Un violento desalojo policial afectó este martes a las comunidades que mantenían ocupado el sector de la Península, en Likan-Ray. Tras la acción policial, una veintena de comuneros -entre hombres, mujeres e incluso una menor de edad- fueron detenidos y trasladados hasta cuarteles policiales de Villarrica. Equipo de Azkintuwe estuvo en la zona y reporteó […]
| Un violento desalojo policial afectó este martes a las comunidades que mantenían ocupado el sector de la Península, en Likan-Ray. Tras la acción policial, una veintena de comuneros -entre hombres, mujeres e incluso una menor de edad- fueron detenidos y trasladados hasta cuarteles policiales de Villarrica. Equipo de Azkintuwe estuvo en la zona y reporteó lo sucedido. |
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«Estábamos haciendo posesión de nuestro territorio en la Península, cuando arremetieron las fuerzas especiales contra todos nosotros con una violencia desmedida, tremenda, ellos tomaron como 10 detenidos, no sabemos cuántos lesionados hay porque ellos siguen dentro allanando y persiguiendo a los demás hermanos». Las palabras de Maria Lonkopan, registradas a poco de iniciarse el operativo policial en Likan-Ray, daban cuenta de toda la brutalidad exhibida en una jornada que quedará marcada en la retina de los afectados, de los habitantes del tranquilo balneario y de los turistas que pese a la lluvia paseaban a mediodía por la playa chica del lago Calafquen.
Maria era una de las voceras de la movilización que diversas comunidades de la zona habían decidido emprender en el sector de la Península el pasado domingo, a objeto de recuperar lo que ellos consideran un «espacio sagrado» arrebatado en la década del 40′ por medio de compras fraudulentas llevadas a cabo por el propio estado chileno, tal como consignan diversos registros históricos. Según relató la vocera a Azkintuwe, decidieron ocupar la Península y cerrar su acceso al público cansados de no recibir respuestas a una demanda territorial que el Ministerio de Bienes Nacionales pareciera simplemente haber archivado.
«Por más de 14 años hemos estado dialogando con el estado, hemos hecho todas las gestiones que están dentro de lo legal, conversado con las autoridades, pero nunca el gobierno ha respondido a nuestros requerimientos, aun existiendo un convenio marco entre la CONADI y Bienes Nacionales en que se señala que habiendo una reclamación y existiendo un título de merced a favor de la comunidad, esta tierra debía ser traspasada a los mapuches. Esto no ha ocurrido y por ello hemos decidido emprender estas acciones», nos relataría Lonkopan, aun choqueada por las escenas que le había tocado observar: efectivos de Fuerzas Especiales y del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), armados hasta los dientes, arrastrando hacia los buses blindados a los detenidos.
Los comuneros, en número no superior a las 30 personas, habían bloqueado el día anterior todos los accesos a la Península, exigiendo una respuesta de las autoridades a sus reclamos. También solicitaban la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet en la zona, a quien informaron de sus peticiones en una carta remitida a La Moneda en octubre del año 2006, sin respuesta hasta la fecha. No era una petición antojadiza y rebuscada, considerando el supuesto compromiso «personal» de Bachelet con las reivindicaciones de los pueblos indígenas, manifestado en múltiples y rimbombantes discursos, y el hecho no menor de encontrarse la mandataria a escasos kilómetros de Likan-Ray. Específicamente gozando de vacaciones en su cabaña de veraneo situada a orillas del lago Caburga.
Pero no habría diálogo posible. La llegada, a eso de las 13:00 horas, de más de 200 efectivos de Fuerzas Especiales al sector de la movilización, avanzando bajo la lluvia en formación anti-disturbios y apoyados desde el lago por marinos montados en veloces botes zodiacs, convenció a todos que Bachelet no llegaría y que lo que vendría a continuación no sería otra cosa que feroz represión. Nadie se se hizo responsable en el momento de la orden de desalojo, pero más tarde y desde Temuko, el recién asumido Intendente Regional, Oscar Eltit (PPD) confirmaba que el gobierno había solicitado al Ministerio Público de Villarrica que autorizara la acción de los uniformados, un «último recurso» frente a una movilización que no dudó en calificar el intendente como un «despropósito» de las comunidades.
Paz social y orden público
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Lo último que Maria Lonkopan alcanzó a decirnos era que esperaban la llegada del oficial de Fuerzas Especiales a cargo del operativo para exigir las debidas explicaciones. «Estamos esperando al mayor Cristian Yévenez, un destacado represor de la causa mapuche, para que nos diga en qué condiciones quedarán detenidos nuestros compañeros y las razones del por qué actuaron con tanta violencia», nos dijo. Sin embargo, no alcanzaría a ver al citado oficial. En cosa de segundos y sin mediar provocación alguna o disturbio que justificara el accionar policial, tanto ella como otros dirigentes que se encontraban en las afueras del recinto fueron detenidos en el acto y subidos a los mismos buses blindados donde una docena de mapuches esperaban ya su traslado.
«En relación a la ocupación, se declara que dicha toma corresponde a un acto ilegal sobre terrenos pertenecientes al fisco de Chile. De acuerdo a lo anterior y por requerimiento expreso de la entidad administradora del recinto, la fiscalía de Villarrica ha dispuesto el desalojo de dicho predio cuya orden ha sido ejecutada por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros de la Prefectura de Cautín». La declaración de la Gobernadora de Cautín, Yolanda Pérez Pezo (DC), enviada a los medios mientras los 18 detenidos eran aun trasladados en caravana hasta la cercana ciudad de Villarrica, intentaba otorgar un barniz de legalidad a un procedimiento a todas luces irregular. Según la autoridad, el Gobierno habría agotado «todas las instancias de solución pacífica de dicho conflicto». Solo quedaba entonces «actuar con decisión», más aún tratándose de sucesos que «afectan la paz social y el orden público».
