En pleno centro de Colombia, en los alrededores de Bogotá, la capital del país, los derechos humanos de las comunidades se han visto gravemente vulnerados, producto de una ofensiva estatal, con el recurso al paramilitarismo como estrategia contrainsurgente de Estado. La desmovilización de los paramilitares al mando de «El Águila», reconocido jefe paramilitar, es la […]
En pleno centro de Colombia, en los alrededores de Bogotá, la capital del país, los derechos humanos de las comunidades se han visto gravemente vulnerados, producto de una ofensiva estatal, con el recurso al paramilitarismo como estrategia contrainsurgente de Estado. La desmovilización de los paramilitares al mando de «El Águila», reconocido jefe paramilitar, es la culminación del proceso de represión y guerra sucia en el departamento de Cundinamarca, que en los últimos dos años (bajo gobierno de AUV) deja decenas de muertes, desplazamiento y terror en esta neurálgica zona del país.
Desde el inicio de la política de «seguridad democrática», el departamento de Cundinamarca, en el centro del país, fue uno más de los escenarios de guerra a muerte de las Fuerzas Militares y su complemento: el paramilitarismo. La desmovilización que se está ejecutando actualmente es tan sólo la culminación de la pacificación del departamento, que sólo ha traído represión y muerte en los alrededores de la capital.
Llegado AUV a la presidencia, y con el propósito de combatir a los frentes 22 y 42 de las FARC (que operan en Cundinamarca), las tropas gubernamentales de la Brigada 13 lanzaron la operación «Libertad Uno», complementada con una ofensiva paramilitar a lo largo del occidente del departamento, entre el Distrito Capital y la ribera del Río Magdalena. Con «Libertad Uno» el gobierno ha mostrado claramente la estrategia de posicionamiento del paramilitarismo en las operaciones contrainsurgentes, y siendo este operativo el experimento de la política de «seguridad democrática» que ha servido de prototipo para el Plan Patriota, los colombianos deben entender entonces que la estrategia es la de paramilitarizar al país.
Comerciantes de Silvania, Fusagasugá y La Mesa han sido obligados a pagar cuotas a los paramilitares, bajo la amenaza de la muerte o el destierro. Todo este territorio ha sido víctima de las incursiones paramilitares del Bloque Centauros, el Bloque Casanare, el Bloque Tolima y los paramilitares de «El Águila».
Especial atención merece el caso de Viotá, población que ha sido víctima de un absoluto bloqueo (para)militar. Con el arribo de paramilitares de Casanare a Viotá, empezaron a rondar listas de muerte. «No es persona grata en esta región. Tiene 24 horas para irse» se lee en panfletos difundidos por los paras. Allí, las amenazas se han dirigido contra líderes campesinos y comunales, y simpatizantes del Partido Comunista, como ocurrió a principios de 2004 con Benedicto Caballero, dirigente cooperativo asesinado en una vereda de Mesitas del Colegio por cuatro sicarios.
En sitios turísticos como La Mesa, Apulo, Girardot y Boquerón, sicarios del Bloque Centauros «veranean» bajo la completa complicidad de las autoridades locales. Se ha denunciado que ya han adquirido propiedades como centros nocturnos y residencias vacacionales, que sirven de fachada a sus acciones. En Pandi, (al suroccidente) en el mes de enero fueron relevados varios policías de la estación por su presunta connivencia con paramilitares. Así mismo, las capturas de varios de ellos no van más allá de un día de cárcel, pues inmediatamente son puestos en libertad. Hoy en día son tres focos con fuerte presencia paramilitar: Yacopí (donde están situados decenas de paramilitares bajo el mando de «El Aguila», en proceso de desarme), Silvania (a pocos minutos de Bogotá, por la carretera panamericana) y Girardot (una de las cunas de la clase obrera colombiana, e importante lugar turístico del centro del país).
Por su parte, en el Sumapaz y el suroriente de Cundinamarca, se lanzó una arremetida militar sin precedentes con cuatro batallones de contraguerrilla y de alta montaña, siendo ejecutada la primera fase de «pacificación» en esta zona. Allí, donde hacen presencia los frentes 53 y 54 de las FARC, ya se empiezan a sentir los rigores de la guerra.
Con la complicidad de los medios, se trata de esconder cómo el paramilitarismo es pieza fundamental en la política de seguridad democrática de AUV. Y así como en muchas otras regiones, la población campesina ha sido la más golpeada. Con el arribo de las tropas, llega la represión y la muerte. De esta forma, el ejército colombiano está convirtiéndose a sí mismo, frente a los ojos de la gente, en el enemigo del pueblo a imagen y semejanza.