Amnistía Internacional (AI) se ha dirigido al Gobierno español reclamándole que investigue la deuda pendiente con las víctimas de la sublevación militar de 1936 y de la posterior dictadura franquista. Se trata de una deuda moral, pero también, en determinados casos, material. Solicita que el Ejecutivo de Zapatero cree una Fiscalía especial dedicada a estudiar […]
Amnistía Internacional (AI) se ha dirigido al Gobierno español reclamándole que investigue la deuda pendiente con las víctimas de la sublevación militar de 1936 y de la posterior dictadura franquista. Se trata de una deuda moral, pero también, en determinados casos, material. Solicita que el Ejecutivo de Zapatero cree una Fiscalía especial dedicada a estudiar los casos que se le presenten.
La demanda de AI apenas ha tenido eco. Los pocos que se han decido a comentarla lo han hecho para argumentar que se trata de un asunto muy viejo y que, además, de emprenderse esa tarea también habría que atender los casos de aquellos que padecieron persecución y expolio por parte de fuerzas favorables a la República.
No tienen razón.
En primer lugar, es cierto que Franco murió hace casi 30 años, pero hay efectos de su régimen que aún perduran. La culpa de que haya pasado todo ese tiempo sin que se haya entrado a reparar los males del franquismo -los males reparables; otros jamás podrán serlo- no es de los perjudicados, sino de los sucesivos gobiernos de la democracia que, salvo en lo tocante a parte de los bienes de algunos sindicatos, han preferido no poner sobre la mesa un litigio que podía sacudir un cimiento de la Transición: el olvido de las responsabilidades de todo tipo en que incurrieron los beneficiarios de la dictadura.
Hay agravios y expolios que son viejos, sin duda, pero sólo porque se iniciaron hace mucho; no porque hayan desaparecido. Ejemplo: los sublevados del 36 se incautaron de edificios pertenecientes a organizaciones consideradas enemigas y el actual Estado español no los ha devuelto. Es el caso del bello palacete que ocupa el Instituto Cervantes en París, sede del Gobierno Vasco en el exilio comprada con dinero vasco, expropiada por los nazis y entregada a Franco con la connivencia de las autoridades francesas. Los aplastadores de la República también se incautaron de otras muchas propiedades de personas que el régimen de Franco consideró «desafectas» y que no han sido restituidas a sus herederos.
Pero la objeción más chirriante es la que pretende que, si se resarciera a las víctimas del franquismo, habría que hacer lo propio con los damnificados por el otro bando. Decir eso no implica sólo adoptar una inaceptable posición de equidistancia entre quienes encarnaban la legalidad nacida de las urnas y quienes se levantaron en armas contra ella, sino que supone, además, falsear la Historia. Porque quienes sufrieron persecución y daños a manos del bando republicano ya fueron generosamente resarcidos al término de la guerra. El Estado Nacional-Sindicalista repartió prebendas, empleos y canonjías -cuando no propiedades robadas a sus legítimos dueños- entre todos los que se pusieron a esa cola. Tendría bemoles que ahora se les recompensara por segunda vez.
¿Que no sería fácil llevar a cabo una empresa así? De acuerdo. Pero la dificultad para hacer justicia no puede servir para instalarse en la injusticia.
Hágase lo que se pueda. Siempre será mejor que nada.