Una vez más las razones que llevan a un joven a delinquir pierden importancia frente al castigo que el delito merece. La ley de responsabilidad penal juvenil endurece las sanciones para faltas graves cometidas por jóvenes de entre 14 y 18 años. Incluso -producto de la cuestionable intervención del Senador Larraín y la derecha – […]
Una vez más las razones que llevan a un joven a delinquir pierden importancia frente al castigo que el delito merece. La ley de responsabilidad penal juvenil endurece las sanciones para faltas graves cometidas por jóvenes de entre 14 y 18 años. Incluso -producto de la cuestionable intervención del Senador Larraín y la derecha – un adolescente de 16 años puede pasar dos años en un sistema cerrado de reclusión si es considerado culpable ¿Por qué no educar más en vez de castigar?
Es difícil dudar acerca del «espíritu» inicial de esta ley. La idea de elaborar una justicia especializada en los(as) más jóvenes, con tribunales, juezas y jueces, abogados(as), sistemas de reclusión, rehabilitación y penas especiales para ellos(as), se percibe como lo ideal. Los problemas surgen a la hora de lograr la aprobación en el Congreso, cuando los intereses políticos llevan a presionar para conseguir modificaciones o a vetar la aplicación inmediata por falta de infraestructura. Eso si, nadie alza la voz para denunciar, como problema de fondo y causa de la delincuencia juvenil, la pésima educación que reciben los sectores marginales de nuestra larga y angosta faja de tierra y de mente.
El discurso del 21 de Mayo de la presidente Bachelet incorporó un anuncio acerca de los dineros que ingresarán a educación durante el 2008. Esperemos que no sólo se construyan más escuelas, sino que también se construya una nueva educación, menos clasista, menos reaccionaria, con hincapié en la igualdad social y en que las cosas se deben repartir de manera más equitativa en Chile. Si esto no sucede, nada quitará el resentimiento y el deseo de hacer justicia con las propias manos de jóvenes que se sienten solos(as) frente a una sociedad que no les da oportunidades.
Es importante considerar dos factores a la hora de determinar si la aprobación del proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil era necesaria de forma urgente: primero, que en el año 2002 este proyecto llegó al Congreso más por un incremento en el temor de la población que por un aumento en los delitos cometidos por adolescentes hasta esa fecha y, segundo, que las dificultades para ponerla en marcha así como el deterioro psicológico que conlleva la reclusión cerrada de hasta dos años para un menor (propuesta de Larraín y la derecha) no fueron motivos suficientes para oponerse a su entrada en vigencia y alargar el debate en búsqueda de un sistema realmente justo para los(as) jóvenes.
Un sistema que cierra puertas y bombardea necesidades
La sociedad contemporánea a la que sólo muertos dejamos de pertenecer (y si es que) propone metas, logros, competencia y concreción de «sueños chilenos» como la manoseada casa propia, la descendencia que debe superarnos, la meritocracia posible y muchos más. La presión por alcanzar «la cima» se deja sentir, no es incolora, no pasa desapercibida y se vuelve peligrosa cuando las condiciones generan una distancia enorme entre aspiraciones y posibilidades. Esa es la base del problema. La solución no está en golpear más duro, sino en entregar más para prevenir que sucedan los desastres.
Ninguna persona en sus cabales desea cometer crímenes leves o graves ni estar privado(a) o medio(a) privado(a) de su libertad. Pero cuando la ira se acumula -en un medio indolente, injusto y donde cada cuál posee un destino casi trazado de acuerdo al peldaño que ocupa en la pirámide social – esta debe explotar por algún lugar, en especial cuando no hay posibilidad de revertir nuestra condición. A esto se suma la discriminación que existe a todo nivel. Una situación que también va llenando el ambiente de prejuicios inventados en relación con el aspecto adecuado, la ropa que se lleva, el lenguaje correcto, la pronunciación de ciertas letras, el largo o corte del cabello y los trabajos asistémicos sin jornadas de ocho horas, entre otros. Muchas personas son calificadas a partir de estos tópicos y el no encajar en el arquetipo de buen ciudadano(a), provoca marginación y hace que proyectos de vida diferentes se tornen lejanos y de difícil concreción.
El Estado debe perder el sueño – más que en cranear donde encerrar a los(as) jóvenes o como hacerlos(as) pagar sus errores y culpas- creando un sistema que permita el acceso a educación de buena calidad para todos(as) y no dejando sólo en manos de privados la excelencia. Pero, al parecer y por lo que se observa en la actualidad, la idea tiende más bien al «negocio educacional» que a hacer de ella un derecho masivo.