llevarse a varios hombres sorprendidos durante la actividad extractiva, ante lo cual los mineros respondieron rápidamente bloqueando la vía de acceso y encerrando la camioneta donde eran conducidos los capturados; lograron con ello su inmediata liberación. Dos hombres más que fueron capturados en el momento, dos días después ya estaban en libertad.
Y es que la minería artesanal se convierte en un conflicto más allá de la guerra. En la región esta actividad extractiva se ha empezado ha hacer ya con dragas y retroescavadoras alquiladas por los propios mineros. Se llegan a excavar franjas de 3m por 15m en solo quince días con excavadoras que cobran a los mineros 160.000 pesos corrientes cada hora. La minería ha dejado contaminadas ya quebradas y ríos como La Chorrera, El Jauno, la quebrada La Aguanegra que afluye hacia el rio Mandur, que a su vez desemboca en el río Caquetá. También es el caso del río Pacayaco, y la quebrada Oroyaco, que desembocan en el río Caquetá. Todo esto, que afecta el derecho humano al agua, es también consecuencia de la falta de alternativas laborales en la región. Los mineros artesanales exigen alternativas, pues para ellos el ejercicio de la minería se debe precisamente a la falta de ellas.
Sin embargo, la economía cocalera está en decadencia. El municipio de Puerto Guzmán es uno de los que más aumentó el área cultivada en coca en el Putumayo en los últimos años, pasando de 915has a 1.225has entre 2014 y 2015. Pero respecto a la bonanza y a la última década, el área ha disminuido. Debe tenerse en la cuenta que comercializar productos agrícolas en muchas zonas de la región resulta altamente costoso, al punto que no es viable.
Por ejemplo, para sacar un racimo de plátano de aproximadamente 32kg a comercializarlo desde un sitio de producción distante (cinco horas de viaje hasta el casco urbano del municipio de Puerto Guzmán), los costos de transporte e intermediación no dan para que sea una actividad productiva viable: el viaje en caballo desde el sitio cuesta aproximadamente 10.000 pesos por cada racimo y el viaje en carro para llegar definitivamente al lugar de comercio cuesta 2.000 pesos, para ser vendido en 20.000 pesos. Considerando que un racimo de plátano demora un año en ser cosechado y que en comparación con la comercialización de coca es poco rentable, esta estructura de costos incentiva la siembra y comercialización de hoja de coca. También ha sucedido que muchos de los cultivos que se han intentado promover como el caso del cacao, son cultivos no adaptables a las condiciones climáticas o de humedad del terreno.
Por otra parte, en el Putumayo Alto, región más cercana al departamento de Nariño, la problemática de la minería es la principal amenaza. El Gobierno Nacional desconoce la presencia cultural y territorial de comunidades indígenas, negando con ello su derecho constitucional a la consulta previa. En el territorio se proyecta la construcción de la variante San Francisco-Mocoa como parte del corredor vial que conectaría el puerto de Tumaco con Belem do Pará en Brasil, megaproyecto que además de las implicaciones ambientales amenaza el derecho constitucional a la consulta previa y la autodeterminación de las comunidades. En este caso, las comunidades indígenas más afectadas son Inga, Siona y Kamëntsá.
El argumento del Consejo de Estado para fallar en contra de una acción popular interpuesta en 2009 por miembros de la comunidad Kamëntsá, es que en el área de construcción y afección directa de la calzada no hacen presencia comunidades indígenas. Desconoce con ello la tradición milenaria de los pueblos indígenas en el cuidado del territorio ¿acaso cuántos metros al borde de una vía es el límite de presencia humana para experimentar la destrucción de un ecosistema? ¿no podría alegarse lo mismo en el caso emblemático de corrimiento de fronteras con Nicaragua en San Adrés, que tanto fervor chovinista despertó? ¿no significa nada la concepción ampliada del territorio, en tanto derecho de las comunidades asentadas miles de años antes de la colonización capuchina en la región? ¿cuáles son las fronteras de una nacionalidad indígena? ¿tres metros al borde de una vía, quinientos metros?
De fondo media una concepción productivista propia de los sujetos occidentales, incapaz de comprender una visión territorial ampliada de protección de la vida más allá de la subsistencia. Vale recordar que esta región es riquísima en agua. Mientras viajábamos notamos que las nubes se forman en la propia selva, que cada dos metros escurre agua de la montaña y que cada veinte metros hay un afluente e agua. El agua no es solo el elemento físico sino también su contexto eco-sistémico.
Hoy las comunidades temen la entrada de las petroleras y de megaproyectos minero-energéticos pues el Putumayo ha sido una de las reservas de petróleo más grandes del país y está ya declarado como distrito minero por el gobierno nacional. Debido a la guerra esa explotación se detuvo, pero con la paz se abren nuevas posibilidades para que se adelante sin más restricciones que la lucha por el territorio.
NOTA: Esta nota informativa ha sido construida en su contenido gracias a los relatos de líderes sociales de la región.
Fuente original: http://comosoc.org/Via-Campesina-en-el-Putumayo-para