La agresión a la Ministra de Educación por parte de una estudiante de catorce años, ha generado las más diversas reacciones. Unos criminalizan airadamente a la joven y exigen sanciones implacables (se habló de expulsarla del colegio), ya que señalan se le ha faltado el respeto a una autoridad, desatendiendo además el llamado a dialogar […]
La agresión a la Ministra de Educación por parte de una estudiante de catorce años, ha generado las más diversas reacciones. Unos criminalizan airadamente a la joven y exigen sanciones implacables (se habló de expulsarla del colegio), ya que señalan se le ha faltado el respeto a una autoridad, desatendiendo además el llamado a dialogar hecho por el MINEDUC. Otros (con timidez), tratan de explicar que sin avalar el acto, lo comprenden. Esta posición expresada inicialmente por el presidente metropolitano del Colegio de Profesores, se hizo merecedora del repudio de varios medios de prensa y de la Presidenta Bachelet.
A mi juicio, lo que corresponde es analizar las causales estructurales que explican una situación de este tipo, sin aislar el acontecimiento, sacar provechos menores, ni menos caricaturizarlo. No me interesa detenerme en el hecho mismo, ya que tal como la propia ministra señalara, la violencia se ha internado cotidianamente en nuestro sistema educacional. El tema es preguntarse por qué.
La reciente aprobación en la Cámara Baja de la LGE (y su inminente aprobación en el Senado), alimentó la frustración de todos quienes sueñan con transformaciones radicales al sistema educacional. Estas expectativas, abiertas tras las movilizaciones de los estudiantes secundarios el 2006, fueron cooptadas por las autoridades gubernamentales, a través de un mecanismo habitual (mesa negociadora, consejo asesor), que cercenó gran parte de las demandas del movimiento estudiantil, culminando en la presentación de una LGE, que ha sido rechazada por estudiantes, profesores e incluso parlamentarios oficialistas. Este rechazo se ha expresado por diferentes vías, tales como protestas callejeras, marchas, paros, tomas, una carta demandando una nueva ley suscrita por más de 1.300 personas (ver listado en www.yoapoyo.cl) y una consulta ciudadana donde participaron más de 103.000 personas. Todo esto en pro de reabrir el debate social en torno al tema, de presentar nuevas indicaciones e ideas, de resituar el carácter público de la educación. Nada de esto fue escuchado. Se optó por pactar un acuerdo cupular, entre cuatro paredes, desatendiendo el llamamiento ciudadano.
Eso es violento. Se anteponen los intereses de los ya viejos poderes fácticos, que no dan tregua en el control del sistema educacional y se oponen por tanto a cualquier intervención estatal o control ciudadano. La violencia se expresa no solo en la represión policial contra las manifestaciones estudiantiles y del profesorado, sino también cuando se descalifica la otredad, se desprecia las voces que expresan algo distinto a la opinión oficial. La ministra insistió en que rechazar la LGE era estar a favor de la LOCE, en circunstancias que modificar la LOCE no era materia de preocupación de la Concertación, antes de la ‘revolución pingüina’ del 2006; frente al paro de los profesores señaló que a los docentes no les importaba evaluar la calidad de la educación, responsabilizándolos directamente de los malos resultados en las pruebas estandarizadas. Con ello se pretende imponer una verdad oficial, en otras palabras construir pensamiento único. Todo lo anterior, sin reconocer los sucesivos fracasos en la implementación de una política educacional que garantice educación de calidad para todos los niños y jóvenes. No nos olvidemos que recientemente un medio de prensa nacional, denunció una serie de irregularidades en la obtención de la acreditación de la Universidad de las Américas, involucrando en ello a altas autoridades del Consejo Superior de Educación. Esto es la expresión de una crisis de proporciones incalculables, por cuanto hipoteca la credibilidad en el desarrollo educacional del país. Cuestión no menor.
No basta con llamar al diálogo y apelar a la democracia, cuando ambas cuestiones son manipuladas al arbitrio y ritmos de quienes gobiernan. El diálogo no es un mecanismo para responder de apuro a una coyuntura crítica. Si no se le utiliza como una herramienta permanente en la acción de gobierno, no resulta creíble. Los espacios de diálogo, hoy por hoy, solo se abren cuando los actores sociales lo demandan movilizándose.
Los jóvenes están llamados a soñar un mundo distinto. Así lo hicieron antes la generación del 20′, del 60′ y la del 80′. Esa rebeldía de antaño permitió que se abrieran espacios de sociabilidad y de participación, que transformaron de modo importante la sociedad chilena. Cambios cuestionados en su momento, pero que hoy se agradecen y valoran. Hoy, es la rebeldía juvenil, que no acepta la imposición de verdades oficiales, que no reconoce como legítimas a las actuales autoridades ni a la institucionalidad vigente, la que se levanta contra la violencia estatal, ya sea material o simbólica. Lo complejo, es que si el gobierno no entiende que estamos frente a una nueva ciudadanía, que rechaza seguir siendo excluida de la toma de decisiones y que busca activamente abrir canales de expresión y participación efectivos y no meramente decorativos, la situación de crisis social se hará cada vez más evidente y no bastarán los comunicados de prensa ni los fuegos artificiales para hacer parecer que aquí todo sigue normal.
Las transiciones ciudadanas son muchas veces silenciosas y generalmente emergen sorpresivamente en el espacio público. El descrédito de la llamada clase política es cada vez mayor y cuando ambas cuestiones (movilizaciones sociales en ascenso y deslegitimidad de la institucionalidad política) convergen, se puede abrir un nuevo ciclo. De ahí que lo que aquí está en juego, no es solamente un marco legal, sino un orden social y las bases que sustentan una forma de hacer política.
Por lo anterior, creemos que no estamos frente a un hecho aislado, sino frente a la expresión de rechazo a un ordenamiento cultural, social y jurídico y el deseo irrefrenable de cambiarlo.
Arena Pública, plataforma de opinión de Universidad ARCIS