Previo paso por el Servicio de Urgencia del Hospital de Villarrica a objeto de «constatar lesiones», todos los detenidos fueron trasladados hasta la Séptima Comisaría de la citada comuna lacustre. Hasta allí también llegaron miembros de las comunidades movilizadas y miembros del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, prestos a colaborar en todo aquello que los dirigentes dispusieran. En las afueras del recinto policial y filmados desde diversos frentes por agentes policiales de civil, conversamos con Juana Curio, quien ante la repentina detención de Maria debió asumir como vocera de las comunidades y por cierto, de la veintena de sus hermanos detenidos. Con la voz entrecortada por la rabia y la emoción, Juana recalcó la justeza de la lucha que decidieron emprender.
«Llegamos a esto por cansancio. Conversamos muchas veces con el señor Daniel Ancan (Ministerio de Bienes Nacionales. N. d. R), quien solo se burlaba de nosotros. Nunca tuvimos una respuesta concreta. Esta toma se pudo haber hecho hace mucho tiempo atrás, pero decidimos dialogar, siempre dialogar. Fuimos cantidad de veces a Temuko, hablamos con los directores de CONADI, de los cuales ninguno se hizo presente acá en Likan-Ray para conocer de nuestra demanda territorial… No nos pueden decir ahora que somos intransigentes y que optamos por la violencia… aquí la violencia la han puesto las autoridades… imagínese, mas de 200 Carabineros, totalmente violentos, para apresar a 18 personas… ¿dónde esta la democracia?, ¿a dónde llega la justicia de Chile?», se pregunta la lamngen.
La vía judicial
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Siete de la tarde. La lluvia cae sobre Villarrica y solo tras insistentes gestiones de los abogados, Carabineros acepta hacer pública la lista con los nombres de los detenidos. Se informa además que todos ellos -incluido una menor de edad que según la lamngen Juana solo jugaba en el sector- serán presentados a primera hora del miércoles ante el Tribunal de Garantía de Villarrica. Pedimos una copia y transcribimos nombres, edades y cargos imputados.
Por «ocupación ilegal de terreno» serán formalizados Arsenio Llancafilo Queupumil (70 años); Manuel Chincoles Paillan (66 años); David Epulef Epulef (22 años); David Briceño Huilipan (45 años); Maria Higueras Chincoles (50 años); Arnoldo Pichumilla Lefinao (55 años); Moisés Quipainao Quipainao (23 años); Juan Punolef Añiles (52 años); Roberto Cayulef Huaiquil (22 años); Pablo Epulef Moza (23 años); Eva Calfiñir Taza (38 años); Amanda Calfiñir Calfiñir (13 años); e Iris Manosalva Vega (49 años).
Imputados por «desórdenes» en la vía pública serán los comuneros Jaime Alegría Lepian (35 años); Juan Huichiman Truy Truy (27 años); Erwin Colillanca Curin (43 años); Maria Lonkopan Reyes (50 años); Y un adulto que -hasta el cierre de esta edición- se había negado a ser identificado por Carabineros, según señalaron familiares de los detenidos. El abogado patrocinante del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Antonio Collados Sariego, asumirá la defensa de todos ellos. Es posible que le corresponda a su vez interponer los recursos correspondientes ante la Fiscalía Militar de Temuko, relativos al brutal procedimiento policial y sus responsables. A juicio de Matías Meza-Lopehandia, investigador del Observatorio y testigo de los hechos ocurridos en Likan-Ray, el desalojo solo dejaría en evidencia la decisión del gobierno para resolver por medio de la fuerza pública demandas históricas de las comunidades.
Imputados por «desórdenes» en la vía pública serán los comuneros Jaime Alegría Lepian (35 años); Juan Huichiman Truy Truy (27 años); Erwin Colillanca Curin (43 años); Maria Lonkopan Reyes (50 años); Y un adulto que -hasta el cierre de esta edición- se había negado a ser identificado por Carabineros, según señalaron familiares de los detenidos. El abogado patrocinante del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Antonio Collados Sariego, asumirá la defensa de todos ellos. Es posible que le corresponda a su vez interponer los recursos correspondientes ante la Fiscalía Militar de Temuko, relativos al brutal procedimiento policial y sus responsables. A juicio de Matías Meza-Lopehandia, investigador del Observatorio y testigo de los hechos ocurridos en Likan-Ray, el desalojo solo dejaría en evidencia la decisión del gobierno para resolver por medio de la fuerza pública demandas históricas de las comunidades.
Pese a ello o quizás precisamente por lo mismo, por la represión desmedida que caracteriza el trato de la democracia con los mapuches, Curio nos dice que la lucha continuará. «Desde aquí, afuera del cuartel policial, hago un llamado a todos los lamngenes para que se acerquen a solidarizar. La recuperación de la Península no es para una comunidad, sino para el pueblo mapuche en su conjunto, porque es un espacio sagrado, que debemos defender y recuperar», nos dice alzando la voz. Más tarde, en los noticieros regionales de televisión, otros voceros ratificarán los dichos de la dirigenta, asegurando que volverán a ocupar dicho sector, el mismo que les fue arrebatado a sus ancestros en la década del 40′ por aquella vía judicial que hoy el gobierno implementa para perseguir y encarcelar el descontento acumulado.