La violencia antisindical sigue siendo un grave obstáculo para el ejercicio de la libertad sindical en nuestro país, que ha padecido todo tipo de persecuciones como ningún otro movimiento sindical en el mundo. Esta política de exterminio ha causado daños e impactos individuales y colectivos en los derechos humanos y laborales, en las libertades sindicales y en las garantías democráticas.
Además, existe una deuda enorme frente a los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Desde el 11 de enero de 1973 al 30 de noviembre de 2020 se registran, en la base de datos de la ENS unas 15.317 violaciones de los derechos a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas, de los cuales 3.277 son homicidios, 7.541 amenazas y 1.952 desplazamientos forzados.
En el año 2020, del 1 de enero al 30 de noviembre, se documentaron 130 violaciones a la vida, la libertad y la integridad de sindicalistas, de los cuales 18 son asesinatos y 82 amenazas.
Estos hechos, en el marco de una tenebrosa ola de masacres, y de asesinatos de líderes sociales y ex combatientes de las FARC que se acogieron al proceso de paz, han llevado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a expresar su preocupación por la creciente violencia en contra de los líderes sindicales en su informe anual sobre Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo.
Los datos del informe de la OIT hacen referencia a los hechos de violencia ocurridos entre enero de 2019 y marzo del 2020, que registran el asesinato de 14 sindicalistas, 4 atentados, una desaparición forzada y 198 amenazas.
La OIT señala que desde la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano, las organizaciones de trabajadores del país como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) les han reportado 998 violaciones contra la vida y la integridad de líderes sindicales entre los que se cuentan los 119 homicidios.
A su vez el informe plantea que la serie de amenazas que se vienen presentando contra la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- no se han investigado, y resalta como una fuerte restricción al ejercicio de la libertad sindical la desmedida reacción de la Fuerza Pública en las protestas del Paro Nacional de noviembre de 2019 contra las políticas económicas y sociales del gobierno de Iván Duque.
Finalmente el informe pide al gobierno que se tomen las medidas necesarias para que la violencia antisindical sea investigada y no quede en la impunidad como ha sido la suerte de más del 90% de todos los hechos de violencia anti-sindical en el país que hemos documentado como Escuela Nacional Sindical.
A este panorama se debe sumar el autoritarismo gubernamental para implementar una serie de reformas sociales regresivas como la contenida en el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo que crea los Pisos de Protección Social y el Decreto 1174 que lo reglamenta, así como las anunciadas reformas pensional, tributaria y laboral, que van en contra vía del principio de progresividad y no regresividad establecido en el Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, el cual señala que:
“…La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”
Por su parte la Corte Constitucional, con relación al principio de progresividad y no regresividad expresó en la Sentencia C–228 de 2011 que la progresividad de los derechos sociales hace referencia:
“al reconocimiento de prestaciones mayores y superiores de cada uno de éstos derechos e implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección no se puede retroceder frente al nivel de protección al que se ha llegado o conseguido”.
Otro hecho que evidencia el temor para el ejercicio de la libertad sindical es el registro en la información sobre Dinámica Sindical de la ENS de solo 4 huelgas desde el año 2018: una huelga en el sector de la palma, una huelga de los trabajadores portuarios y dos en la Universidad Cooperativa. El ambiente de violencia, las múltiples exclusiones que han afectado al sindicalismo, y las crecientes amenazas dentro las tipologías de violencia contra el sindicalismo son sin lugar a dudas disuasivos muy eficaces para impedir la práctica de derechos.
La lucha por la democracia, por el respeto a la vida, la libertad, el trabajo decente, el dialogo social y los derechos laborales y sindicales hacen parte de la agenda que debemos promover en el marco de la conmemoración de los 30 años de la Constitución Política.
La construcción de una paz estable y duradera solo será posible si logramos reorientar el modelo de desarrollo que se basa en el trabajo sin derechos y transformamos la cultura política de violencia como mecanismo para acallar la crítica social.