El gobierno de Juan Manuel Santos ha demostrado que, a veces, sí cumple con su palabra. Puede ser que el gobierno mienta cuando firma acuerdos con las organizaciones populares, que no cumpla sus compromisos con los trabajadores, que se burle de las necesidades de los más postergados. Pero cuando se trata de reprimir y meter […]
El gobierno de Juan Manuel Santos ha demostrado que, a veces, sí cumple con su palabra. Puede ser que el gobierno mienta cuando firma acuerdos con las organizaciones populares, que no cumpla sus compromisos con los trabajadores, que se burle de las necesidades de los más postergados. Pero cuando se trata de reprimir y meter plomo al pueblo, ahí sí que cumple siempre con sus amenazas. Santos prometió violencia contra quienes protestaran en las vías y ha cumplido.
En el Valle del Cauca, como en el resto del país, la represión ha sido feroz. Los campesinos denuncian que, mientras se realizaba el bloqueo de la vía San Pedro-Tulua, congregando a unos 2.800 campesinos, cafeteros, lecheros y mineros a la altura de Chambimbal, llegó la fuerza pública a disipar la manifestación con violencia desmedida. Los campesinos defendieron su espacio, hasta que se metió el ejército por las lomas que conducen a Buga, donde se encontraban fundamentalmente menores de edad, mujeres y ancianos (los jóvenes estaban ocupando la carretera). Dispararon con fusiles de asalto indiscriminadamente a los campesinos, les bombardearon con gases, con los resultados de un herido grave, herido de bala, compañero Alejandro Vargas Niño, un muchachito de 17 años (nacido en 1996), habitante del corregimiento de Venus, Tulua. También hay 40 detenidos, que fueron llevados a Buga, donde siguiendo con el proceso judicial están siendo pasados a instancias de la Fiscalía. Una situación de extrema gravedad consiste en que las personas de la comisión de derechos humanos que bajaron al herido a la ambulancia, fueron inmediatamente judicializados y capturados por la fuerza pública.
José Orlando Gómez , presidente de la junta directiva departamental de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ASTRACAVA), nos relata la situación por la cual, pese a las amenazas, los campesinos del Valle decidieron salir a protestar:
«Los diferente sectores del campo en el Valle del Cauca nos vimos forzados a usar vías de hecho para exigir nuestros derechos constitucionales, porque el campo en Colombia está olvidado, marginado… estamos exigiéndole al Estado cosas que son necesidades básicas y que se renegocien los TLCs que han perjudicado la producción agropecuaria. No estamos en condiciones de competir con países que tienen subsidios agrícolas, eso lo sabe todo el mundo. Los campesinos somos el 30% de los 47 millones de colombianos. Nosotros producimos el 53% de la comida del país y mire la importancia que nos están dando, que nos ignoran en lugar de velar por nuestra soberanía alimentaria. El 70% de las tierras de este país están en manos del 0,4% de los propietarios y no se hace nada, se habla mucho, pero no se hace nada. Nos dicen no protesten, quédense quietos, pero nuestra situación es terrible, nos obliga a tomar vías de hecho… los niveles de pobreza del campesinado en Colombia son abrumadores, de ese 30% de colombianos que somos del campo, el 56% estamos en un nivel de pobreza. Nos dicen que podemos protestar pero sin salir a la calle, pero cómo hacemos que el gobierno nos escuche, que se siente con nosotros a negociar condiciones mínimas para satisfacer necesidades básicas de vida digna. Nosotros presentamos un pliego de peticiones a las autoridades, estábamos buscando dialogar antes de recurrir a las vías de hecho, queríamos llegar a un acuerdo, pero no ha habido contestación, nos han ignorado, entonces la única medida es salir a la calle. En lugar de diálogo, tenemos como respuesta una represión feroz«.
Consultado sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la que Santos amenaza a la protesta campesina, nos dice el dirigente de ASTRACAVA que «estamos en un país donde no podemos ejercer nuestro derecho constitucional a la protesta. Se sabe que todas las reformas constitucionales hechas por Santos han sido para ejercer una fuerza desmedida contra los movimientos sociales que se vienen gestando en Colombia y que crecen, porque crece el descontento y la conciencia del pueblo«.
En estos momentos, los campesinos se encuentran refugiados en un estadio por miedo a la violencia estatal. «En el Valle«, prosigue el dirigente campesino, «nos quitan de la vía por la fuerza y el miedo, nos disparan desde los cerros, con gases, entonces por seguridad estamos resguardados en un estadio, para resguardar nuestra integridad física. La lectura de la situación es que nos ponemos en riesgo si salimos de acá hacia las vías. No queremos ser mártires, sino que tenemos que pensar con la cabeza fría, este es un evento político, y estamos dejando constancia de nuestro descontento. Tenemos que ver la manera de seguir con la presión hasta que se nos escuche«.
Por lo pronto, ya estamos al tanto que lo único que se le puede creer a Santos, son sus amenazas y sus promesas de usar la fuerza bruta contra los más vulnerables. Lo demás, son mentiras. Puras mentiras.
(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net. Autor de «Problemas e Possibilidades do Anarquismo» (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro «Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina» (Quimantú ed. 2010).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.